WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

AP Photo/Eduardo Verdugo

27 Nov 2017 | Pronunciamiento de WOLA

Pronunciamiento de WOLA sobre la violencia en contra de periodistas y defensores de DDHH en México

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) expresa su gran preocupación debido al peligroso recrudecimiento de la violencia y ataques armados y violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. La escala de estos ataques revela un alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país, así como un gravísimo despliegue de violencia en su contra. Solamente en el año 2017 se han registrado al menos los siguientes ataques armados, violentos y homicidios de periodistas y defensores:

  • 15 de enero: Homicidio del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro López en el estado de Chihuahua. Baldenegro López era un líder del pueblo rarámuri y un defensor ambientalista. Ganó el Goldman Environmental Prize en 2005.
  • 1 de febrero: Homicidio del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos en el estado de Chihuahua. Ontiveros Ramos era un defensor ambientalista y de derechos indígenas y también un líder del pueblo rarámuri.
  • 11 de febrero: Un informe del centro de investigación de tecnología y derechos humanos Citizen Lab reveló que programas de vigilancia de nivel gubernamental fueron utilizados contra defensores de la salud pública de alto perfil en favor del impuesto de soda en México. Debido a la falta de respuesta del gobierno mexicano, el 23 de mayo, un grupo de diez ONGs que trabajan con las autoridades en la Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa para incrementar la transparencia y combatir la corrupción, anunciaron su decisión de terminar su participación en la iniciativa.
  • 20 de febrero: Homicidio del cronista deportivo Carlos Alberto García Martínez en el estado de Colima. García Martínez trabajaba con la estación de radio K Buena.
  • 2 de marzo: Homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto en el estado de Guerrero. El Señor Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal.
  • 5 de marzo: Ataque en contra de Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán. Además, una de nuestras contrapartes nos informó que el 21 de marzo hubo un ataque armado en contra de otro defensor de derechos humanos para el caso Nochixtlan.
  • 19 de marzo: Homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera en el estado de Veracruz. El señor Monlui era director del medio impreso El Político, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y columnista.
  • 22 de marzo: Ataque armado en contra de la defensora de derechos humanos Alma Barraza en el estado de Sinaloa, que resultó en la muerte de su escolta. La señora Barraza es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
  • 23 de marzo: Homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea en el estado de Chihuahua. La señora Breach fue colaboradora de La Jornada y del periódico Norte de Ciudad Juárez(El 2 de abril, Norte de Ciudad Juárez anunció su cierre por problemas de seguridad, entre otras razones).
  • 28 de marzo: Ataque contra el periodista Julio Omar Gómez en el estado de Baja California Sur que resultó en la muerte de su escolta. Gómez publica noticias sobre el crimen en 911 Noticias, una página de noticias en Facebook. Gómez es beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • 29 de marzo: Ataque armado en contra del periodista Armando Arrieta Granados en el estado de Veracruz. Arrieta es editor jefe del diario La Opinión de Poza Rica.
  • 29 de marzo: Tres periodistas de la televisora Al Jazeera que reportan sobre la violencia en el estado de Sinaloa fueron amenazados y privados de la libertad temporalmente por presuntos miembros de un grupo de crimen organizado, quienes también robaron su vehículo y equipo.
  • 3 de abril: Individuos no identificados irrumpieron en las oficinas del portal de noticias Acapulco News en el estado de Guerrero y robaron su equipo.
  • 3 de abril: Individuos no identificados ingresaron a las oficinas de Causa en Común, una organización de derechos humanos con sede en la Ciudad de México, y robaron equipo de cómputo. La organización declaró que cree que fue un acto de intimidation o un intento de robo de información.
  • 8 de abril: Homicidio del defensor de derechos humanos José Alberto Toledo Villalobos en el estado de Oaxaca. Toledo Villalobos era defensor de derechos a la tierra y activista opositor a la minería y las altas tarifas de energía eléctrica en la zona. Era miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil.
  • 13 de abril: Secuestro de Hugo Castro, ciudadano estadounidense y defensor de derechos humanos, cerca de la Ciudad de México. Antes de su desaparición, Castro transmitió un video en Facebook explicando que había recibido amenazas por un grupo de crimen organizado. Castro fue encontrado herido pero vivo en el Estado de México el 18 de abril. Castro trabaja con Border Angels, una organización que defiende los derechos de migrantes, en San Diego y Tijuana.
  • 14 de abril: Homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios en el estado de Baja California Sur. Rodríguez era reportero de nota roja del blog Colectivo Pericú.
