La eliminación del “pase automático” del Procurador General a la nueva Fiscalía General es un avance positivo, pero aun faltan reformas constitucionales y legales para que la nueva Fiscalía cumpla su objetivo de perseguir delitos y reducir la impunidad y corrupción, y para que el primer Fiscal General de México esté libre de presiones políticas.
Washington, DC—El pasado 27 de agosto se publicó en México una reforma constitucional que elimina el llamado “pase automático” del Procurador General de la República como titular de la nueva Fiscalía General, que será una institución autónoma del Poder Ejecutivo. Antes de esta reforma, el último Procurador General nombrado por el Presidente de la República se convertiría automáticamente en el primer Fiscal General del país y permanecería en el puesto por nueve años, sin pasar por un proceso de selección. Esta situación permitía perpetuar una práctica arraigada en la política mexicana según la cual son los favores políticos—y no el mérito—los que determinan quién ocupará altos cargos en México como, en este caso, el de primer Fiscal General del país.
Esta reforma constitucional venía siendo reclamada públicamente por la sociedad civil mexicana desde noviembre de 2016. Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la eliminación del “pase automático” es un avance positivo, pero aún faltan reformas importantes para que el Fiscal General sea realmente autónomo del poder político y para que la Fiscalía sea una institución capaz de investigar delitos y reducir la impunidad, violencia y corrupción. Entre ellas destaca una reforma integral del artículo 102 de la Constitución que siente bases sólidas para la construcción de la nueva institución y que elimine el pase automático de los funcionarios y personal que actualmente forman parte de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía, sin antes asegurarse de que los funcionarios de la PGR acusados de cometer tortura, obstrucción de la justicia y otros actos ilegales no formarán parte de la nueva institución. También se necesita una Ley Orgánica y un mecanismo que garantice que la transición de la PGR a la Fiscalía General no será un mero cambio de nombre que perpetúe los vicios y prácticas institucionales que han resultado en un sistema de justicia penal ineficiente en México, y en una impunidad generalizada.
“La elección del primer Fiscal General pondrá a prueba la verdadera voluntad de la nueva administración de plantear un antes y un después en la lucha contra la impunidad en México. El respeto por los estándares internacionales de transparencia, publicidad, mérito y participación ciudadana darán la medida de ese compromiso”, señalo Úrsula Indacochea, Oficial de Programa Sénior en DPLF.
WOLA y DPLF consideramos positivos los pasos adelantados por el equipo de transición del nuevo gobierno para construir la Ley Orgánica de la Fiscalía y la apertura a la participación de colectivos de víctimas, grupos de derechos humanos, expertos en justicia—incluyendo los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás—y la academia en las discusiones sobre este tema. Exhortamos al Congreso mexicano para que, en su momento, promueva un debate profundo, serio y técnico sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que será una base fundamental para el futuro de la institución.
“En el nombramiento del primer Fiscal General de México, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el nuevo Congreso mexicano tienen la oportunidad de terminar con una práctica nociva y arraigada en la política mexicana por la cual los nombramientos de altos funcionarios públicos se deciden en función de su cercanía con ciertos grupos políticos y no en función de su capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Subdirectora para México en WOLA.
