(AP Photo/Salvador Melendez)
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En el Día Internacional del Derecho a la Verdad, El Salvador debe comprometerse a honrar los derechos de las víctimas
Washington, DC— Ante una ola de críticas, tanto nacionales como internacionales, de una ley propuesta que detendría las investigaciones sobre crímenes de guerra en El Salvador, el representante que presentó la propuesta renunció al comité especial de la Asamblea Nacional sobre reconciliación y justicia transicional. En la víspera del aniversario del asesinato del arzobispo Oscar Romero el 24 de marzo de 1980, El Salvador continúa luchando con los asuntos de justicia, verdad y reparación derivados de su guerra civil que duró décadas. Según el grupo de investigación y defensa, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mientras que por un lado El Salvador ha visto algunos avances en este frente en los últimos años, el proyecto de ley sirve como un recordatorio del impacto persistente de la guerra y es representativo del tipo de rechazo que los esfuerzos para promover la justicia y la responsabilidad continuarán atrayendo.
“Esta llamada ley de reconciliación es una terrible afrenta para las familias de las víctimas del conflicto, que han pasado décadas luchando por la verdad y la justicia. No es sorprendente que haya habido tal reacción en su contra”, dijo el Vicepresidente para Programas de WOLA, Geoff Thale. “En un día que conmemora al arzobispo Romero y su lucha por los derechos humanos, la Asamblea Nacional salvadoreña puede honrar su legado al dejar este proyecto de ley y avanzar una nueva ley de reconciliación que realmente satisfaga las demandas de verdad y justicia”.
La propuesta ley de “reconciliación nacional”, que aún no se ha finalizado o debatido formalmente, detendría todos los juicios actuales relacionados con delitos en contra los derechos humanos cometidos durante los 12 años de guerra civil en El Salvador (1980-1992). Permitiría que se investigara un conjunto limitado de crímenes de guerra, pero prohibiría cualquier enjuiciamiento en el futuro. Líderes de la Iglesia Católica, grupos de derechos humanos, grupos de la sociedad civil y organizaciones de víctimas en el país han condenado el proyecto de ley. Además, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha retirado su apoyo al proyecto de ley. Internacionalmente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la propuesta; al igual que las familias de las eclesiásticas estadounidenses asesinadas en El Salvador en 1980, así como más de 180 académicos en una carta dirigida a la Asamblea Nacional salvadoreña. Mientras el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que rechazará la ley, esto podría hacer que los miembros de la Asamblea Nacional intenten obtener una versión del proyecto de ley aprobada y autorizada por el presidente Salvador Sánchez Cerén antes de la inauguración de Bukele el 1 de junio.
“Ahora es el momento para que el gobierno de los EE. UU. y otros miembros de la comunidad internacional que han apoyado la lucha de El Salvador contra la impunidad, enfaticen la importancia de defender los derechos humanos y la responsabilidad en El Salvador”, dijo Thale.
Hay varias investigaciones importantes de crímenes de guerra en curso en El Salvador. Esto incluye la reapertura de investigaciones sobre el papel desempeñado por las fuerzas armadas en la masacre de El Mozote en 1981 y el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y su hija.
“El avance que ha logrado El Salvador en la investigación y reapertura de los juicios por crímenes de guerra ha provocado reacciones fuertes por parte de quienes prefieren que la impunidad permanezca”, dijo Thale.
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