  • 29 de abril: Homicidio del periodista y locutor Filiberto Álvarez Landeros en el estado de Morelos. Álvarez es colaborador de la estación de radio La Señal y fue asesinado a balazos después de salir de la estación.
  • 7 de mayo: Allanamiento del domicilio del periodista Genaro Lozano en la Ciudad de México. Lozano es conductor de Foro TV y columnista del periódico Reforma. Después de denunciar los hechos en Twitter, recibió amenazas de usuarios de la red social adjudicándose el allanamiento.
  • 10 de mayo: Homicidio de la defensora de derechos humanos y madre de una menor desparecida Miriam Rodríguez Martínez en el estado de Tamaulipas, la entidad federativa con mayor número de personas desaparecidas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Rodríguez Martínez era líder y fundadora del Colectivo de Desaparecidos, un grupo de familias que se han dedicado a buscar a sus seres queridos desaparecidos debido a la falta de respuesta del gobierno. Miriam fue asesinada el Día de las Madres en México. La hija de Miriam, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, fue secuestrada y desparecida por un grupo delincuencial en 2012. Dos años después, Miriam dio con el paradero del cuerpo de Karen en una fosa clandestina y entregó información para la captura de los responsables. El 15 de octubre de este año, uno de los presuntos autores materiales involucrados en el homicidio de Miriam—Antonio Alvarado López, alias “El Alushe”—murió al enfrentarse con elementos de las fuerzas armadas mexicanas.
  • 13 de mayo: Siete periodistas de diversos medios nacionales e internacionales fueron atacados y amenazados por un grupo de hombres armados en el estado de Guerrero. Los hombres armados amenazaron con quemar a los periodistas vivos y robaron su vehículo, equipo de trabajo, celulares y documentos personales. Los periodistas estaban en camino a cubrir una reciente operación policial en el estado.
  • 15 de mayo: Homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas en el estado de Sinaloa. Valdez Cárdenas era un reconocido periodista quien recibió varios premios. Fundó el medio local Semanario Ríodoce y también trabajaba como corresponsal para La Jornada. Recientemente había publicado el libro Narcoperiodismo, que narra el trabajo de los periodistas que cubren el crimen y el narcotráfico en México.
  • 15 de mayo: Ataque contra Sonia Córdova en el estado de Jalisco. Su hijo de 26 años, el periodista Héctor Jonathan Rodríguez, murió en el ataque. Sonia es la subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán; su marido es el dueño del semanario.
  • 16 de mayo: Amenazas de muerte contra el periodista Juan Manuel Partida Valdez en el estado de Sinaloa. Partida Valdez es presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa y había ayudado a las autoridades en la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas el 15 de mayo.
  • 16 de mayo: Un exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, ha presentado denuncias por difamación y calumnia contra Reforma, un medio de comunicación nacional, y Vanguardia, un medio español, por informar sobre cuentas bancarias offshore conectadas con Moreira y su familia. En enero de 2016, Moreira fue detenido en España por sospecha de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y mal uso de los fondos públicos; fue puesto en libertad por falta de pruebas.
  • 17 de mayo: Asalto violento en contra del periodista Marco Tulio Docastella Cuenca, editor de la revista Docastella Magazine, en el estado de Guerrero. Dos individuos—uno uniformado—lo golpearon, y después tomaron su vehículo.
  • 18 de mayo: Desaparición del periodista Salvador Adame Pardo en el estado de Michoacán. Fue reportado como desaparecido el pasado 18 de mayo. El 26 de junio autoridades estatales anunciaron la identificación de restos presuntamente de Adame Pardo. Sin embargo la familia de Salvador ha rechazado esa versión y ha solicitado un peritaje independiente. Era el director de una estación de televisión local. La asociación de periodistas ha criticado al procurador de Michoacán por su alcance de investigación y por criminalizar a Adame Pardo.
  • 20 de mayo: Homicidio de los defensores derechos humanos Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín Vázquez Torres en el estado de Jalisco. Los hermanos eran líderes y organizadores de la comunidad indígena huichol y defensores de tierras sagradas. Miguel había servido como presidente de un comisariado de la comunidad que ganó litigios en septiembre de 2016 y recuperó tierras indígenas.
  • 21 de mayo: Desaparición de al menos 80 indígenas jornaleros en el estado de Chihuahua. Los trabajadores habían presentado una denuncia de explotación laboral por parte del empleador del rancho.
  • 21 de mayo: Allanamiento de las instalaciones de Comunicación e Información SA, empresa editora de la revista Proceso, en la Ciudad de México. En los últimos años, Proceso y sus colaboradores han sido los objetos de varios amenazas y agresiones, incluyendo los asesinatos de Regina Martínez en el 2012 y Rubén Espinosa en el 2015.
