3 May 2017 | Pronunciamiento conjunto

Posicionamiento de la sociedad civil: 61ª Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD

La declaración conjunta fue presentada en nombre de WOLA, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), y otras organizaciones de la sociedad civil en la 61ª Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) , el 24 a 26 de abril de 2017 en Washington, D.C.

 


En los últimos años, la política de drogas en las Américas ha experimentado una evolución teórica, práctica y hasta normativa que demanda un replanteamiento profundo de las métricas con las que los gobiernos miden el progreso realizado. Como parte de esta evolución, la región ha trascendido los ejes tradicionales de control de la oferta, reducción de la demanda y cooperación internacional para incorporar en su mandato el abordaje de otras cuestiones como la reducción de la violencia y la actividad delincuencial, el combate a la corrupción, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la introducción efectiva de las perspectivas de salud pública, derechos humanos y género. Sin embargo, más allá del discurso,  el desarrollo de nuevas métricas progresa lentamente y hoy en día seguimos “evaluando” las políticas de drogas con indicadores insuficientes y erróneamente conceptualizados que, en el mejor de los casos, miden procesos o insumos y salidas sin necesariamente dar cuenta de la efectividad de los esfuerzos ni de sus impactos, deseados y no deseados, sobre los individuos y las comunidades.

Con el objetivo de contribuir a este debate, las organizaciones de la sociedad civil presentes en este diálogo compartieron tanto recomendaciones de carácter general como proyectos específicos desde donde una diversidad de actores elaboran nuevos indicadores que podrían alimentar procesos de reflexión al interior de CICAD y los Estados Miembro. Al respecto, destacaron los proyectos liderados por el Conflict Prevention and Peace Forum del Social Sciences Research Council y el International Peace Institute en Estados Unidos; el International Center for Science in Drug Policy en Canadá; el Monitor Centroamericano; el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México; y el Instituto Igarapé en Brasil, entre otros. Asimismo, compartieron la existencia de proyectos desarrollados fuera de las Américas por instituciones académicas como la Universidad de Swansea en Gales o el mismo Centro Europeo de Monitoreo sobre Drogas y Drogodependencia en Lisboa, quien próximamente publicará un ejercicio sobre ponderación de indicadores en distintas opciones de políticas de drogas.

De manera particular, la sociedad civil utilizó el diálogo Indicadores para la Política de Drogas: Midiendo el Progreso con un Enfoque en el Individuo para abordar temas clave para la determinación del éxito o fracaso de las políticas actuales como el uso del aparato de justicia criminal para la persecución de delitos de drogas, los procesos penales de investigación y sanción de la delincuencia organizada así como la atención efectiva de las comunidades expuestas a vulnerabilidades sociales. A este respecto, se señaló que muchas veces los gobiernos terminan “por alcanzar las métricas pero perder los objetivos” cuando usan indicadores aislados que nunca son puestos en contexto. Por ejemplo, se mencionó que el indicador número de personas encarceladas por delitos de drogas resultaba insuficiente y hasta engañoso para medir la efectividad de los esfuerzos de control de drogas ya que visto en solitario no dice nada sobre su impacto en los niveles de consumo o los niveles de violencia ejercida para su consecución. Lo mismo sucede en el caso de los indicadores de crimen organizado donde se sigue obviando la cooptación de las instituciones del Estado y la participación activa de actores políticos en la comisión de ilícitos relacionados con drogas pese a que su sanción debería ser un determinante fundamental del éxito o el fracaso de las políticas de drogas.

Es importante resaltar que mediante un testimonio individual sobre el impacto individual y social que puede tener el paso por instituciones penales y de tratamiento cuyos objetivos y formas de medición están desalineados, se coloca énfasis en la necesidad de replantear dicha alineación con el fin de mejorar la calidad de vida, la salud y la reinserción social de las personas con uso problemático de drogas. Es importante subrayar la importancia de la participación de una organización de usuarios de drogas; quizás por primera vez representados en la CICAD.

Adicionalmente a estos planteamientos, en el diálogo también se abordó el tema de las perspectivas transversales de género, salud pública y desarrollo y se enfatizó lo siguiente:

1) En materia de género se subrayó la importancia de un abordaje holístico, que incluya prevención y tratamiento para el uso de drogas; mujeres embarazadas; y mujeres en conflicto con la ley. Resulta necesario y urgente contar con mejores sistemas de información que permitan conocer mejor las problemáticas y necesidades específicas de mujeres y niñas así como su accesibilidad a servicios de tratamiento y alternativas al encarcelamiento. También es esencial incluir a las mujeres impactadas por las políticas de drogas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las  políticas de drogas.

