Para el 15 de julio, la Asamblea Legislativa salvadoreña debe seleccionar cuatro nuevos magistrados para la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Esta es una decisión crítica que tendrá profundas implicaciones para la lucha actual por fortalecer el Estado de derecho en el país, según la a Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas.
“Vemos con preocupación el proceso de selección dado que los procedimientos de nominación carecieron de un proceso transparente y basado en los méritos de los postulantes”, dijo Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Es imperativo que la Asamblea Nacional deje a un lado criterios políticos y seleccione a los candidatos más idóneos, competentes e independientes dada la importante responsabilidad que les corresponde para responder efectivamente a los temas más urgentes que afectan a la ciudadanía salvadoreña”, dijo Beltrán.
A principios de este año un panel independiente de juristas internacionales – formado bajo la dirección de la Fundación del Debido Proceso Legal (DPLF) y con el apoyo de WOLA y el Centro por la Justicia Internacional y el Derecho Internacional (CEJIL) – evaluó el proceso de selección de candidatos judiciales y los finalistas. El panel concluyó que “el actual modelo tiene evidentes debilidades en su diseño e implementación que no garantizan un proceso de selección de magistradas/os conforme a los principios y estándares internacionales”. Además, el panel instó a la Asamblea Nacional que “seleccione a las/os candidatas/os idóneos y mejor calificadas/os y descalifique a todas/os aquellas/os que no gocen de la moralidad y capacidad notoria necesarias para cumplir con la trascendental función que le corresponde a los jueces constitucionales por elegir”.
Algunas de las decisiones más importantes tomadas por el tribunal saliente incluyen la anulación de la ley de amnistía, conmutaciones de algunas de las sentencias de mujeres encarceladas por aborto, investigaciones de corrupción de funcionarios electos, y el reconocimiento del desplazamiento forzado debido a la violencia.
“Es muy urgente designar magistrados capaces, profesionales e independientes a la Corte Suprema de El Salvador”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente para Programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “La corte anterior inició una transformación positiva del sistema político y judicial del país que debe continuar.”
