WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

AP Photo/Eduardo Verdugo

23 Jul 2017 | Pronunciamiento de WOLA

Pronunciamiento de WOLA sobre la violencia en contra de periodistas y defensores de DDHH en México

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) expresa su gran preocupación debido al peligroso recrudecimiento de la violencia y ataques armados y violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. La escala de estos ataques revela un alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país, así como un gravísimo despliegue de violencia en su contra. Solamente en el año 2017 se han registrado al menos los siguientes ataques armados, violentos y homicidios de periodistas y defensores:

  • 15 de enero: Homicidio del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro López en el estado de Chihuahua. Baldenegro López era un líder del pueblo rarámuri y un defensor ambientalista. Ganó el Goldman Environmental Prize en 2005.
  • 1 de febrero: Homicidio del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos en el estado de Chihuahua. Ontiveros Ramos era un defensor ambientalista y de derechos los indígenas y también un líder del pueblo rarámuri.
  • 11 de febrero: Un informe del centro de investigación de tecnología y derechos humanos Citizen Lab reveló que programas de vigilancia de nivel gubernamental fue utilizado contra defensores de la salud pública de alto perfil en favor del impuesto de soda en México. Debido a la falta de respuesta del gobierno mexicano, el 23 de mayo, un grupo de diez ONGs que trabajando con las autoridades en la Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa para incrementar la transparencia y combatir la corrupción, anunciaron su decisión de terminar su participación en la iniciativa.
  • 20 de febrero: Homicidio del cronista deportivo Carlos Alberto García Martínez en el estado de Colima. García Martínez trabajaba con la radio K Buena.
  • 2 de marzo: Homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto en el estado de Guerrero. El señor Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal.
  • 5 de marzo: Agresión en contra de Santiago Ambrosio Hernández, presidente del “Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán”. El 21 de marzo hubo un ataque armado en contra de otro defensor de derechos humanos para el caso Nochixtlan.
  • 19 de marzo: Homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera en el estado de Veracruz. El señor Monlui era director del medio impreso El Político, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y columnista.
  • 22 de marzo: Ataque armado en contra de la defensora de derechos humanos Alma Barraza y de su escolta en el estado de Sinaloa, que lamentablemente resultó en la muerte de su escolta. La señora Barraza es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
  • 23 de marzo: Homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea en el estado de Chihuahua. La señora Breach colaboraba con los periódicos La Jornada y Norte de Ciudad Juárez(El 2 de abril, Norte de Ciudad Juárez anunció su cierre por problemas de seguridad, entre otras razones).
  • 28 de marzo: Ataque contra el periodista Julio Omar Gómez en el estado de Baja California Sur que resultó en la muerte de su escolta. Gómez publica noticias sobre el crimen en 911 Noticias, una página de noticias en Facebook. Gómez es beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • 29 de marzo: Ataque armado en contra del periodista Armando Arrieta Granados en el estado de Veracruz. Arrieta es el jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica.
  • 29 de marzo: Tres periodistas de la televisora Al Jazeera que reportan sobre la violencia en el estado de Sinaloa fueron amenazados y privados de la libertad temporalmente por presuntos miembros de un grupo de crimen organizado, quienes también robaron su vehículo y equipo.
  • 3 de abril: Individuos no identificados saquearon las oficinas del portal de noticias Acapulco News en el estado de Guerrero.
  • 3 de abril: Individuos no identificados ingresaron a las oficinas de Causa en Común, una organización de derechos humanos con sede en la Ciudad de México, y robaron equipo de cómputo. La organización declaró que cree que fue un acto de amedrentamiento o un robo de información.
  • 8 de abril: Asesinato del defensor de derechos humanos José Alberto Toledo Villalobos en el estado de Oaxaca. Toledo Villalobos era defensor de la tierra y activista opositor a la minería y las altas tarifas de energía eléctrica en la zona. Era miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil.
  • 13 de abril: Privación ilegal de la libertad de Hugo Castro, ciudadano estadounidense y defensor de derechos humanos, cerca de la Ciudad de México. Antes de su desaparición, Castro transmitió un video en Facebook explicando que estaba siendo amenazado por un grupo de crimen organizado. Castro fue encontrado herido pero vivo en el Estado de México el 18 de abril. Castro trabaja con Border Angels, una organización que defiende los derechos de migrantes, en San Diego y Tijuana.
  • 14 de abril: Homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios en el estado de Baja California Sur. Rodríguez era reportero de nota roja para el blog Colectivo Pericú.
  • 29 de abril: Homicidio del periodista y locutor Filiberto Álvarez Landeros en el estado de Morelos. Álvarez colaboraba con la estación de radio La Señal y fue asesinado a balazos después de salir de la estación.
