Washington, D.C.—El diario mexicano Reforma informó hoy que el Departamento de Estado de EE.UU. decidió no reportar al Congreso que México ha hecho suficientes avances para cumplir con los requisitos de derechos humanos establecidos en ciertos fondos condicionados, lo que significa que no se entregará a México unos US$1,25 millones de ayuda militar estadounidense. Como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha señalado anteriormente, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado significativamente durante el último año, con niveles elevados de violencia y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos y una persistente impunidad por violaciones de derechos humanos.
“El Departamento de Estado hizo lo correcto al retener los fondos condicionados para México. La persistencia de graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad que persiste en la mayoría de estos casos, exigen respuestas del gobierno mexicano. Proteger los derechos humanos debe ser una prioridad en la relación entre los Estados Unidos y México”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
Un factor contribuyente al deterioro de la situación en México ha sido el uso ilegal de software de espionaje avanzado contra destacados defensores de derechos humanos, activistas de anticorrupción, periodistas y expertos internacionales en México, como lo reveló The New York Times en junio de 2017. El gobierno mexicano adquirió la tecnología sofisticada de espionaje bajo la condición de que solo sería utilizada para vigilar a personas sospechadas de ser terroristas y criminales; sin embargo, luego se utilizó para espiar a críticos prominentes del gobierno de Peña Nieto. Nuevas investigaciones han revelado que también se utilizó el spyware contra miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero que fueron desaparecidos forzosamente en septiembre de 2014.
En una carta dirigida al Secretario de Estado Rex Tillerson, patrocinada por el congresista estadounidense Alan Lowenthal y hecha pública hoy, 10 miembros del Congreso de EE.UU. urgieron al Departamento de Estado a seguir de cerca la investigación del gobierno mexicano sobre los funcionarios públicos y las agencias gubernamentales detrás de la vigilancia ilegal. La carta también hizo un llamado al Departamento de Estado a priorizar la protección de los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en la agenda bilateral entre los Estados Unidos y México.
“Estos ataques vienen en el contexto de una situación cada vez más preocupante para periodistas y defensores de derechos humanos en México. Los ataques en contra de activistas y opositores del gobierno este año han aumentado en número, gravedad y sofisticación”, dijo la carta. Los miembros del Congreso también pidieron al Departamento de Estado que “discutiera con el gobierno mexicano la necesidad de una investigación pronta y exhaustiva sobre este asunto, para garantizar que la investigación se realice con total transparencia e independencia, y para garantizar que las víctimas del espionaje estén informadas del avance en el caso”.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha negado las alegaciones de mala conducta gubernamental en los ataques de espionaje. Víctimas de la vigilancia, organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, miembros de la CIDH y un grupo de expertos de las Naciones Unidas han pedido una investigación transparente, independiente e imparcial.
“Han pasado más de cinco meses desde que los ataques de espionaje salieron a la luz, pero aun así el gobierno mexicano no ha brindado ninguna información sobre los responsables. La libertad de expresión e información son características de una democracia saludable y funcional. El Departamento de Estado debería enfatizar la necesidad de que el gobierno mexicano respete estos derechos y lleve a cabo una investigación honesta y seria sobre cualquier amenaza al trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”, dijo Meyer.