  • 22 de mayo: Un grupo de periodistas en el estado de Chihuahua fueron víctimas de amenazas e intimidación por parte de la policía local en Aquiles Serdán. Los periodistas intentaron dar cobertura a presuntos abusos por las autoridades después de un accidente vial. Elementos de la policía intentaron quitarles sus teléfonos celulares y equipo de grabación, tomaron fotos de los periodistas y amenazaron que los iban a cazar.
  • 23 de mayo: Homicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Huet Gómez en el estado de Chiapas. Huet Gómez era una líder de la comunidad indígena tzotzil y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México solicitó que el gobierno de Chiapas emita medidas de protección para la familia de Huet Gómez.
  • 24 de mayo: A un periodista del diario nacional La Jornada se le negó el acceso a una ceremonia organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Jornada informó que Sedena ha excluido el medio de comunicación de otros eventos de este año y lo considera un intento de censura.
  • 3 de junio: Ataque armado en contra de la locutora de radio y activista indígena Marcela de Jesús Natalia en el estado de Guerrero. El atentado ocurrió afuera de las instalaciones radiofónicas desde donde ella promueve la cultura e identidad indígena. De Jesús Natalia también es expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Xochistlahuaca. Docenas de periodistas de Guerrero firmaron una carta abierta dirigida a la Fiscalía General del Estado, condenando el ataque contra la conductora y exigiendo una investigación profunda. El estado de salud de De Jesús Natalia se reporta como grave.
  • 5 de junio: El periodista José Nava Mosso ha sido demandado por reparación de daño después de haber grabado y publicado un video del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero detenido por la policía en estado de ebriedad. Nava Mosso se retiró de una larga audiencia denunciando actos de intimidación en su contra y trato especial hacía el magistrado.
  • 6 de junio: Intimidación y amenazas en contra del periodista Leonardo Martínez Peralta en el estado de Guerrero. El periodista y expresidente de la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo denuncia que tres policías uniformados le apuntaron sus rifles, exigiendo que borrara las fotos que había tomado mientras cubría una persecución a balazos y detención de un presunto delincuente.
  • 8 y 9 de junio: Hostigamiento en contra del periodista Ezequiel Flores Contreras en el estado de Guerrero. Flores Contreras es un corresponsal del Proceso quien da cobertura principalmente a los temas de corrupción, narcopolítica, conflictos sociales y derechos humanos en Guerrero. Flores Contreras es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal y solicitó su apoyo y protección. Sin embargo, debido a la falta de coordinación y comunicación efectiva entre el Mecanismo y los elementos de la Policía Federal en el estado, las autoridades tardaron dos horas en resguardar a Flores Contreras y no cumplieron con su compromiso de mantener vigilancia afuera de su casa.
  • 12 de junio: Amenazas y hostigamiento en contra de la Casa del Migrante Pueblo Sin Fronteras en el estado de Sonora. El albergue informa que individuos del crimen organizado han amenazado directamente a personas relacionadas con el albergue y han exigido el cierre del mismo. Organizaciones y defensores de derechos humanos pidieron una reunión urgente con la gobernadora del estado para buscar una solución inmediata a la situación de inseguridad del albergue.
  • 19 de junio: The New York Times informó sobre el uso de un programa de espionaje adquirido por el gobierno en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Destacados periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han sido afectados por software que el gobierno mexicano adquirió con la condición de que sólo se usen para investigar criminales y terroristas. El software se infiltra en los teléfonos inteligentes a través de un enlace malicioso enviado en un mensaje de texto. Permite a los perpetradores monitorear toda la actividad del teléfono, incluyendo llamadas, correos electrónicos y textos. Los blancos del espionaje incluyen abogados de la organización de derechos humanos Centro Prodh, que acompaña a las víctimas del caso de Ayotzinapa y otros casos de alto perfil. La periodista reconocida a nivel nacional Carmen Aristegui, quien reveló un escándalo relacionado con la primera dama, también fue objeto del espionaje. De acuerdo con revelaciones hechas públicas el 10 de julio, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que daban asistencia técnica al gobierno mexicano para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Guerrero, también habrían sido sujetos a estas formas de espionaje. El presidente Enrique Peña Nieto ha rechazado todo acuso de transgresión gubernamental. Las víctimas de la vigilancia, organizaciones mexicanas e internacionales, integrantes de la CIDH, y un grupo de expertos de las Naciones Unidas están pidiendo una investigación transparente, independiente e imparcial
  • 22 de junio: Amenazas en contra del periodista David Fuentes en la Ciudad de México. Fuentes es un reportero para El Universal y ha ayudado a las autoridades en la investigación de la venta de drogas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
