Las organizaciones signatarias expresan su preocupación por los eventos recientes en Las Bahamas después del anuncio del Primer Ministro hecho el pasado 11 de octubre que personas migrantes con una supuesta situación irregular en Las Bahamas tienen hasta el 31 de diciembre de 2017 para regularizar su situación o enfrentarse a persecución agresiva y deportación. A raíz de estos anuncios, y según información de los medios de comunicación, las autoridades de inmigración comenzaron a detener, registrar y llevar a cabo redadas en busca de personas percibidas como migrantes con estatus migratorio irregular, la mayoría de ellas Haitianas o de ascendencia haitiana. Estas acciones pueden afectar a niños nacidos en las Bahamas que tienen el derecho constitucional de solicitar la nacionalidad bahameña a los 18 años.
Las organizaciones signatarias piden a las autoridades de Las Bahamas que implementen de manera urgente una política de migración por escrito basada en los derechos humanos que utiliza la detención solo como medida de último recurso; incluye detalles de los procesos disponibles para aquellos que desean regularizar su situación; procesos de identificación para evitar la expulsión de personas nacidas en Las Bahamas con derecho a la nacionalidad bahameñas; y procesos para evaluar las solicitudes de asilo con todas las garantías procesales.
Recordamos a las autoridades bahameñas que, de conformidad con las normas internacionales, cualquier procedimiento de deportación debe garantizar evaluaciones individuales de cada caso, proporcionar a las personas órdenes de deportación por escrito y salvaguardar el derecho de las personas a impugnar su orden de deportación ante un tribunal independiente.
Recordamos que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a las autoridades de Las Bahamas que adoptaran medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad de los detenidos en el Centro de Detención Carmichael, entre otras condiciones higiénicas y tratamientos médicos para los detenidos, reduciendo la sobrepoblación, el acceso a la asistencia legal y permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil accedan a Carmichael para controlar las condiciones. Hasta la fecha, entendemos que las condiciones en Carmichael siguen siendo similares a las que formaron la base de la solicitud en 2015 e instamos a las autoridades bahameñas a implementar plenamente esas medidas.
Organizaciones signatarias:
Amnistía Internacional
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)
Instituto Caribeño de Derechos Humanos
Institute on Race, Equality and Human Rights
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)