  • 6 de mayo: Allanamiento del domicilio del periodista Genaro Lozano en la Ciudad de México. Lozano es conductor de Foro TV y columnista del periódico Reforma. Recibió amenazas de usuarios de Twitter adjudicándose el allanamiento despues de denunciar los hechos en la red social.
  • 10 de mayo: Homicidio de la defensora de derechos humanos Miriam Rodríguez Martínez en el estado de Tamaulipas. Rodríguez Martínez era una líder y fundadora del Colectivo de Desaparecidos y la madre de una hija desaparecida. Fue asesinada el Día de las Madres en México.
  • 13 de mayo: Siete periodistas de diversos medios nacionales e internacionales fueron atacados y amenazados por un grupo de hombres armados en el estado de Guerrero. Los hombres armados amenazaron con quemar a los periodistas vivos y robaron su vehículo, equipo de trabajo, teléfonos celulares y documentos personales. Los periodistas estaban en Guerrero para cubrir una reciente operación policial en el estado.
  • 15 de mayo: Homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas en el estado de Sinaloa. Valdez Cárdenas era un reconocido periodista quien recibió varios premios. Fundó el medio local Semanario Ríodoce y también trabajaba como corresponsal para La Jornada. Recientemente había publicado el libro Narcoperiodismo, que narra el trabajo de los periodistas para cubrir el crimen y el narcotráfico en México.
  • 15 de mayo: Ataque contra Sonia Córdova en el estado de Jalisco. Su hijo de 26 años murió en el ataque; Córdova permanece en el hospital. Ella es la subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán; su marido es el dueño del semanario.
  • 16 de mayo: Amenazas de muerte contra el periodista Juan Manuel Partida Valdez en el estado de Sinaloa. Partida Valdez es presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa y había ayudado a las autoridades en la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas el 15 de mayo.
  • 16 de mayo: El ex gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, ha presentado denuncias por difamación y calumnia contra Reforma, un medio de comunicación nacional, y Vanguardia, un medio español, por informar sobre cuentas bancarias offshore conectadas con Moreira y su familia. En enero de 2016, Moreira fue detenido en España por sospecha de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y mal uso de los fondos públicos; fue puesto en libertad por falta de pruebas.
  • 17 de mayo: Asalto violento en contra del periodista Marco Tulio Docastella Cuenca, editor de la revista Docastella Magazine, en el estado de Guerrero. Dos individuos—uno uniformado—lo golpearon, y después tomaron su vehículo.
  • 18 de mayo: Homicidio del periodista Salvador Adame Pardo en el estado de Michoacán. Fue reportado como desaparecido el pasado 18 de mayo. El 26 de junio autoridades estatales anunciaron que habían hallado los restos carbonizados de Adame Pardo. Era el director de una estación de televisión local. La asociación de periodistas ha criticado al por su alcance de investigación y por criminalizar a Adame Pardo.
  • 20 de mayo: Homicidio de los defensores derechos humanos Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín Vázquez Torres en el estado de Jalisco. Los hermanos eran líderes y organizadores en la comunidad indígena huichol y defensores de tierras sagradas. Miguel había servido como presidente de un comisariado de la comunidad que ganó litigios en septiembre de 2016 y recuperó tierras indígenas.
  • 21 de mayo: Desaparición de al menos 80 indígenas jornaleros en el estado de Chihuahua. Los trabajadores habían presentado una denuncia de explotación laboral por parte del empleador del rancho.
  • 21 de mayo: Allanamiento de las instalaciones de Comunicación e Información SA, empresa editora de la revista Proceso, en la Ciudad de México. En los últimos años, Proceso y sus colaboradores han sido el objeto de amenazas y agresiones, incluyendo los asesinatos de Regina Martínez en el 2012 y Rubén Espinosa en el 2015.
  • 22 de mayo: Un grupo de periodistas en el estado de Chihuahua fueron víctimas de amenazas e intimidación por parte de la policía local en Aquiles Serdán. Los periodistas intentaron dar cobertura a presuntos abusos por las autoridades después de un accidente vial. Elementos de la policía intentaron quitarles sus teléfonos celulares y equipo de grabación, tomaron fotos de los periodistas y amenazaron que los iban a cazar.
  • 23 de mayo: Homicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Huet Gómez en el estado de Chiapas. Huet Gómez era una líder en la comunidad indígena tzotzil y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México solicitó que el gobierno de Chiapas emita medidas de protección para la familia de Huet Gómez.
  • 24 de mayo: A un periodista del diario nacional La Jornada se le negó el acceso a una ceremonia organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Jornada informó que Sedena ha excluido el medio de comunicación de eventos de este año y lo considera un intento de censura.