  • 23 de junio: Amenazas de muerte y hostigamiento en contra de la periodista Sanjuana Martínez en el estado de Nuevo León. Martínez es una colaboradora de La Jornada, Proceso y Sin Embargo y ha escrito sobre los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado al gobierno neoleonés emitir medidas de protección para la periodista.
  • 26 de junio: El Instituto Nacional de Migración (INM) presentó una denuncia en contra de Fray Bernardo Molina Esquiliano por presunto tráfico de personas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Fray Bernardino es un reconocido defensor de los derechos de migrantes que trabaja en el albergue La 72, Hogar—Refugio para Personas Migrantes (La 72) en Tenosique, Tabasco. La amenaza de iniciar investigaciones penales y/o las investigaciones penales en sí mismas son una forma de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y periodistas que pueden tener un efecto intimidatorio en su trabajo.
  • 27 de junio: Personas no identificadas irrumpieron en el hogar de Mario Luna Romero y quemaron el auto de su esposa, Victoria Anahí Ochoa Domínguez. Luna es un líder de la comunidad yaqui en el estado de Sonora y, a pesar de ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ni él ni su familia han recibido protección efectiva del Mecanismo hasta ahora.
  • 9 de julio: Homicidio del camarógrafo hondureño Edwin Rivera Paz en el estado de Veracruz. Rivera trabajaba para Igor Padilla, un periodista que reportaba sobre el crimen, quien fue asesinado en Honduras en enero de este año. Rivera huyó de Honduras tras el asesinato de Padilla y solicitó la condición de refugiado en México.
  • 19 de julio: Amenazas de muerte en contra los periodistas Pedro Canché y Amir Ibrahim en el estado de Quintana Roo. Mantas con mensajes de muerte contra dichos periodistas, presuntamente firmadas por integrantes del Cártel de los Zetas de “la vieja escuela” se desplegaron en Cancún. Pedro Canché, director de Pedro Canché Noticias, cree que las mantas no provienen del narco sino de actores políticos. Amir Ibraham, director editorial del portal El QuintanaRoo, reportó haber recibido textos y llamadas telefónicas amenazantes desde el 9 de julio, cuando presentó una denuncia en contra del empresario Carlos Mimenza ante la Fiscalía de Quintana Roo y la PGR.
  • 21 de julio: Amenazas de muerte en contra del periodista José Maldonado en el estado de Michoacán. Maldonado es el director editorial de Agencia Mexicana de Noticias Noventa Grados. Recibió un correo electrónico que le advertía que dejara de informar sobre las actividades de las instituciones de seguridad pública en Michoacán. Maldonado ha recibido protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2015 y el Mecanismo actualmente está valorando la posibilidad de otorgarle medidas de seguridad adicionales, inclusive protección policial.
  • 31 de julio: Homicidio del periodista Luciano Rivera Salgado en el estado de Baja California. Rivera Salgado cubría el crimen para el canal local Noticias CNR y era director del portal de noticias El Dictamen. La Procuraduría estatal ha informado que la policía municipal de Rosarito, Baja California ha detenido al presunto agresor.
  • 9 de agosto: Homicidio de la defensora de derechos humanos Lluvia Juliana González Banda, quien se involucró en la defensa de derechos humanos tras el asesinato de su esposo, un policía municipal en Chihuahua. Lluvia exigía justicia para su esposo, así como para otros agentes de la Policía Municipal en Madera, Chihuahua que han sido desaparecidos y asesinados.
  • 15 de agosto: Ataque armado en contra el periodista Fredy Morales en el estado de Puebla. Morales, quien tiene una sección en el programa radiofónico Enlace Serrano, fue apuñalado varias veces en su casa luego de que sujetos desconocidos ingresaron a su casa.
  • 17 de agosto: Amenazas de muerte por video en contra del periodista Héctor de Mauleón, columnista de El Universal que ha reportado sobre los grupos de delincuencia organizada con presencia en la Ciudad de México y cómo operan en algunas áreas de la ciudad. El video, publicado en Twitter, es la sexta amenaza que De Mauleón ha recibido por redes sociales.
  • 22 de agosto: Homicidio del periodista Cándido Ríos Vázquez en el estado de Veracruz. Vázquez es el primer periodista asesinado aún cuando era beneficiario de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Colaborador del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, Ríos Vázquez cubría delitos cometidos en el estado y la fuente policiaca y había reportado haber recibido amenazas de funcionarios municipales debido a su labor periodística. Vázquez es el tercero periodista asesinado en Veracruz durante la actual administración estatal. El 13 de agosto publicó un video en su cuenta de Facebook en el que habla de la importancia de la libertad de expresión en México.
  • 23 de agosto: Hostigamiento en contra del defensor de derechos humanos y Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en el estado de Coahuila. El 5 de julio, Vera—junto con otros prominentes defensores y organizaciones de derechos humanos—presentó información a la Corte Penal Internacional sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Coahuila que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, funcionarios públicos en Coahuila han hecho declaraciones que ponen en cuestión la trayectoria profesional del Obispo como defensor de derechos humanos y su compromiso con la justicia. Este es otro ejemplo de cómo las autoridades en México utilizan la facultar de las procuradurías de iniciar investigaciones penales para intimidar a defensores.
