18 Oct 2017 | Comunicado de prensa

Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes piden el uso de la “Ley Global Magnitsky” y prohibiciones de visa para los guatemaltecos involucrados en corrupción

Washington, DC—  Ayer, líderes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara emitieron una carta pidiendo al Secretario de Estado Rex Tillerson hacer uso de su autoridad bajo la “Ley Global Magnitsky” y prohíba visas para individuos guatemaltecos “cometiendo o facilitando actos de corrupción”. La carta también insta al Departamento de Estado a frenar la asistencia al gobierno de Guatemala hasta que “se vean mejoras significativas”.

La carta fue emitida en respuesta a los recientes intentos de socavar los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, incluyendo la decisión del presidente Morales de declarar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, persona non grata. Desde 2015, la CICIG y la Fiscalía General de Guatemala han investigado múltiples casos de corrupción que involucran a funcionarios de gobierno, políticos, militares, policías y miembros del sector privado, los cuales han revelado el nivel y grado de la corrupción en el país.

En la carta, el presidente del comité Ed Royce (Republicano de California) y el miembro minoritario de más alto rango Eliot Engel (Demócrata de Nueva York) fundamentan su solicitud de imponer sanciones entre varias acciones en las medidas adoptadas tomadas por el Congreso de Guatemala que buscaban limitar las sanciones por financiamiento electoral ilícito entre otras actividades ilegales. La carta dice: “Afortunadamente, la corte Constitucional de Guatemala actuó con rapidez para suspender la legislación, pero el daño ya se ha hecho”.

“El Congreso estadounidense ha sido un fuerte aliado de la CICIG, la Fiscalía General y la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Congreso continuará denunciando las medidas que buscan debilitar estos esfuerzos y continuarán asegurando que la ayuda estadounidense apoye únicamente a aquellos gobiernos que demuestran un fuerte compromiso por fortalecer el Estado de derecho”, dijo Adriana Beltrán, Directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

Aprobado en el 2016, la Ley Magnitsky autoriza al Ejecutivo sancionar o revocar visas e imponer sanciones a individuos responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos o actos grandes de corrupción, incluyendo “la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, corrupción en contratos gubernamentales o extracción de recursos naturales, cohecho o la protección en el extranjero de ganancias obtenidas ilícitamente”.

En el 2015, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda de $750 millones para ayudar a la región responder a los altos niveles de inseguridad, la débil gobernabilidad y la pobreza. A principios de este año aprobaron $605 millones adicionales y actualmente están discutiendo fondos adicionales. “La carta es otro ejemplo más de que el combate a la corrupción e impunidad son prioridades para Miembros Republicanos y Demócratas en el Congreso”, dijo Beltrán.  

 

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