Guatemala estacionó tanques afuera de las oficinas de la ONU en el país, dio por terminado el mandato de la misión y proscribió a su director como una amenaza a la seguridad nacional. Nicaragua expulsó a un equipo de la ONU un día después de que la organización emitió un informe condenatorio sobre los abusos cometidos por pandillas patrocinadas por el Gobierno.
Ha sido una semana turbulenta de los esfuerzos internacionales para enfrentar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, dos de los problemas más apremiantes en la volátil América Central.
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Tres décadas después de que la ONU fuera garante de un amplio acuerdo para resolver los conflictos armados en la región, los presidentes de Guatemala y Nicaragua han rechazado a la organización.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con EE. UU., mientras que el nicaragüense Daniel Ortega es un enemigo izquierdista de larga data de Washington. Pero, de igual forma, ambos plantean un dilema para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien quiere ponerle freno los flujos migratorios y de drogas, pero quién también ha arremetido contra la ONU.
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“Tanto Morales como Ortega creen que pueden actuar con impunidad frente a la ONU”, consideró Geoff Thale en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos. “¿Están siguiendo la forma en que Donald Trump minimizó el papel de las instituciones internacionales. Y, en este sentido, la ONU en particular?”
Trump, quien tuiteó poco antes de asumir el cargo que la ONU era “sólo un club para que las personas se reúnan, hablen y pasen un buen rato”, retiró a Washington del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le quitó su apoyo a otras agencias de la ONU y se quejó de que Estados Unidos, el mayor donante del organismo mundial, paga demasiado.
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Sin embargo, Nikki Haley, embajadora de Washington ante la ONU, que asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, convocó una reunión sobre la crisis de Nicaragua el pasado miércoles, preguntando, “¿cuánta gente debe más morir antes de que sea una cuestión de paz y seguridad?”
Ortega señala que los disturbios - que han costado entre 300 y 481 vidas - son culpa de los golpistas que hay en su país. Pero el equipo expulsado de la ONU destacó “patrones de violaciones y abusos de derechos humanos” e instó al Gobierno a desarmar a las turbas paramilitares, detener la represión y liberar a los detenidos.
Mientras continúan los disturbios nicaragüenses, la ONU afirmó que seguiría monitoreando la situación de forma remota y que se mantendría como “una voz para las víctimas”.
Asimismo, los ataques a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, ponen presión sobre Estados Unidos y otras de las mayores naciones: ¿deberían retirar su apoyo financiero de Guatemala?
La semana pasada, Joe Biden, exvicepresidente de EE. UU., tuiteó, “La Administración de EE. UU. debe condicionar la asistencia a la operación continua de la CICIG”.
Thale resaltó que Washington había invertido US$44,5 millones en la CICIG desde que se estableció hace una década en un país cuya estabilidad era muy importante para Washington, ya que era la mayor fuente de inmigrantes ilegales en la frontera sur de EE. UU.
Había comprometido otros US$78,4 millones de ayuda estadounidense en el año fiscal 2017 para iniciativas de seguridad, justicia y derechos humanos y US$22,5 millones para los esfuerzos de defensa y antinarcóticos en Guatemala, indicó Thale.
Pero la administración hasta ahora ha guardado silencio sobre la intensificación de las medidas represivas de Morales contra la CICIG, desde que la organización se enfocó en la presunta financiación de campañas ilegales del Presidente.
Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, la cual se expira dentro de un año, y el lunes inició acciones para negarle al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, el reingreso a Guatemala por motivos de seguridad nacional no especificados si intenta regresar esta semana de un viaje que realizó a EE. UU.
Después de un comienzo inestable, la CICIG ha crecido en Guatemala para ser mucho más respetada que la presidencia. Si bien no es inmune a las críticas en el país, ha descubierto más de 80 redes delictivas que implican a más de 1.000 personas. El delito más notable fue una estafa multimillonaria denominada La Línea que derrocó al ex presidente Otto Pérez Molina.
Morales, un excomediante populista elegido en 2016 debido a la ola popular en contra de la alta corrupción - quien había prometido que no sería “ni corrupto, ni ladrón”- tiene en la mira a la CICIG desde que la organización inició una investigación de fraude en contra de su hermano y su hijo hace un año y después se enfocó en el Presidente mismo acerca de estas mismas sospechas.
Hasta el momento, el Congreso ha rechazado los intentos de destitución de Morales, pero el año pasado él intentó declarar como persona non grata a Velásquez, exfiscal colombiano y enemigo del anterior presidente Álvaro Uribe, y ordenó su expulsión. El tribunal constitucional de Guatemala anuló su petición.
El destino de la CICIG podría repercutir más allá de Guatemala. “Me preocupa que la gente vea esto como un problema local. Realmente es un revés para los esfuerzos globales para enfrentar la corrupción”, dejó claro James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative. “Pero no hemos visto respuestas de la ONU y de Washington que dejen en claro que esto es inaceptable”.
Jude Webber
