(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
Washington, DC—Un informe preparado por organizaciones locales afrocolombianas detalla cómo la incapacidad del gobierno colombiano de implementar plenamente su histórico acuerdo de paz ha dejado mujeres Afrodescendientes defensoras de derechos humanos en mayor riesgo, sin acceso a la justicia. El informe fue copatrocinado por Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Cali, MADRE, y el movimiento de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus identidades diversas, con el apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género de la Facultad de Derecho de la City University of New York (CUNY).
El informe examina cómo la falta de aplicación de leyes y otras programas claves para implementación de la paz ha generado condiciones de violencia consistentes y sistemáticas contra las mujeres afrocolombianas. Según el informe, debido a estas condiciones persistentes, es aún más importante que el gobierno colombiano tome medidas para implementar plenamente los aspectos del acuerdo de 2016, para finalmente traer la paz, la justicia, y la seguridad a las comunidades étnicas en áreas históricamente afectadas por conflictos.
“Las mujeres Afrodescendientes en Colombia están haciendo el trabajo necesario para alentar a los miembros de su comunidad a hablar sobre la violencia de género y otras injusticias, para que las sobrevivientes y sus comunidades puedan curarse”, dijo Yifat Susskind, Directora Ejecutiva de MADRE. “Este es el tipo de reconstrucción que ayudará a Colombia a lograr una paz significativa, y el papel y las voces de las mujeres Afrodescendientes deben elevarse en este proceso. Se debe consultar tanto a las mujeres Afrodescendientes en Colombia como a sus comunidades, y ellas deben participar de manera significativa a medida que avanza la implementación de la paz y aparecen en el horizonte las conversaciones sobre la paz con el ELN,” dijo Susskind.
El informe es basado en entrevistas con defensores de derechos humanos afrocolombianos, informes de derechos humanos, fuentes de noticias, datos gubernamentales y otros documentos. El informe identifica varias amenazas que enfrentan las mujeres líderes afrocolombianas, incluyendo: la falta de acceso a la justicia y servicios de salud para los sobrevivientes de la violencia relacionada con el conflicto, la falta de voluntad política para proteger sus derechos a la tierra, y la falta de cumplimiento con el “Capítulo étnico” del acuerdo del 2016, como de otras disposiciones de justicia de género incluido en el acuerdo.
Aunque Colombia si ha registrado un aumento dramático en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de los acuerdos, la falta de datos oficiales hace que sea difícil evaluar cuantitativamente cómo este fenómeno ha impactado específicamente a las mujeres afrocolombianas. El informe encontró que el Registro Único de Victimas en el Instituto Nacional de Salud registró 24,576 víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2017. Los datos también muestran que estos delitos generalmente quedan impunes: a finales de 2017, la Fiscalía General había emitido acusaciones en el 17% de los casos de violencia sexual, sin embargo, solo el 5% dio lugar a condenas.
“Colombia ya tiene muchas leyes vigentes sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto, y otros delitos que son sufridos de manera desproporcionada por mujeres Afrodescendientes defensoras de derechos humanos”, dijo la Directora de WOLA para los Andes Gimena Sánchez Garzoli. “Lo que falta es la voluntad política para imponer estas leyes”.
El informe, que se presentó ante la Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en Ginebra el 26 de febrero, enfatiza la necesidad de que el gobierno colombiano consulte con las comunidades afrocolombianas para mejor desarrollar e implementar medidas de protección que realmente funcionen. Algunos ejemplos descritos en el informe demuestran cómo el gobierno ocasionalmente ha proporcionado medidas de “protección” ineficaces. Esto incluye la asignación de guardaespaldas blancos en comunidades predominantemente afro, lo cual solo sirve para hacer las defensoras más visibles y vulnerables y en riesgo. Adicionalmente, el creciente ambiente de criminalización hacia las defensoras de derechos humanos, debido a la retórica y ciertas acciones del gobierno, también ha aumentado la vulnerabilidad que viven las mujeres en estas comunidades.