AP Photo/Eduardo Verdugo
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Washington, D.C.—En una carta dirigida al embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, patrocinada por el congresista estadounidense Alan Lowenthal y hecha pública hoy, 11 miembros del Congreso de los Estados Unidos expresaron preocupación por la falta de progreso en la investigación del gobierno mexicano sobre el uso ilegal del spyware Pegasus en contra de destacados activistas y periodistas en México, el cual se vende solamente a entidades gubernamentales. La carta se envía después de que The New York Times reportó en febrero que funcionarios estadounidenses supuestamente habrían rechazado las solicitudes del gobierno mexicano para asistirles en la investigación ante la preocupación de que la participación del gobierno estadounidense pudiera dar una apariencia de legitimidad a una investigación que de otra forma carece de credibilidad.
“Han pasado ocho meses desde que inició la investigación sobre el espionaje ilegal, pero no ha habido ningún progreso sustancial. Es claro que las autoridades mexicanas no están comprometidas a llegar al fondo de este caso y llevar a los perpetradores ante la justicia”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia. “A medida que se profundiza la crisis de derechos humanos en México y se siguen haciendo públicos más casos de corrupción, el trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos es más importante que nunca. Sin embargo, el gobierno mexicano ha mostrado poco interés en prevenir e investigar los ataques contra periodistas y activistas, especialmente cuando las víctimas son críticas del gobierno”.
En febrero de 2018, las víctimas del espionaje y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan emitieron un comunicado destacando varias líneas de investigación básicas que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha seguido en el caso. Dichas líneas incluyen, entre otras, identificar y entrevistar a los funcionarios públicos encargados de operar el programa Pegasus, revisar los equipos que tienen un registro de cada vez que se ha utilizado el spyware contra un objetivo, e incluso visitar a las instalaciones en las que dicho spyware es manejado.
En la carta al embajador, los miembros del Congreso estadounidenses piden una investigación seria e imparcial sobre los ataques de espionaje. “Creemos que es imperativo que el Gobierno de México lleve a cabo una investigación seria, transparente, exhaustiva e imparcial sobre el uso ilegal del spyware, y que lleve ante la justicia a cualquier funcionario público o agencia gubernamental involucrada en el asunto”, se menciona en la carta. Igualmente, en la carta también se pide al embajador que proporcione a los miembros del Congreso “información sobre los planes del Gobierno de México para atender las preocupaciones de las víctimas del espionaje, garantizar que todas las líneas de investigación indicadas anteriormente sean agotadas y asegurar que las víctimas y sus abogados se mantengan informados sobre avances en el caso”.
En diciembre de 2017, 10 miembros del Congreso emitieron una carta al entonces Secretario del Estado Rex Tillerson, expresando preocupación por el caso de espionaje y por el deterioro general de la situación de seguridad de los periodistas y activistas en México. “Estos ataques ocurren en el contexto de una situación cada vez más preocupante para periodistas y defensores de derechos humanos en México. Los ataques en contra de activistas y opositores del gobierno este año han aumentado en número, gravedad y sofisticación”, menciona la carta.
“Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en México, es fundamental que las administraciones saliente y entrante se comprometan a mejorar las investigaciones de delitos y ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos”, dijo Meyer. “Esto incluye el diseño de estrategias específicas para fortalecer la capacidad del sistema de justicia mexicano para investigar y sancionar eficazmente estos ataques, pues al no hacerlo se envía el mensaje de que en México es posible amenazar, atacar e incluso matar con impunidad a defensores y periodistas”.