  • 3 de junio: Ataque armado en contra de la locutora de radio y activista indígena Marcela de Jesús Natalia en el estado de Guerrero. El atentado ocurrió afuera de las instalaciones radiofónicas desde donde promueve la cultura e identidad indígena. De Jesús Natalia también es expresidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Xochistlahuaca. Docenas de periodistas de Guerrero firmaron una carta abierta dirigida a la Fiscalía General del Estado, condenando el ataque contra la conductora y exigiendo una investigación profunda. El estado de salud de De Jesús Natalia se reporta como grave.
  • 5 de junio: El periodista José Nava Mosso ha sido demandado por reparación de daño después de haber grabado y publicado un video del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, detenido por la policía en estado de ebriedad. Nava Mosso se retiró de una larga audiencia denunciando actos de intimidación en su contra y trato especial hacía el magistrado.
  • 6 de junio: Intimidación y amenazas en contra del periodista Leonardo Martínez Peralta en el estado de Guerrero. El periodista y expresidente de la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo denuncia que tres policías uniformados le apuntaron sus rifles, exigiendo que borrara las fotos que había tomado mientras cubría una persecución a balazos y detención de un presunto delincuente.
  • 8 y 9 de junio: Hostigamiento en contra del periodista Ezequiel Flores Contreras en el estado de Guerrero. Flores Contreras es un corresponsal del Proceso quien da cobertura principalmente a los temas de corrupción, narcopolítica, conflictos sociales y derechos humanos en Guerrero. El reportero es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal y solicitó su apoyo y protección. Sin embargo, debido a la falta de coordinación y comunicación efectiva entre el Mecanismo y los elementos de la Policía Federal en el estado, las autoridades tardaron dos horas en resguardar a Flores Contreras y no cumplieron con su compromiso de mantener vigilancia afuera de su casa.
  • 12 de junio: Amenazas y hostigamiento en contra de la Casa del Migrante Pueblo Sin Fronteras en el estado de Sonora. El albergue informa que individuos del crimen organizado han amenazado directamente a personas relacionadas con el albergue y exigieron el cierre del mismo. Organizaciones y defensores de derechos humanos pidieron una reunión urgente con la gobernadora del estado para buscar una solución inmediata a la situación de inseguridad del albergue.
  • 19 de junio: The New York Times informó sobre el uso de un programa de espionaje adquirido por el gobierno en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Destacados periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han sido afectados por software que el gobierno mexicano adquirió con la condición de que sólo se usen para investigar criminales y terroristas. El software se infiltra en los teléfonos inteligentes a través de un enlace malicioso enviado en un mensaje de texto. Permite a los perpetradores monitorear toda la actividad del teléfono, incluyendo llamadas, correos electrónicos y textos. Los blancos del espionaje incluyen abogados de la organización de derechos humanos Centro Prodh, que acompaña a las víctimas del caso de Ayotzinapa y otros casos de alto perfil. La periodista reconocida a nivel nacional Carmen Aristegui, quien reveló el escándalo de la casa blanca, también fue objeto del espionaje. De acuerdo con revelaciones hechas públicas el 10 de julio, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que daban asistencia técnica al gobierno mexicano para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Guerrero, también habrían sido sujetos a estas formas de espionaje. El presidente Enrique Peña Nieto ha rechazado todo acuso de transgresión gubernamental. Las víctimas de la vigilancia, organizaciones mexicanas e internacionales, integrantes de la CIDH, y un grupo de expertos de las Naciones Unidas están pidiendo una investigación transparente, independiente e imparcial.
  • On July 10, it was revealed that members of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)—which was formed by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to provide technical assistance to the Mexican government in the investigation of the enforced disappearance of 43 students in Guerrero—were also subject to this illegal surveillance. Mexican President Enrique Peña Nieto has denied all allegations of government wrongdoing. Victims of the surveillance, Mexican and international civil society organizations, members of the IACHR, and a group of United Nations experts are calling for a transparent, independent and impartial investigation.
  • 22 de junio: Amenazas en contra del periodista David Fuentes en la Ciudad de México. Fuentes es un reportero para El Universal y ha ayudado a las autoridades en la investigación de la venta de drogas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
  • 23 de junio: Amenazas de muerte y hostigamiento en contra de la periodista Sanjuana Martínez en el estado de Nuevo León. Martínez es una colaboradora de La Jornada, Proceso y Sin Embargo y ha escrito sobre los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado al gobierno neoleonés emitir medidas de protección para la periodista.
  • 9 de julio: Homicidio del camarógrafo hondureño Edwin Rivera Paz en el estado de Veracruz. Rivera trabajaba para Igor Padilla, un periodista que reportaba sobre el crimen, asesinado en Honduras en enero de este año. Rivera huyó de Honduras tras el asesinato de Padilla y solicitó la condición de refugiado en México.

Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable, pero es especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios. En 16 de estos casos los ataques lastimosamente resultaron en la muerte del periodista o defensor: Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Carlos Alberto García Martínez, Cecilio Pineda Birto, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea, Maximino Rodríguez Palacios, Filiberto Álvarez Landeros, José Alberto Toledo Villalobos, Miriam Rodríguez Martínez, Javier Valdez Cárdenas, Agustín Vázquez Torres, Miguel Vázquez Torres y Guadalupe Huet Gómez, Salvador Adame Pardo, y Edwin Rivera Paz.

En México ya existen mecanismos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos. Pero los recientes casos demuestran que hasta el momento dichos mecanismos no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección. La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos: al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados.

La confianza de los defensores y periodistas en México no se gana con promesas, sino con resultados: con más libertad y mejores condiciones para ejercer su labor, con la reducción progresiva de amenazas y ataques y con justicia por delitos en su contra. Existen múltiples diagnósticos sobre lo que el gobierno mexicano debe implementar para mejorar los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo varios análisis hechos por WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y es responsabilidad de las autoridades mexicanas en su conjunto (incluyendo autoridades federales y locales) garantizar la integridad y seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Las autoridades mexicanas deben implementar acciones inmediatas para que ataques armados como los registrados en los primeros meses del año ya no se repitan. Entre las primeras acciones se encuentra enviar un mensaje público y contundente que reconozca expresamente la importancia y valor del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminarán en impunidad.

También es importante visibilizar el contexto geográfico, así como el valor periodístico y de defensa de derechos humanos de quienes recientemente han sido víctimas de ataques. Muchos de los estados donde se han registrado los recientes ataques presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada (incluyendo casos de colusión entre grupos criminales y autoridades), desplazamiento interno y violaciones a los derechos humanos.

Los periodistas y defensores recientemente atacados han denunciado e informado sobre muchos de estos temas. Además, en estos estados existen antecedentes de represión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y de la población en general que no han sido investigados ni sancionados. Aún en estos contextos tan hostiles y peligrosos, los periodistas y defensores ejercen una importante labor social de documentación, denuncia e informativa.

Ante las circunstancias actuales el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones. Urgen compromisos concretos de las autoridades mexicanas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y justicia para las agresiones en su contra.

 

 

* Nota: Esta declaración fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2017. Fue actualizada el 23 de julio de 2017 para incluir casos adicionales de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.