Washington, DC—La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) reconoce la decisión de la Corte Suprema de Guatemala de admitir el trámite de antejuicio contra el Presidente Jimmy Morales por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito como un ejercicio objetivo e imparcial. A su vez, WOLA hace un llamado al Congreso guatemalteco para que actúe con imparcialidad y a favor del Estado de derecho.
“El Congreso se encuentra en un momento histórico—los y las congresistas deberían actuar con independencia. El congreso debe asumir su responsabilidad de velar por el bien común y de hacerle frente a la corrupción e impunidad en el país”, señaló Adriana Beltrán, coordinadora principal en WOLA para el programa de seguridad ciudadana.
La decisión del presidente Jimmy Morales de declarar como persona “non grata” a Iván Velázquez fue condenada a nivel nacional e internacional. Después de esta decisión, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reiteró su apoyo a la CICIG y al trabajo del Comisionado Velásquez en un comunicado.
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Adicionalmente, la asistencia estadounidense a Guatemala está condicionada en la cooperación de las autoridades guatemaltecas con la CICIG y su voluntad política para combatir la corrupción e impunidad. Varios miembros del Congreso estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han declarado públicamente su firme apoyo al Comisionado, los esfuerzos de la CICIG y el Ministerio Público, y lo decisivo de este momento en determinar su opinión sobre los esfuerzos del país en el combate a la corrupción. En una carta al Secretario de Estado, Rex Tillerson y a la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de la ONU, Nikki Haley, los Senadores Ben Cardin y Tim Kaine, demócratas y miembros del Comité de Relaciones Exteriores, y el senador James Lankford, republicano y miembro de los comités de Asignaciones Presupuestarias, Inteligencia y Seguridad Nacional, recordaron que el Departamento del Estado puede retener el 50 por ciento de la asistencia financiera si el gobierno guatemalteco no están tomando medidas para enfrentar el problema de la corrupción.
“En particular, la Sección 7045 (4) (B) (vii) de la Ley establece la necesidad de ‘cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad’. Les pedimos tomar esto en consideración al iniciar el proceso de certificación del Departamento de Estado”.
“Esta es una prueba de fuego. Está ahora en manos del Congreso de Guatemala en actuar en pos del Estado de derecho. El Congreso estadounidense estará atento para evaluar si existe la voluntad política en el país para hacerle frente a la corrupción e impunidad”, concluye Beltrán.
Según el cronograma se espera que la Comisión pesquisidora del Congreso de Guatemala presente hoy su recomendación sobre si se debería o no retirarle la inmunidad al Presidente Morales.
