CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia estadunidense para el desarrollo en América Central, diseñada especialmente para frenar la migración, rebosa en promesas, pero carece de dinero suficiente para 2019. Así lo consigna el reporte La estrategia de EU para acciones en América Central: temas de política para el Congreso, elaborado por el especialista en asuntos latinoamericanos Peter J. Meyer para el Servicio de Investigación Legislativa -adscrito al congreso de ese país- y consultado por el reportero. Para este año, el gobierno del republicano Donald Trump solicitó 436 millones de dólares para continuar con la ejecución de la Estrategia de EU para Acciones en América Central, enfocada especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras –que forman el llamado Triángulo del Norte (TN)-. Esa petición implica una caída de la ayuda a la región en 30 por ciento en comparación con 2018, aunque permanecería por encima del monto asignado de 2010 a 2014 cuando los fondos anuales totalizaron 376 millones, indica el informe, fechado el 8 de enero y de 36 páginas de extensión. Pero la Cámara de Representantes, ahora bajo control del Partido Demócrata, y el Senado, dominado por los republicanos, han contrariado a Trump y han previsto asignaciones por unos 600 millones, de igual modo un nivel menor al presupuesto de 2018. Debido a la disputa entre la Cámara y la Casa Blanca por desacuerdos presupuestarios, el Congreso aún no discute el aval al monto designado. Desde 2016, el legislativo ha destinado unos 2 mil 100 millones de dólares para la estrategia en América Central. Esa cifra incluye 754 millones en 2016, 700 millones en 2017 y unos 627 millones el año pasado. El congreso ha impuesto condiciones estrictas sobre la ayuda y ha requerido de los gobiernos centroamericanos acciones para abordar temas como seguridad fronteriza, corrupción y derechos humanos, lo cual ha retrasado la erogación de los fondos. La administración Trump ha mantenido la estrategia de acciones, pero la ajustó con un énfasis mayor en la prevención de la migración ilegal, el combate al crimen transnacional y la creación de mayores oportunidades de exportación e inversión para las empresas de EU. Su gobierno también ha buscado la reducción de la asistencia para Centroamérica, intento rechazado por el Congreso, en una postura contraria a la adoptada junto con México en diciembre pasado. Ambas cámaras “deben ponerse de acuerdo. El congreso esta comprometido a dar más dinero que el presidente. Pero la asignación aún no llega a los niveles previos”, señala Geoff Thale, vicepresidente de Programas de la estadunidense Oficina en Washington para América Latina (WOLA). Durante la segunda parte de su mandato, el demócrata Barack Obama (2008-2016) intensificó el apoyo estadunidense al TN, al lanzar la Estrategia de EU para Acciones en América Central e incrementó significativamente la ayuda a la región. El plan adoptó un enfoque más integral que iniciativas previas y parte de que los esfuerzos para promover la prosperidad y seguridad y fortificar la gobernanza se complementan y son de igual importancia. Se trata de una iniciativa complementaria del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, lanzado en noviembre de 2014 por EU y los tres países y de cinco años de duración -diseñado para mejorar las condiciones socioeconómicas de la zona y atraer más capital privado-. La estrategia se centra en fomentar la prosperidad y la integración regional; fortalecer la gobernanza y mejorar la seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad aprobó el plan en agosto de 2014 y en septiembre de ese año se volvió obligatorio para todas las agencias estadunidenses. Aunque el congreso ordenó a la administración Trump revisar y actualizar el conjunto de medidas, la versión más reciente, divulgada en agosto de 2017, preserva los objetivos delineados por el gobierno de Obama en 2014. Al acotar la asistencia y reorientarla a programas de seguridad, la administración Trump reimpondría el enfoque tradicional vigente hasta antes de la estrategia para América Central y considerada fallida por el propio gobierno de EU. El Monitor Centroamericano, elaborado por WOLA para rastrear la cooperación estadunidense con la región, indica que EU destinó 266 millones 555 mil a seguridad, justicia y prevención de la violencia en en 2016, monto que se contrajo a 233 millones 830 mil al año siguiente. Mientras, el rubro de crecimiento económico, seguridad alimentaria y desarrollo social y rural recibió más fondos –236 millones 591 mil dólares- que el de gobernanza, transparencia y derechos humanos –114 millones 363 mil-. Ambos ramos también sufrieron recortes en 2017. En 2016, El Salvador acogió 153 millones 109 mil para los cuatro sectores, presupuesto que bajó ligeramente a 149 millones 58 mil dólares en 2017. Pero Guatemala y Honduras padecieron disminuciones más pronunciadas, ya que el primero fue recipiendario de 254 millones 377 mil el primer año y 177 millones 804 mil al siguiente. En el caso de Honduras, esas cifras se situaron en 209 millones 200 mil y 181 millones 758 mil, respectivamente. Mientras Guatemala captó más ayuda para crecimiento económico, seguridad alimentaria y