(Foto AP/Rebecca Blackwell)
(Foto AP/Rebecca Blackwell)
Ginebra, Ciudad de México, Nueva York, Paris, San José, Stuttgart y Washington, DC—Las organizaciones firmantes que integramos el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México queremos expresar nuestra gran preocupación por la posible reforma a la Constitución mexicana para crear una Guardia Nacional como nuevo organismo de seguridad pública, medida que agravaría la militarización de la seguridad en México.
La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en este contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad.
Además, la discusión actual en el Congreso contradice los estándares internacionales y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas, los cuales establecen que las tareas de orden y seguridad pública deben estar reservadas a las fuerzas policiales civiles, dado, entre otros motivos, que el entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva conforme a los derechos humanos.
En el año 2010, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, evidenciaron hechos en los que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en México, derivaron en violaciones a derechos humanos. Más recientemente, las sentencias contra el Estado mexicano emitidas a finales de 2018 en los casos de tortura sexual contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por parte de agentes policiales, y las desapariciones forzadas en el caso Alvarado Espinoza a manos de miembros del Ejército en Chihuahua, no solo reafirmaron la urgencia de la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales, sino también la importancia de fortalecer los cuerpos civiles para el establecimiento de una política de seguridad basada en estándares internacionales.
Aunado a ello, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, la Corte señaló que la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad y excepcionalidad. Igualmente, la sentencia en el caso Alvarado Espinoza reafirma que la seguridad ciudadana debe reservarse primariamente a los cuerpos policiales civiles. En el caso Atenco, la Corte reiteró lo que múltiples organismos internacionales han instado hacer al gobierno mexicano: fortalecer las fuerzas civiles de seguridad. En este mismo sentido se pronunció el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018.
Como coalición de 10 organizaciones internacionales comprometidas con los derechos humanos, hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar alternativas al plan de reemplazar a la policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Observatorio Internacional considera esencial la lucha contra la impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio estructural que necesita México, al ser los elementos claves para fortalecer el Estado de Derecho.
Organizaciones firmantes:
ACAT France
Amnesty International
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Due Process of Law Foundation, DPLF
Latin America Working Group, LAWG
Open Society Justice Initiative, OSJI
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
World Organisation Against Torture (OMCT)
