El mandato del Presidente Enrique Peña Nieto está próximo a terminar y está claro que el caso—todavía no resuelto—de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, simboliza la crisis de derechos humanos que ha caracterizado a su administración. La Procuraduría General de la República (PGR) ha tratado de cerrar el caso, llamándolo “la investigación más exhaustiva en la historia de México”, pero la teoría del gobierno sobre lo que le sucedió a los estudiantes ha sido refutada por organizaciones internacionales y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica al gobierno mexicano en la investigación. El GIEI, el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre el trabajo de los Expertos y la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) han expresado preocupación sobre la obstrucción de justicia en la investigación del gobierno.
El 31 de mayo, un tribunal federal mexicano determinó que la investigación de la PGR no ha sido “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, remarcando las graves irregularidades y las violaciones a derechos humanos durante la investigación, incluyendo el uso de tortura para extraer confesiones y la omisión de investigar a la Policía Federal y la responsabilidad de los militares en la desaparición de los estudiantes. La sentencia del tribunal entonces ordena la creación de una Comisión de Investigación para que continúe la investigación del caso. Esta sentencia es vinculante y no puede ser revocada. Sin embargo, la PGR afirma que la creación de la Comisión es imposible. Esta preocupante declaración parece indicar que la PGR no tiene la voluntad política de encontrar a los estudiantes y pone en duda el compromiso del gobierno mexicano para resolver el caso.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina el 1 de julio, y con un nuevo gobierno a partir de diciembre, corresponderá tanto al gobierno saliente como al entrante cumplir la sentencia del tribunal, crear la Comisión de Investigación y continuar colaborando con el mecanismo de la CIDH. Para poner en contexto el reciente desarrollo del caso Ayotzinapa, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia, ha preparado los siguientes recursos:
