(AP Photo/Alfredo Zuniga)
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Desde el 18 de abril, la fuerza policía y grupos parapoliciales han reprimido violentamente las protestas en Nicaragua, resultando en la muerte de al menos 127 personas y cientos más heridos, detenidos o desaparecidos, incluyendo a estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas, y otros civiles. Se espera que estas cifras sigan aumentando debido a la continua violencia y represión. Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió una amplia gama de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno y cuerpos parapoliciales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, censura y ataques contra la prensa; amenazas, hostigamiento y otras formas de persecución destinadas a disuadir las protestas e inhibir la participación ciudadana. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y organizaciones nacionales, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, también han documentado violaciones de los derechos humanos y violencia extrema contra los manifestantes.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condena enérgicamente las represalias violentas contra ciudadanos nicaragüenses quienes están ejerciendo su legítimo derecho a reunirse pacíficamente para exigir una mayor democratización y apertura en su país. Es imperativo que el gobierno nicaragüense cese inmediatamente la respuesta represiva contra los manifestantes y respete el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. Es profundamente preocupante que la violencia contra los manifestantes haya continuado a pesar de las declaraciones de organismos y organizaciones internacionales, y tras la visita de la CIDH. Al mismo tiempo, el gobierno debe desmantelar los grupos parapoliciales y garantizar la investigación, persecución penal, y sentencia pronta, exhaustiva, e imparcial de los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril.
La creación respaldada por la CIDH de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para ayudar en la investigación de la violencia es un paso positivo para garantizar la verdad y la justicia. El grupo de expertos tiene garantías de autonomía e independencia para ayudar y apoyar la investigación de todos los actos de violencia ocurridos desde el 18 de abril, incluyendo las muertes, los actos de tortura, y las detenciones. La creación del panel fue una de las medidas recomendadas por la CIDH después de su visita a Nicaragua en mayo. Es esencial que la administración de Ortega proporcione al panel el acceso y las condiciones necesarias para poder cumplir plenamente con su mandato, y para garantizar que los perpetradores puedan ser llevados ante la justicia.
Para llegar a una solución pacífica a la crisis política, el gobierno nicaragüense debe cumplir prontamente con las 15 recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita preliminar, y establecer conjuntamente con la CIDH un mecanismo de seguimiento para monitorear y verificar la implementación de estas recomendaciones. Además, debe demostrar un firme compromiso con la verdad y la justicia, y garantizar reparaciones para todas las víctimas y sus familias.
El gobierno de Nicaragua también debe implementar medidas y reformas concretas para abordar las graves preocupaciones sobre la erosión de las instituciones y prácticas democráticas, y la falta de rendición de cuentas y transparencia de parte del gobierno. Compartimos la decepción expresada por otras organizaciones de la sociedad civil con respecto a la resolución débil sobre la crisis de Nicaragua aprobada el 6 de junio por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los Estados Unidos, otros países de la OEA, y la comunidad internacional deben apoyar los esfuerzos de la Comisión Interamericana y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), urgir al gobierno de Ortega a cesar inmediatamente la represión violenta contra los manifestantes, y permitir una investigación independiente de los actos de violencia, como también demandar una solución democrática a la crisis actual.