2) En materia de drogas y ODS se notó que los indicadores actuales no toman en cuenta las consecuencias no deseadas de las políticas de drogas actuales. Además, se reconoció la interdependencia existente entre ambas agendas y se puso de manifiesto la necesidad de redefinir los indicadores de política de drogas que, analizados a la luz de la integralidad de la Agenda 2030, pueden minar y no potenciar las acciones gubernamentales orientadas al desarrollo. 2019 es un  año clave, ya que coinciden en la agenda de NNUU la cumbre de jefes de estado para poder evaluar lo alcanzado en relación a los ODS y por otro lado la reunión de alto nivel para revisar la declaración política y plan de acción en materia de drogas en las NNUU de 2009.

3) En relación a los indicadores de políticas de drogas y salud pública, se resaltó la necesidad de fortalecer el abanico de intervenciones reconociendo la utilidad de la reducción de daños para mejorar el desempeño de nuestros países en indicadores como prevalencia de VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles y pleno ejercicio del derecho a la salud.

Para concluir, agradecemos al gobierno de las Bahamas y el Secretariado de la CICAD por facilitar la realización del diálogo con la sociedad civil sobre Indicadores para la Política de Drogas: Midiendo el Progreso con un Enfoque en el Individuo que se llevó a cabo durante la 61 sesión de la CICAD.  En los últimos años, hemos abierto espacios importantes de colaboración que nos ha permitido desarrollar fructíferos intercambios de ideas. Sin embargo, todavía hace falta institucionalizar mecanismos formales de participación que permitan la inclusión de las voces de la sociedad civil en los distintos espacios de discusión al interior de la CICAD.

Tenemos varias ideas de cómo seguir adelante con esta tarea y proponemos un intercambio inicial con los gobiernos de las Bahamas y México,  actualmente ostentan la presidencia y vicepresidencia de la CICAD respectivamente, con la finalidad de desarrollar propuestas para lograr este fin.

Finalmente deseamos reafirmar nuestro compromiso para trabajar conjuntamente en la tarea de desarrollar mecanismos formales de participación de la sociedad civil en el ámbito de la CICAD con el propósito de lograr nuestro objetivo común: desarrollar políticas de drogas basados en la salud pública y derechos humanos, teniendo en cuenta una perspectiva de género, de esta manera, nuestros resultados serán más humanos y eficaces.

 

Género Debido Proceso y Proporcionalidad Derechos Humanos Crimen organizado y Corrupción
Uso de drogas según características socio-demográficas y tipo de sustancia Número de homicidios por cada 100,000 habitantes (desagregado por características socio-demográficas) Aplicación de estándares de Derechos Humanos en personas privadas de la libertad Número y tipo de delitos de cuello blanco, su relación con delitos más severos y debilitamiento del Estado
Número de servicios de tratamiento para mujeres y niñas / Disponibilidad de acceso con dependientes económicos Efectividad de persecución penal y proporción de procesos penales contra narcotráfico sobre procesos de posesión Aplicación efectiva de compromisos internacionales suscritos en materia de DDHH Capacidades efectivas de investigación y persecución de redes criminales y crimen organizado, Casos de crimen organizado judicializados, Casos paradigmáticos, Reducción de criminalidad por investigación efectiva.
Seguridad de espacios físicos para mujeres Número de sentencias en las que se consideró información básica como drogodependencia, edad, género, características sociales, contexto de la comisión del delito Letalidad de la fuerza pública en persecución de delitos de drogas Efectividad de mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
Acceso a servicios ginecológicos, de obstetricia y asistencia legal Porcentaje de casos con investigación diligente, cadena de custodia no comprometida, aplicación de garantías procesales y sentencias proporcionales. Porcentaje de personas con problemas (salud/legales) relacionados al consumo de drogas que acceden a servicios sociales Participación de la sociedad civil en procesos de auditoría social
Número de alternativas al encarcelamiento disponibles para mujeres acusadas de delitos de drogas Evaluación de la capacitación de los servidores públicos.

Descarga de documentos presentados en el dialogo con la sociedad civil: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_ENG.asp?IE=US00D9