  • 6 de septiembre: Homicidio del periodista Juan Carlos Hernández Ríos en el estado de Guanajuato. Juan Carlos es el décimo segundo periodista asesinado en México en lo que va de este año, según el conteo de WOLA. El colaborador del portal digital La Bandera Noticias salía de su casa en el municipio de Yuriria cuando fue asesinado por dos hombres que lo esperaban a fuera de su casa. Juan Carlos había estado cubriendo el grave aumento de ejecuciones en Yuriria y otros municipios de Guanajuato, así como la reciente ola de violencia que nunca antes se había visto en esos lugares. También colaboraba con Alejandro Chávez, otro reportero de La Bandera que recibió amenazas de muerte en 2016 y 2017 luego de reportar sobre la participación de autoridades municipales en un caso de despojo de tierras.
  • 16 de septiembre: Blanca Ninfa Cruz y Raymunda Pérez, familiares de Uriel Pérez Cruz y Luis Humberto Morales—dos adolescentes que fueron desaparecidos forzadamente en Papantla, Veracruz en marzo de 2015—han recibido numerosas amenazas de muerte por buscar a sus hijos desaparecidos. En marzo de 2016 la Fiscalía de Veracruz informó que ocho elementos de la policía municipal de Papantla fueron ingresados al penal regional por el delito de desaparición forzada de Uriel y Luis, incluyendo el mando de la policía municipal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Miguel Ángel Yunes de acuerdo a la cual los policías participaron junto con integrantes del cártel de Los Zetas en la detención y desaparición de los jóvenes. Las amenazas recibidas por Blanca Ninfa y Raymunda en la búsqueda de verdad y justicia y por sus esfuerzos de conocer el paradero de sus hijos son otro claro ejemplo de ataques a los familiares de las personas desaparecidas en México quienes, ante la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales, han tomado en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos.
  • 16 de septiembre: La activista y defensora de los derechos de las mujeres Yndira Sandoval fue detenida, torturada y violada por elementos de la policía municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde se encontraba para dar una conferencia sobre violencia de género. Yndira fue detenida arbitrariamente por seis policías, quienes la aventaron en una camioneta para trasladarla a la cárcel municipal, sin informarle la razón de su detención. En entrevista con La Jornada, Yndira explica la tortura que sufrió mientras estaba en la cárcel, contando que fue golpeada y violada en una celda por una policía mientras otra agente vigilaba la entrada. Cuando fue a la oficina de la agente del Ministerio Público para interponer una denuncia, el funcionario se negó a recibir la denuncia. Tuvo que esperar días para obtener un dictamen médico y psicológico y fue amenazada e intimidada durante todo el proceso. Yndira denunció los hechos el 17 de septiembre ante la Fiscalía General de Guerrero y el 13 de octubre ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMETRA) de la PGR. En entrevista con BuzzFeed News, Yndira informa que ha recibido amenazas de muerte desde que denunció la agresión y que su casa en la Ciudad de México ha sido allanada en varias ocasiones.
  • 6 de octubre: El cuerpo del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro fue encontrado sin vida en el estado de San Luis Potosí, un día después de que fue secuestrado de su casa por hombres armados y vestidos como policías. Edgar es el treceavo reportero asesinado en México en lo que va de este año. Él decimo tercero periodista asesinado en México en lo que va de este año, Esqueda cubría la nota roja y espectáculos para los sitios locales Metrópoli San Luis y Vox Populi de San Luis. Hace poco, había interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de recibir una serie de amenazas de elementos de la policía por su labor periodística. En julio, cinco agentes de la policía se acercaron a Esqueda mientras tomaba fotografías de una escena de crimen, exigiendo que borrara las fotos que había tomado y que se fuera del lugar. Días después, en otro evento, la policía fotografió sus credenciales y le dijeron que iban a estar vigilando su casa. El caso de Edgar Esqueda es un ejemplo más de cómo las fuerzas de seguridad en México intimidan a reporteros para censurar su trabajo.
  • 7 de octubre: El periodista Leonardo Curzio renunció de su puesto como Director de Noticias de “Enfoque Noticias” después de que NRM Comunicaciones, el grupo de medios al que la estación de radio pertenece, le pidió que despidiera a dos de sus colegas—un acto que Curzio vio como un claro intento de censura. Unas horas antes de que le pidieran que despidiera a Ricardo Raphael y María Amparo Casar (Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), los dos analistas habían criticado varias políticas controversiales en una mesa de debate que se transmitió en el programa de radio de Curzio. Periodistas y defensores del derecho a la libertad de expresión por todo el país han denunciado el incidente como una represalia contra la crítica de Raphael y Casar a funcionarios públicos y a la influencia del gobierno mexicano sobre los medios de comunicación del país. Según datos recopilados por Fundar, una organización no gubernamental basada en México, NRM Comunicaciones recibió $7 millones de dólares de gasto público en publicidad el año pasado.
