AP Photo/Eric Gay
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El Congreso y el Presidente deben aprovechar este momento para discutir seriamente las reformas que pongan fin a la disfuncionalidad de la Procuraduría General de la República y para asegurar que el primer Fiscal General se designe mediante un mecanismo transparente, público y de acuerdo a estándares de Derecho Internacional.
Washington, DC—El día de ayer, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade—el tercero nombrado en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto—presentó su renuncia a menos de un año de haber asumido el cargo. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), este elevado nivel de rotación del titular de la PGR es sintomático de la gran inestabilidad en el sistema de justicia mexicano y muestra la urgencia de reformar a fondo la Procuraduría de un país donde el 98% de los delitos no se castigan.
Actualmente se discuten en el Congreso mexicano varias reformas legales para plasmar el mandato constitucional de una Fiscalía General autónoma en México, separada del poder Ejecutivo. La creación de una Fiscalía autónoma es esencial para mejorar la investigación de delitos, para asegurar que el Fiscal se designe en forma transparente—con base en sus méritos y capacidades—y para que la Fiscalía sea menos permeable a la influencia política del Ejecutivo.
La discusión de la Fiscalía en México no debe reducirse a una negociación entre partidos políticos sobre quién designará al siguiente Procurador o al primer Fiscal General. Las autoridades mexicanas deben enfocarse en resolver el hecho de que, durante décadas, la PGR ha sido incapaz de enfrentar la criminalidad y de impedir que la crisis de violencia escale en el país. También deben dejar atrás la idea de que la renuncia de funcionarios resuelve por sí misma la situación de violencia e impunidad de México, pues los hechos muestran lo contrario: el gobierno mexicano solo ha reportado seis sentencias condenatorias a nivel federal por desapariciones forzadas en México y muchos de estos casos se refieren a incidentes ocurridos antes de 2007. Después de tres años de investigación de la PGR, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero aún no ha sido establecido y no existe una investigación a fondo de las alegaciones de obstrucción de justicia por parte de funcionarios de la PGR involucrados en el caso.
En ese contexto, y teniendo en cuenta el papel fundamental de la PGR y de la futura Fiscalía para el combate a la impunidad, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación frente a la posible aprobación de la ley orgánica de la nueva Fiscalía sin que haya existido un debate de fondo, inclusivo y abierto respecto de su contenido; y frente a la posible designación de un nuevo Procurador sin tomar en cuenta la importancia de este nombramiento para la justicia del país y para la nueva Fiscalía. De igual manera, exhortamos a que el dictamen ciudadano presentado por el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva sea un insumo para este debate.
Finalmente, exhortamos al Presidente Peña Nieto a realizar una elección de un nuevo candidato a la PGR en forma transparente, sustentada en el mérito y las capacidades, y que enfatice la independencia y ausencia de conflictos de interés y también llamamos al Senado mexicano, para que sea un contrapeso efectivo en el mecanismo de designación, realizando una evaluación objetiva del perfil del candidato que le sea propuesto.
México debe aprovechar esta oportunidad histórica para construir una institución, autónoma, independiente y eficaz, que pueda hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
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