20 Oct 2017 | Comunicado de prensa

Carta del senado estadounidense muestra el compromiso del congreso de extender el estatus migratorio conocido como ‘TPS’ para los salvadoreños y hondureños

Washington, DC — Ayer, 22 senadores estadounidenses enviaron una carta pidiendo al  Secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, extender la designación de TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglos en inglés) para los países de El Salvador y Honduras. El TPS permite a personas de estas ciudadanías permanecer en Estados Unidos legalmente bajo la premisa de que las actuales condiciones de seguridad en estos países no son aptas para su regreso. La petición fue encabezada por el senador Ben Cardin de Maryland, quien es el miembro minoritario de más alto rango del comité de relaciones exteriores, y el senador Chris Van Hollen de Maryland.

La carta muestra la urgencia de sectores del Congreso y de las comunidades inmigrantes y activistas para extender el TPS”, dijo Geoff Thale, Director de Programas para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

WOLA continuará trabajando incesantemente para asegurar la extensión del TPS antes de su expiración. Si no es renovado, el TPS expirará el 5 de enero y el 9 de marzo de 2018 para Honduras y El Salvador, respectivamente.

Por sus intereses, WOLA ha traducido la carta:  

“Estimado Secretario Tillerson y Secretaria Interina Duke:

Les escribimos para urgirles a extender las Designaciones de Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para Honduras y El Salvador, que vencen en enero y marzo del próximo año, respectivamente.

Actualmente, aproximadamente 200,000 salvadoreños y aproximadamente 61,000 hondureños viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos como recipientes de TPS. Estas personas están registradas con DHS con datos biométricos archivados. Los beneficiarios de TPS están haciendo valiosas contribuciones a la economía de los Estados Unidos, con tasas de participación laboral de 81 por ciento para los salvadoreños de 16 años en adelante y 85 por ciento para los hondureños de 16 años en adelante. Los beneficiarios aportan más de $648 millones de dólares anuales a el programa de Seguridad Social y Medicare. Además, los beneficiarios salvadoreños y hondureños, que son trabajadores legalmente sancionados, brindan un apoyo importante a la industria de la construcción de los Estados Unidos, y estas personas trabajadoras serán contribuidores esenciales a los esfuerzos de reconstrucción después de los huracanes Harvey e Irma.

Al considerar la extensión de las designaciones de TPS para El Salvador y Honduras, les pedimos considerar las condiciones únicas de cada país que proporcionan una base clara para la extensión de TPS de acuerdo con la ley. En El Salvador y Honduras, las crisis agudas inicialmente planteadas por los desastres naturales han tenido efectos duraderos, que han sido exacerbadas por los desafíos ambientales, económicos, y de seguridad subsiguientes. Los esfuerzos continúan para reconstruir la infraestructura y proporcionar servicios confiables a estas poblaciones, pero estos esfuerzos se ven obstaculizados por recursos limitados y altos niveles de violencia e inseguridad. Ambos países sufren algunas de las tasas más altas de homicidios y violencia sexual en el mundo. En 2016, el pueblo de El Salvador registró más de 5,200 homicidios, una tasa alarmante de más de 80 por cada 100,000 personas y la más alta a nivel mundial. En el caso de Honduras, la alta prevalencia de crímenes violentos se complica aún más por el débil estado de la ley y el hecho de que alrededor del 95 por ciento de los delitos criminales terminan en impunidad.

Estas estadísticas preocupantes de seguridad se ven agravadas por el hecho de que el 66 por ciento de la población hondureña y el 31 por ciento de la población salvadoreña vive por debajo de la línea de pobreza, según los datos más recientes del Banco Mundial. Además, en 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que, debido a una sequía histórica en la región, alrededor de 1,5 millones de personas en Honduras y El Salvador necesitan asistencia humanitaria. Sin duda, ninguno de los dos países tiene la capacidad y los recursos para absorber de manera segura el regreso de las decenas de miles de sus nacionales que se encuentran actualmente en los Estados Unidos bajo el TPS.

Finalmente, es importante considerar toda la gama de consecuencias si la designación de TPS para El Salvador y Honduras no se extiende. En los Estados Unidos, perderíamos decenas de miles de miembros productivos de nuestra fuerza de trabajo quienes contribuyen a nuestro crecimiento económico, pagan su parte de impuestos, y hacen valiosas contribuciones a sectores claves de la economía de los Estados Unidos. Innumerables familias en El Salvador y Honduras perderían la línea de vida económica de la que dependen a través de las remesas de familiares que trabajan legalmente en los Estados Unidos. El regreso de más de 250,000 individuos a Honduras y El Salvador también tendría consecuencias desestabilizadoras, forzando esfuerzos de recuperación y exacerbando los desafíos existentes para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenido.

Desde 2014, el Gobierno de los Estados Unidos ha ampliado considerablemente su compromiso con el Triángulo del Norte de Centroamérica, en el que se encuentran El Salvador y Honduras, para abordar los factores subyacentes que impulsan la inmigración irregular en la región. En un momento en que los Estados Unidos está invirtiendo  en la seguridad, estabilidad, y prosperidad en Centroamérica a través de asistencia extranjera y participación diplomática, la decisión de no renovar la designación de TPS para estos dos países socavaría los objetivos estratégicos que buscamos alcanzar en América Central.

Gracias por su consideración de este importante asunto, y esperamos con interés su respuesta.

Cordialmente,

Ben Cardin (D-MD)

Chris Van Hollen (D-MD)

Tim Kaine (D-VA), Elizabeth Warren (D-MA), Edward J. Markey (D-MA), Al Franken (D-MN), Robert Menendez (D-NJ), Catherine Cortez Masto (D-NV), Kirsten Gillibrand (D-NY), Dianne Feinstein (D-CA), Richard Blumenthal (D-CT), Sherrod Brown (D-OH), Michael F. Bennet (D-CO), Kamala D. Harris (D-CA), Cory A. Booker (D-NJ), Christopher A. Coons (D-CT), Patrick Leahy (D-VT), Patty Murray (D-WA), Bernard Sanders (I-VT), Mark R. Warner (D-VA), Charles E. Schumer (D-NY) and Richard J. Durbin (D-IL).”