El Senado de México debería nombrar una nueva ministra idónea e independiente para la Suprema Corte

En las últimas semanas, el Senado mexicano ha venido evaluando a las tres candidatas nominadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país. El Pleno del Senado tiene previsto seleccionar a la nueva ministra el próximo 12 de marzo.

Las comparecencias públicas realizadas el pasado 4 de marzo ante el Senado pusieron en evidencia las posturas de las candidatas respecto de varios temas, incluyendo la igualdad de derechos de las personas LGBTI en relación a la adopción y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Las candidatas dieron varias respuestas que produjeron preocupación en la sociedad civil mexicana e internacional.

Según las respuestas de las candidatas, si alguna llegase a ser nombrada a la Suprema Corte, podría consumarse un grave retroceso en materia de protección de los derechos humanos en el país, no solo reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte, sino también en la propia jurisprudencia de la Corte.

De otro lado, las tres candidatas han sido severamente cuestionadas por la sociedad civil por su cercanía con el partido político del Presidente López Obrador. Una de las candidatas militó dentro del partido activamente hasta hace poco. Otra incluso había postulado a un cargo de gobernadora por dicha fuerza política. La tercera candidata ha sido fuertemente cuestionada por posibles conflictos de interés, dado que mantiene vínculos personales y estrechos con el entorno presidencial; también ha desempeñado cargos anteriores al interior de la magistratura, desde los cuales habría favorecido la designación de personas no idóneas ni calificadas para el cargo en el sistema de justicia.

Las organizaciones internacionales firmantes hemos venido monitoreando el mencionado proceso de selección desde su inicio. Vemos con preocupación que, pese a existir elementos que cuestionan la independencia de las candidatas respecto del poder político, y a sus posturas regresivas en materia de derechos humanos, han sido consideradas idóneas y elegibles por la Comisión de Justicia del Senado.

De acuerdo con los estándares internacionales sobre independencia judicial, la elección de altas autoridades del sistema de justicia debe basarse en el mérito y en las capacidades de los aspirantes y en la ausencia de circunstancias que puedan comprometer su independencia, especialmente cuando la elección se encuentra a cargo de órganos políticos.

Hacemos un llamado al Senado mexicano, a considerar la independencia del máximo órgano de justicia como criterio fundamental al momento de adoptar la decisión, y a dejar de lado las consignas partidarias para adoptar un voto de consciencia que priorice el fortalecimiento del sistema de justicia mexicano.

Organizaciones firmantes:

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)