25 Jan 2018 | Noticias

Nueva ley hondureña amenaza la lucha contra la corrupción e impunidad

Washington, DC— La semana pasada, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto 141-2017 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. El Decreto abre un nuevo proceso de auditoria para la investigación de fondos públicos a cargo del Tribunal Superior de Cuentas. Además de ser retroactiva desde el 2006, la ley le quita al Ministerio Público la potestad de judicializar casos de corrupción por un periodo de tres años mientras el Tribunal de Cuentas esté investigando si hubo irregularidades en el uso de fondos públicos. La oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA por sus siglas en ingles) ve con suma preocupación la implementación de la ley, la cual resultaría en una parálisis de los procesos investigativos relacionados al mal uso de fondos públicos y afectaría las capacidades investigativas de los esfuerzos de anticorrupción, de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) y del Ministerio Público.

“La aprobación de esta ley representa un serio retroceso para la lucha contra la corrupcion en Honduras”, dijo Adriana Beltrán, directora del programa en WOLA sobre Seguridad Ciudadana. “La reforma es claramente una medida para beneficiar a quienes han cometido actos de corrupción y frustrar la labor de la MACCIH y quienes están luchando por combatir la impunidad”.

El momento en el cual se da aprobación es particularmente preocupante dado los casos que actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público y la MACCIH, incluyendo el proceso conocido como “red de diputados”, que involucra a más de 60 miembros y ex miembros del congreso, altos funcionarios y a directivos de varias organizaciones. La reforma a la ley fue utilizada ayer para beneficiar a cinco diputados acusados por el Ministerio Público y la MACCIH de la presunta malversación de fondos públicos.

“Expresamos nuestra solidaridad con la MACCIH y su vocero y apoyamos su llamado solicitando la derogación inmediata o declaración de inconstitucionalidad de la ley”, dijo Beltrán. “Estados Unidos debería tomar en cuenta medidas tan perjudicial como ésta al momento de evaluar el nivel de compromiso del gobierno hondureño con la lucha contra la corrupción y al determinar la continuidad de la cooperación al país”.