Washington, DC – El 8 de enero, el Washington Post reporta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para salvadoreños, lo que significa aproximadamente 200,000 personas, muchas de las cuales han residido en los Estados Unidos desde que fueron elegibles para TPS en 2001, tendrán hasta septiembre de 2019 para ya sea abandonar voluntariamente los Estados Unidos u obtener residencia permanente legal en los Estados Unidos por otros medios o enfrentar la deportación. Los beneficiarios del programa TPS pueden residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, en caso de que el gobierno de los EE.UU. determine que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a causas de guerra o un desastre natural. A pesar de que republicanos, demócratas, grupos religiosos y otros líderes sociales pidieron lo contrario, esta decisión de la administración Trump de no renovar el programa para el mayor grupo de beneficiarios de TPS en los Estados Unidos tendrá un enorme impacto humanitario y económico, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización de defensa de derechos humanos.
“Esto romperá innecesariamente a familias y separa a comunidades que han pasado décadas criando niños, pagando impuestos y haciendo contribuciones positivas a la sociedad estadounidense”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente para Programas en WOLA. “Lo que estos residentes que han vivido a largo plazo en los Estados Unidos necesitaban era un camino hacia la ciudadanía, sin embargo, bajo Trump, se verán obligados a cambiar sus vidas y llevar sus hijos a uno de los países más violentos del mundo”.
Según un estudio publicado por la Universidad de Kansas en mayo de 2017, más de la mitad de los beneficiarios de TPS de El Salvador y Honduras han vivido en los Estados Unidos por veinte años. El estudio también encontró que la mayoría de estas personas han formaron familias, se unieron a la fuerza de trabajo, continuaron su educación, compraron hogares, se envolvieron en sus comunidades, pagaron impuestos y contribuyeron a el seguro social y al país en muchas otras maneras.
La administración de Trump canceló previamente el TPS para haitianos y nicaragüenses en noviembre de 2017, afectando alrededor de 50,000 haitianos y 2,500 nicaragüenses. Se espera una decisión sobre los 61,000 beneficiarios hondureños de TPS antes del 4 de mayo de 2018.
“Terminar TPS es una política insensata e inhumana. Estamos obligando personas a regresar a países pobres y violentos que no están en condiciones de absorberlos. Esto bien podría provocar otra ola de migración desde Centroamérica “, dijo Thale.
Vea el análisis de WOLA sobre las posibles ramificaciones que tiene la finalización del TPS para los beneficiarios de Centroamérica y Haití aquí.
