Organizaciones internacionales manifiestan solidaridad con la comunidad de Chicoyogüito y su lucha por verdad, justicia y reparaciones
Washington, D.C., 27 de julio de 2018—Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestros saludos y solidaridad a las y los miembros de la comunidad de Chicoyogüito, que hoy realiza un solemne acto de conmemoración de las graves violaciones a sus derechos fundamentales, sufridas por miembros de esa comunidad desde hace 50 años.
El 28 de julio de 1968, la comunidad de Chicoyogüito fue desalojada y despojada de sus tierras para instalar la Zona Militar No. 21, hoy conocida como CREOMPAZ, en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado interno, la Zona Militar No. 21 se convirtió en el centro de la coordinación e inteligencia militar, además de ser un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y violaciones sexuales cometidas durante 1978 y 1990. Los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren condiciones de pobreza extrema, causada por el despojo militar de sus tierras. Además de ocupar por la fuerza su territorio, el Ejército de Guatemala sometió a muchas personas de Chicoyogüito a trabajos forzados en las instalaciones militares.
En 2012, el Poder Judicial condenó a un comisionado militar y cuatro ex patrulleros militares al encontrarles responsables de la masacre de la Aldea Plan de Sánchez, Rabinal, en julio de 1982 en donde fueron asesinadas más de 250 personas; además, ordenó la investigación de las fosas clandestinas que varios testigos aseguraron durante el juicio existían en la antigua Zona Militar No. 21. Desde entonces, investigadores han exhumado 568 restos humanos de la antigua base militar, identificando a mas de 145 víctimas, utilizando pruebas de ADN y otras tecnologías. La ex Fiscal General Thelma Aldana se refirió a CREOMPAZ como uno de los casos más grandes de desaparición forzada en América Latina.
En enero de 2016, el Ministerio Público detuvo a 11 altos oficiales militares, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García, por su presunta culpabilidad en los crímenes descubiertos en la Zona Militar No. 21. En junio de 2016, el juez de primera instancia determinó que hubo suficiente evidencia para enviar a ocho de los acusados a juicio. Sin embargo, hasta el día de hoy, el proceso continúa estancado, según denuncia la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito, que es querellante adhesivo en el caso CREOMPAZ.
Manifestamos nuestra solidaridad con los y las sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito, y nos unimos a sus demandas por justicia, el retorno a su territorio, recuperación de sus medios de vida y una reparación digna. En particular, hacemos nuestra su exigencia hacia el Estado de Guatemala para que cumpla lo establecido en los Acuerdos de Paz, en materia de Población Desarraigada, restituyéndoles las tierras que ancestralmente habitaron y que hasta el día de hoy se mantienen bajo control del Ejército de Guatemala. También les acompañamos en su exigencia hacia el Poder Judicial para que continúe con el caso CREOMPAZ y se determine la responsabilidad de la cúpula militar por la desaparición forzada, tortura y asesinato de las 568 personas exhumadas de la Zona Militar No. 21 hasta el momento.
Manifestamos nuestro reconocimiento a las mujeres y a los hombres sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito, quienes han perseverado para alcanzar justicia y reparación digna. Su ejemplo nos anima a continuar en la lucha por verdad, justicia, reparación, y garantías de no-repetición, bases fundamentales para construir la paz.
Firman:
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Impunity Watch
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Oxfam America
- Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
