La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) envió una carta hoy a diversas autoridades estatales del Estado de Guerrero señalando preocupación por los hechos violentos que tuvieron lugar en La Concepción, Acapulco el pasado 7 de enero.
De acuerdo con la información disponible, el 7 de enero por la madrugada, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción —quienes están organizados desde hace cuatro años para consolidar un sistema de seguridad que garantice la paz de los pobladores y para rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota” en sus tierras— fueron emboscados por gente armada, desatando un enfrentamiento en el que fallecieron ocho personas.
En la carta —dirigida al Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; al Fiscal General del Estado, Javier Ignacio Olea Peláez; y al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno— WOLA expresó preocupación por la actuación de las autoridades del Estado de Guerrero a este ataque. Se desplegaron en la comunidad más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad locales y federales, sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza.
En el marco del operativo, las fuerzas de seguridad estatales detuvieron a 38 personas, entre ellas Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), y tres policías comunitarios fallecieron en el tiroteo provocado por un policía estatal que accionó su arma.
Además, resulta de extrema preocupación las agresiones en contra de periodistas que se encontraban en el lugar, que incluyeron agresiones físicas, amenazas verbales y la amenaza con armas por parte de los agentes.
WOLA hace un llamado a las autoridades del Estado de Guerrero a investigar y sancionar en forma seria y transparente todas las violaciones que tuvieron lugar durante el operativo:
“Las violaciones documentadas por organizaciones de derechos humanos y periodistas deben ser debidamente investigadas y sancionadas. Este ataque a la población y a los defensores comunitarios es particularmente grave tomando en cuenta el historial de impunidad del Estado de Guerrero y los alarmantes niveles de violencia que prevalecen en la entidad, así como los ataques y criminalización que el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui ha enfrentado en el pasado”.
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