  • 25 de octubre: Dieciocho periodistas del estado de Chiapas firmaron un pronunciamiento manifestando su preocupación por las acciones del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, que ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de la periodista Sandra María de los Santos Chandomí. La campaña inició después de que Sandra publicó sobre excesos en gastos de publicidad y combustibles de la administración local. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una queja y otorgó medidas cautelares en contra del alcalde de Tuxta Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, por los agravios. De acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.
  • 2 de noviembre: El cuerpo del ex-fotorreportero Aldo López fue encontrado quemado en su domicilio en Ciudad Valles,  San Luis Potosí. El decimo cuarto periodista asesinado en lo que va de 2017, López había sido reportero gráfico del periódico Huasteca Hoy desde hace seis años. Aproximadamente a las 5 de la madrugada se reportó al Cuerpo de Bomberos sobre el incendio de la casa de López. Cuando llegaron elementos de la policía a la escena, encontraron el cuerpo de López completamente calcinada con un tiro en la frente.
  • 4 de noviembre: La periodista Gabriela Coutiño Montes presentó una denuncia ante varios organismos defensores de los derechos humanos, de nivel nacional e internacional, contra el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, por presunta intimidación y desprestigio a su labor periodística después de que Gabriela publicó una columna de opinión en el que criticó el desempeño del alcalde al frente de la administración local. Denunció la intimidación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Pidió a las instancias defensores la aplicación de medidas preventivas y cautelares para el resguardo de su integridad y su ejercicio periodístico. Este expediente es el segundo iniciado en el mes de noviembre por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del alcalde.
  • 11 de noviembre: Grupo Olmeca Multimedios denunció a través de un comunicado que sujetos armados con el rostro cubierto intentaron privar de la libertad una colaboradora del programa “Esta Mañana”, que se transmite por la señal de Olmeca TV, en Coatzacoalcos, Veracruz. La colaboradora logró escapar de los delincuentes, pero fue herida de bala. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización que promueve la libertad de expresión, el estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos de América Latina para ser periodista.
  • 15 de noviembre: Siete hombres agredieron a Zacarías Cervantes, periodista de El Sur en Chilpancingo, Guerrero. Los sujetos armados lo interceptaron antes de que abriera la puerta de su auto, quitándole las llaves del vehículo y sometiéndolo. Mientras estaba sometido, escuchó uno de los hombres hacer una llamada telefónica en la que pregunta, “¿Nos lo llevamos?”. Después, los agresores lo dejaron libre pero dejaron un ejemplar de El Sur en el asiento de su vehículo. Estaba abierto en un página con una nota firmada por el periodista que critica la falta de avances en la investigación del asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, ex-presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática y miembro del Grupo Pro AMLO. En años previos, la organización de derechos humanos Article 19 ha documentado varios casos de agresión contra periodistas del medio El Sur.
  • 20 de noviembre: Ejecución de Silvestre de la Toba Camacho, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur. El ombudsman viajaba con su familia en una camioneta por calles de La Paz cuando sujetos a bordo de otro vehículo dispararon contra la misma. El ombudsman y su hijo de 20 años fallecieron en el lugar. Su esposa y su hija sufrieron lesiones y  fueron trasladadas al hospital. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) condenó el asesinato, haciendo un llamado al Gobierno de Baja California Sur para que dé con los responsables y los ponga a disposición de la justicia. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se han emitido medidas cautelares para garantizar la seguridad de los familiares de la Toba Camacho y de todo el personal de la CEDH, y exigió a las autoridades federales y estatales realizar una investigación inmediata y a fondo para que el crimen no quede impune.
  • 27 de noviembre: Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fiscal especialista en delitos relacionados con violencia contra la mujer, violencia sexual y trata de personas, fue asesinada a balazos al llegar a su centro de trabajo. Torres es el segundo funcionario público defensor de derechos humanos que ha sido asesinado en México en el mes de noviembre. El homicidio de Torres viene en un momento particularmente violento en Veracruz; más que 20 personas fueron matadas el fin de semana antes de su asesinato, incluyendo el alcalde de Ixhautlán.

Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable, pero es especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios. En 23 de estos casos los ataques lastimosamente resultaron en la muerte del periodista o defensor: Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Carlos Alberto García Martínez, Cecilio Pineda Birto, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea, José Alberto Toledo Villalobos, Maximino Rodríguez Palacios, Filiberto Álvarez Landeros, Miriam Rodríguez Martínez, Javier Valdez Cárdenas, Héctor Jonathan Rodríguez, Miguel Vázquez Torres, Agustín Vázquez Torres, Guadalupe Huet Gómez, Edwin Rivera Paz, Luciano Rivera Salgado, Lluvia Juliana González, Cándido Ríos Vázquez, Juan Carlos Hernández Ríos, Edgar Daniel Esqueda Castro, Aldo López, Silvestre de la Toba Camacho.

En México ya existen mecanismos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos. Pero los recientes casos demuestran que hasta el momento dichos mecanismos no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección. La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos: al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados.

La confianza de los defensores y periodistas en México no se gana con promesas, sino con resultados: con más libertad y mejores condiciones para ejercer su labor, con la reducción progresiva de amenazas y ataques y con justicia por delitos en su contra. Existen múltiples diagnósticos sobre lo que el gobierno mexicano debe implementar para mejorar los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo un análisis hechos por WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Es responsabilidad de las autoridades mexicanas en su conjunto (incluyendo autoridades federales y locales) garantizar la integridad y seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Las autoridades mexicanas deben implementar acciones inmediatas para que ataques armados como los registrados en los primeros ocho meses del año ya no se repitan. Entre las primeras acciones se encuentra enviar un mensaje público y contundente que reconozca expresamente la importancia y valor del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminarán en impunidad.

También es importante visibilizar el contexto geográfico, así como el valor periodístico y de defensa de derechos humanos de quienes recientemente han sido víctimas de ataques. Muchos de los estados donde se han registrado los recientes ataques presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada (incluyendo casos de colusión entre grupos criminales y autoridades), desplazamiento interno y violaciones a los derechos humanos. Los periodistas y defensores recientemente atacados han denunciado e informado sobre muchos de estos temas. Además, en estos estados existen antecedentes de represión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y de la población en general que no han sido investigados ni sancionados. Aún en estos contextos tan hostiles y peligrosos, los periodistas y defensores ejercen una importante labor social de documentación, denuncia e informativa.

Ante las circunstancias actuales el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones. Urgen compromisos concretos de las autoridades mexicanas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y justicia para las agresiones en su contra.

 

 

* Nota: Esta declaración fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2017. Fue actualizada el 27 de noviembre de 2017 para incluir casos adicionales de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.