La represión de grupos sin fines de lucro en Nicaragua es arbitraria y sin fundamento

Washington, DC— Esta mañana, la Asamblea Nacional de Nicaragua revocó la personería jurídica de dos importantes organizaciones de la sociedad civil, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Hagamos Democracia. Esto obligará a las organizaciones a cerrar sus operaciones y sus bienes serán incautados por el Estado. La Asamblea Nacional justificó la medida afirmando que las organizaciones han hecho un uso indebido de su autoridad legal para incitar a la violencia y promover eventos para desestabilizar el país. Sin embargo, no presentaron evidencia alguna para respaldar la acción. La revocación arbitraria y sin fundamento de la personería jurídica de estas organizaciones encaja en un patrón más amplio de represión en contra de grupos y representantes de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos, la justicia y la democracia en Nicaragua, según la Oficina de Washington en América Latina (WOLA).

“Esta acción es un ejemplo más de las acciones del gobierno de Nicaragua para criminalizar y silenciar a organizaciones sociales que de manera legítima defienden los derechos de los nicaragüenses”, dijo la Directora de Seguridad Ciudadana de WOLA, Adriana Beltrán.

CENIDH ha sido una organización líder de derechos humanos en Nicaragua. Durante sus 28 años de trabajo ha defendido a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. CENIDH ha venido documentado los abusos a los derechos humanos que han ocurrido desde mediados de abril. El 10 de diciembre, la policía nicaragüense le negó a CENIDH una solicitud de permiso para realizar una marcha en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, citando que la organización estaba bajo investigación por actos de terrorismo. Además de CENIDH, otros grupos de la sociedad civil han visto revocada su personería jurídica en los últimos días, entre ellos, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización de promoción de la salud y derechos humanos, y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) un tanque de pensamiento de políticas públicas.

“Condenamos enérgicamente toda acción del gobierno que busca intimidar y obstaculizar la valiente labor de organizaciones que están apoyando víctimas de violaciones de derechos humanos en su búsqueda por la verdad, la justicia y la promoción del Estado de derecho en Nicaragua”, dijo Beltrán.