desarrollo social y rural en 2016 y 2017, El Salvador y Honduras recibieron más recursos para seguridad, justicia y prevención de la violencia. “Los flujos de narcóticos y migrantes son el síntoma más reciente de retos profundos en varios países de la región, además de inseguridad, sistemas políticos y judiciales frágiles y altos niveles de pobreza y desempleo. Las condiciones de vida aún tienen que mejorar significativamente”, diagnostica el estudio de CRS. En diciembre último, luego de tomar posesión, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Trump acordaron apoyo al TN, donde EU invertirá unos 4 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Mientras, el gobierno mexicano pondrá 25 mil millones en el sureste mexicano en ese lapso. En el caso de EU, nada diferente al contenido de la Alianza para la Prosperidad. Los comités de Asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes reportaron sus propuestas presupuestarias respectivas el 21 de junio y el 16 de julio últimos. La iniciativa senatorial habría proveído de 515 millones de dólares para la estrategia centroamericana y la del congreso, 595 millones. Mas ninguna recibió respaldo partidario y el plazo legislativo para aprobar medidas semejantes expiró el 21 de diciembre pasado. Para el analista independiente Arturo Matute, el encogimiento financiero impactaría más al sector judicial que al de seguridad, contrariamente a la pretensión de EU. “Se ve con preocupación las decisiones del gobierno (de Trump) de recortar el apoyo al desarrollo de la región. EU tiene una historia de énfasis en seguridad pero también durante las dos últimas décadas ha habido apoyo fuerte al fortalecimiento institucional de la justicia y el desarrollo económico. El hecho de que se corte el apoyo financiero lamentablemente puede afectar más a estas últimas líneas, más que a instituciones de seguridad”, comenta al reportero.  Resultados inciertos “El congreso podría deliberar sobre los niveles de financiamiento y la estrategia necesaria para lograr los objetivos de EU, cómo los gobiernos centroamericanos abordan reformas internas, la utilidad de las condiciones impuestas para obtener la ayuda”, plantea el reporte de CRS. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2018 impuso 12 condiciones para entregar el apoyo centroamericano. Entre ellas figuran combate a la corrupción, introducción de reformas para fortalecer la transparencia y las instituciones públicas; combate al crimen organizado; persecución de violaciones a derechos humanos; medidas de apoyo a jóvenes y en áreas expulsoras de migrantes; creación de policía civil y la salida de los militares de tareas de vigilancia pública y aumento de recaudación fiscal. Además, esa ley estipula que 50 por ciento de la asistencia para los tres países no fluya hasta que el Departamento de Estado (DE) certifique que cada gobierno haya cumplido con esos requerimientos El DE emitió la certificación de esas condiciones para las tres naciones en 2016 y 2017 para la entrega del financiamiento, pero aún no ha procedido de esa forma respecto a 2018 Otro lado flaco del plan es su carencia de resultados. “Es muy pronto para evaluar el impacto de la iniciativa”, señala el reporte legislativo. El DE y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo diseñaron 42 indicadores para monitorear el progreso de cada meta de la estrategia, pero no se sabe los logros de las agencias pues su más reciente reporte al Congreso contiene datos incompletos. “Es muy difícil imaginar que gobiernos como el de Guatemala cumplan con las condiciones. El Departamento de Estado enfrentará una situación muy difícil para certificar la entrega de los fondos, pues hay muchas preguntas difíciles que responder. Pero teme que, si no certifican, el dinero se perderá y EU quiere ejecutar los proyectos”, pondera Thale. A su juicio, el fortalecimiento del estado de derecho depende del compromiso político de los países del TN y del apoyo financiero y técnico de los donantes. “Sin ese compromiso, no importa la cantidad de dinero destinada”, alerta. En ese sentido, el informe de CRS plantea que “el congreso podría también centrarse en aquellos individuos que buscan subvertir las reformas” en marcha en el TN. Una cláusula de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018 requiere al secretario de Estado que, en consultas con el Departamento de Defensa y otras agencias, elabore una lista de funcionarios guatemaltecos, hondureños y salvadoreños involucrados en corrupción o narcotráfico. Los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, así como los de Defensa de ambas instancias, deben recibir un reporte al respecto en los próximos días. Matute destaca el papel del congreso estadunidense en la ejecución de los planes para el TN. “Pueden entender que los intereses de EU van a ser mejor servidos si se brindan los servicios básicos en la región y que pueden evitar la migración”, una de las mayores preocupaciones de la administración Trump, bosqueja el experto. Tanto Thale como Matute alertan de los retrocesos en la gobernabilidad democrática ocurridos especialmente en Guatemala y Honduras en el último año y que ponen entre signos de interrogación la obtención de las metas.