Comunidad internacional debe manifestarse en contra de acciones que buscan destruir el estado de derecho
Washington, DC—El lunes 7 de enero, el gobierno guatemalteco anunció que terminaría unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecida entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas en 2006. Adriana Beltrán, Directora de Seguridad Ciudadana en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió la siguiente declaración en respuesta a estos desarrollos:
“La decisión unilateral del gobierno de Guatemala de denunciar el acuerdo de creación de la CICIG no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino también es una movida evidente por parte del presidente Morales y sus aliados para tratar de garantizar la impunidad de sus actividades ilegales. Esta acción tendrá como resultado la destrucción del Estado de derecho en Guatemala. En los últimos dos años, el gobierno guatemalteco ha tratado de socavar los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad y de poner fin a las investigaciones de gran corrupción. En este proceso, ha intentado repetidamente de desafiar al más alto tribunal de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad debe continuar defendiendo el respeto al Estado de derecho. Asimismo, la comunidad internacional debe condenar enérgicamente las acciones del Gobierno de Guatemala, usar todas las herramientas a su disposición para garantizar la rendición de cuentas de funcionarios públicos corruptos, y apoyar al pueblo de Guatemala el cual ha estado exigiendo un fin a la corrupción e impunidad en el país”.
