Grupos afrocolombianos e indígenas bajo amenaza en el departamento de Chocó
Washington, D.C. — Las comunidades indígenas y afrocolombianas que han sufrido durante mucho tiempo el desplazamiento y la violencia a manos de grupos paramilitares en la región del Pacífico colombiano están reportando un nuevo aumento de la actividad paramilitar, poniendo nuevamente a los residentes en riesgo. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización no gubernamental colombiana, 200 miembros armados de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) avanzan hacia las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó. Aun no existe una respuesta institucional efectiva para garantizar la seguridad de las comunidades en esta región, dijo la ONG.
“El gobierno colombiano debe garantizar que los derechos y la seguridad de estas comunidades en Chocó sean protegidos”, dijo la directora de WOLA para Andes, Gimena Sánchez-Garzoli. “Esto incluye extender medidas de protección efectivas a todos los defensores de derechos humanos, líderes sociales y otros residentes en Curvaradó y Jiguamiandó. Es inconcebible que 200 hombres armados puedan entrar indemne en este territorio, a pocos kilómetros del Batallón de Selva 54 “.
Entre 1996 y 1997, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó fueron desplazadas por la fuerza por operaciones militares y paramilitares. Después de su desplazamiento, las empresas de banano y aceite de palma iniciaron operaciones en el territorio. Los intentos de los líderes sociales y las comunidades de regresar a sus tierras, como se establece en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada por el gobierno de Santos, han sido objeto de intimidación, violencia, amenazas y hostigamiento.
El 9 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, un líder de los derechos a la tierra con base en el área, fue asesinado por el AGC. El 26 de noviembre de 2017, otro activista local por los derechos a la tierra, Mario Castaño Bravo, fue asesinado en su propia granja. Castaño Bravo supervisaba la redacción de una propuesta de reparación, que reconocía la legitimidad de los derechos de propiedad colectiva de la tierra de la comunidad y limitaba las operaciones de la compañía sin consultar sobre las posibles amenazas a la vida, la tierra y la dignidad de los residentes locales.
El asesinato de Bedoya y Castaño Bravo fue un intento de desestabilizar una campaña en curso sobre los derechos de la tierra, destinada a salvaguardar el regreso de las familias que fueron desplazadas y que ahora están buscando reparaciones. Las 13 zonas humanitarias y las áreas de biodiversidad establecidas en esta región han recibido medidas de protección por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgo medidas cautelares para cinco líderes de estas áreas.
Miembros del Congreso de los Estados Unidos ya han expresado su preocupación por las continuas amenazas a la seguridad que enfrentan las comunidades étnicas de Colombia. En una carta dirigida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en diciembre de 2017, los legisladores solicitaron que el gobierno colombiano reevalúe las medidas empleadas para proteger a las personas amenazadas de las comunidades afrocolombianas e indígenas marginadas. En lugar de implementar medidas de protección ineficaces, la carta hace un llamado al gobierno colombiano para que adapte una nueva estrategia que proteja completamente la vida, los intereses y la seguridad de estos grupos.
Además de las amenazas planteadas por la AGC, las comunidades en Curvaradó y Jiguamiandó también podrían enfrentar unas crisis humanitarias en caso de combates contra facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aún presentes en la zona.
“Es imperativo que el gobierno colombiano implemente una respuesta estatal efectiva para salvaguardar los derechos de estas comunidades”, dijo Sánchez-Garzoli.