(AP Foto/Alfredo Zuniga)
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Washington, D.C.— Desde el 18 de abril, más de 20 personas han muerto durante las manifestaciones que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado y los grupos armados civiles en Nicaragua. Miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra los cambios propuestos al sistema nacional de seguridad social, los cuales llevarían a un aumento sustancial de los impuestos y exigirían a los ciudadanos a contribuir 5 por ciento de sus pensiones a la reserva de la seguridad social. A varios canales de noticias independientes se les impidió emitir informes sobre los disturbios, y, además, un periodista fue asesinado a bala por la policía mientras reportaba sobre las protestas, según el grupo de derechos humanos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Según una carta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dirigida al embajador de Nicaragua para los Estados Unidos, Francisco Campbell, es de suma importancia que el gobierno nicaragüense respete los derechos de sus ciudadanos a la libertad de expresión y de reunirse, mientras investiga de inmediato estos ataques.
“La falta de moderación y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses pone en duda el respeto del gobierno por los derechos humanos y la tolerancia hacia la libertad de expresión”, dice la carta.
La carta señala que, además de los informes que acusan a las fuerzas de seguridad de reprimir violentamente las protestas, los grupos de derechos humanos también reportan que los agentes de la policía se mantuvieron al margen y no hicieron nada mientras los grupos armados progubernamentales atacaban a los manifestantes.
“Esta represalia violenta contra ciudadanos nicaragüenses que ejercen su legítimo derecho a protestar es terrible, particularmente para un gobierno cuyo origenes están en protestas y movimientos sociales”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente de Programas de WOLA. “El gobierno de Presidente Ortega debe investigar y procesar sin demora a los responsables de tomar medidas extremas contra los manifestantes, así como a los que ordenaron que la policía se retirara cuando los manifestantes estaban siendo golpeados por violentos grupos progubernamentales”.
El 22 de abril, Ortega anunció que revertiría los cambios propuestos a la seguridad social, citando la magnitud de la inquietud civil. También dijo que comenzaría las conversaciones sobre una nueva ronda de reformas propuestas a la seguridad social, enfatizando la necesidad de fortalecer el sistema de bienestar del país.
“Esperamos que ese diálogo aborde los problemas con el sistema de seguridad social de Nicaragua, y que el gobierno defienda la libertad de expresión y demuestre avances en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de atacar a los manifestantes y las libertades de prensa. En nuestra opinión, el gobierno también debe reconocer el deseo de los ciudadanos de consultar, dialogar y participar democráticamente en Nicaragua”, dice la carta al Embajador Campbell.
