(Foto AP/Marco Ugarte)
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Washington, DC—Se espera que hoy la Cámara de Diputados del Congreso de México vote para crear una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, que cumpla una de las principales propuestas de política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las reformas constitucionales, que luego tendrán que ser aprobadas por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor, habían atraído importantes críticas por profundizar la dependencia de México en el uso de los militares en un papel policial, aunque esto no ha logrado reducir la violencia en el país y ha provocado graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, gracias a la presión de la sociedad civil mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones internacionales y las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, el Senado de México impulsó importantes cambios en el proyecto de decreto para modificar varios artículos de la Constitución, abordando muchas de estas preocupaciones.
Los cambios establecen a la Guardia Nacional como una fuerza civil bajo control civil en lugar de militar, mientras que los artículos transitorios establecen un límite de cinco años en el uso de militares en tareas de seguridad pública hasta que la Guardia Nacional entre en pleno funcionamiento. Sin embargo, a medida que el Congreso de México pasa a redactar un conjunto de leyes que determinarán cómo funciona la Guardia Nacional y otras regulaciones de seguridad, es esencial que el gobierno garantice que estas leyes cumplan con los estándares y recomendaciones internacionales, al mismo tiempo que garantice la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados y miembros de la Guardia Nacional, dice la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no ha creado un México más seguro, más justo o más pacífico”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “Preservar la naturaleza civil de la Guardia Nacional en la Constitución es un importante reconocimiento de la urgente necesidad de un nuevo enfoque de la seguridad pública. Ahora las autoridades mexicanas deben comprometerse a garantizar que el fortalecimiento de las fuerzas policiales civiles se convierta en una realidad y que la dependencia en las fuerzas armadas sea verdaderamente temporal”, dijo Meyer.
Ahora el Congreso tendrá que aprobar tres nuevas leyes adicionales dentro de un período de 60 a 120 días: la Ley Orgánica que definirá la jerarquía interna, disciplina y capacitación de la Guardia Nacional y los procedimientos de reclutamiento, así como la forma en que la nueva fuerza se coordinará con otras fuerzas de seguridad pública; una ley sobre el uso de la fuerza que se aplicará a todas las fuerzas de seguridad; y una tercera ley que creará un nuevo registro nacional de detenciones, que pretende combatir las detenciones ilegales y arbitrarias.
“El gobierno mexicano tiene una oportunidad importante para construir una Guardia Nacional que respeta los derechos humanos y que sea capaz de combatir la delincuencia y ganarse la confianza del pueblo mexicano”, dijo Meyer. “La manera en que el Congreso implemente las leyes relacionadas con la Guardia Nacional, y la manera en que López Obrador utiliza las fuerzas armadas en la seguridad pública durante su sexenio, determinarán si México realmente se está alejando de la militarización de la seguridad pública”.
Si bien la Guardia Nacional reemplazará a la Policía Federal, sus miembros inicialmente serán reclutados de esa institución, así como de la Policía Militar, la Policía Naval y algunos miembros de las fuerzas armadas. Cualquier miembro de la Guardia Nacional acusado de cometer un delito será procesado en tribunales civiles en lugar de militares. Sin embargo, la experiencia muestra que el sistema de justicia civil mexicano ha fracasado en investigar y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
“Las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido delitos y violaciones de derechos humanos con casi total impunidad. Mientras el gobierno establece el marco para la Guardia Nacional, debe comprometerse a que los miembros de la nueva fuerza y los soldados que ordenan y cometen violaciones a los derechos humanos rindan cuentas por sus acciones”, dijo Meyer.
