Al prohibir las manifestaciones, el gobierno de Nicaragua demuestra su desdén por los derechos humanos básicos y elimina cualquier espacio para la disidencia pacífica

Washington, DC—El 28 de septiembre, la Policía Nacional de Nicaragua declaró que las manifestaciones públicas ahora son ilegales en Nicaragua; al día siguiente, el estado desplegó fuerzas policiales contra manifestantes antigubernamentales quienes intentaban ejercer su derecho básico a la protesta pacífica. Estos eventos fueron precedidas por múltiples y continuos abusos contra el pueblo nicaragüense, incluyendo cientos de arresto ilegales y arbitrarios bajo el amparo de una amplia ley antiterrorista, y la muerte de más de 300 personas desde mediados de abril, la mayoría a manos de fuerzas vinculadas al gobierno.

Al prohibir todas las manifestaciones, las autoridades nicaragüenses esencialmente están señalando que van a seguir violando libertades civiles básicas a pesar de la fuerte condena internacional que enfrentan. Esta flagrante falta de respeto a los derechos humanos solamente aislará aún más al gobierno Ortega-Murillo a nivel internacional, y probablemente resultará en un mayor escrutinio de cómo el gobierno ha violado leyes internacionales de derechos humanos.

El gobierno nicaragüense debe demostrar que está comprometido a buscar soluciones constructivas y pacíficas a la crisis actual del país. Por eso, debe levantar de inmediato la prohibición contra las manifestaciones; cesar todas formas de persecución contra la oposición, y volver a comprometerse con un diálogo serio con la oposición sobre los temas políticos fundamentales que están dividiendo el país. Además, el gobierno de Ortega debe seguir sin demora las recomendaciones recientemente emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las detenciones arbitrarias masivas, así como las recomendaciones emitidas a principios de este año luego de una visita oficial de la CIDH al país.