Gimena Sánchez-Garzoli
Washington, DC—La semana pasada, el presidente colombiano Iván Duque se unió al Procurador General Fernando Carrillo, el Defensor del Pueblo Carlos Negret, y defensores de los derechos humanos en Apartadó para firmar un pacto comprometiéndose a defender a los líderes sociales del país. Duque reiteró que su gobierno está trabajando para desarrollar un conjunto de políticas para detener los homicidios de activistas. Según la oficina del Defensor del Pueblo de Colombia, 342 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), aunque la participación del presidente Duque es un paso positivo, el acuerdo no llega a comprometerse explícitamente con la implementación de todos los aspectos del acuerdo de paz que garantizarían la protección a largo plazo de los líderes sociales, tales como la plena aplicación del Capítulo Étnico que detalla los mecanismos de protección para estas comunidades.
“El gobierno de Colombia debe asegurar que estas muertes horribles tienen que parar y que los perpetradores de esta violencia sufrirán consecuencias” dijo la directora de WOLA para los Andes Gimena Sánchez-Garzoli. “Muchas de las comunidades afrocolombianas e indígenas sufrieron en una manera desproporcionada durante el conflicto de 50 años y esperaban que la paz les traería seguridad. Ahora, ellos están siendo re-victimizados.”
Los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha afectado particularmente a las comunidades étnicas de Colombia: la Organización Nacional Indígena (ONIC) informa que entre noviembre de 2016 y julio de 2018, 68 indígenas fueron asesinados. Y como se señala en la más reciente alerta de seguridad de WOLA, los muertos en la ola de violencia incluyen dos activistas vinculados a la Comisión Étnica para la Paz, el organismo responsable de la implementación de los aspectos claves del histórico acuerdo de paz de 2015 Colombia. También han habido acontecimientos de seguridad inquietantes que involucran la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJ), ganador del premio de derechos humanos de WOLA en 2015. Hay que ver cómo el gobierno de Duque empoderará y protegerá las unidades de enjuiciamiento para que puedan investigar estos homicidios y amenazas en una manera independiente.
“Al traer a los encargados que ordenaron y financiaron estos crímenes ante la corte, se demostratrá que el asesinato de líderes sociales no puede ocurrir con impunidad” dijo Sánchez-Garzoli.
Hay otras medidas que ya existen para asegurar la protección física a los líderes sociales que reportan las amenazas que reciben, incluyendo la creación y despliegue de unidades especiales de policía por todo el país. Sin embargo, como se detalló en una carta dirigida al gobierno colombiano por miembros del Congreso de los Estados Unidos al principio de este año, las protecciones oficiales otorgadas por el gobierno han demostrado ser insuficientes. Los miembros del Congreso han sido vocales en hablar en contra del aumento peligroso de ataques contra defensores de derechos humanos en Colombia, un país donde los Estados Unidos, con la intención de mejorar la seguridad y estabilidad, ha invertido miles de millones de dólares durante un período de 20 años.
“Duque debe asegurar que su compromiso sobre la protección de los líderes sociales será cumplido con una política concreta”, dijo Sánchez-Garzoli. “Ésta es una prueba seria para los primeros días de su presidencia. ¿Tiene la intención de proteger y garantizar los derechos de las comunidades étnicas más vulnerables en Colombia, o sólo va ser un presidente para algunos y no todos los colombianos?”