WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Foto AP/Luis Romero)

23 May 2019 | Aviso de prensa

La legislatura de El Salvador debe respetar los derechos de las víctimas y abandonar el debate sobre la propuesta de amnistía

La prisa por aprobar una nueva ley de amnistía sería un intento evidente de asegurar la impunidad por los crímenes de guerra

Washington, DC — Los informes de prensa indican que la Asamblea Legislativa de El Salvador está avanzando el debate para aprobar una nueva ley de amnistía para crímenes de guerra antes de que el Presidente electo Nayib Bukele asuma el cargo el 1 de junio. No está claro en qué medida esta propuesta diferiría de la anterior que habría puesto fin a todos los procesos judiciales actuales y habría bloqueado todas las condenas relacionadas con delitos contra los derechos humanos cometidos durante los 12 años de guerra civil de El Salvador (1980-1992). Es esencial que los legisladores salvadoreños solo avancen con una propuesta que satisfaga las demandas de las familias y las víctimas que buscan la verdad y la justicia por los crímenes de guerra, dijo el grupo de investigación e incidencia de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

“Si bien aún no se conocen todos los detalles de la nueva propuesta, sería muy preocupante que la Asamblea legislativa de El Salvador acelerara una propuesta que negara el derecho de las víctimas y sobrevivientes a la justicia y la verdad”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente para Programas en WOLA.

La Asamblea Legislativa de El Salvador votó a favor de bloquear los juicios por crímenes de guerra en 1993, pero la Corte Suprema de Justicia del país lo anuló en 2016. Esa sentencia ha permitido nuevos juicios e investigaciones en varios casos importantes de derechos humanos en tiempos de guerra, como la masacre de El Mozote en 1981, en los cuales más de 800 civiles murieron a manos de los militares. Una comisión ad hoc de legisladores, encargada de desarrollar una nueva legislación de “reconciliación nacional” para reemplazar la ley de 1993, había presentado previamente una propuesta que otorgaba una amnistía a los condenados o a los que estaban bajo investigación por crímenes de guerra. Esta propuesta fue ampliamente denunciada por el Arzobispo de San Salvador, grupos de víctimas y familias, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH por sus siglas en inglés), abogados internacionales de derechos humanos y académicos, entre otros.

“La comunidad internacional, incluyendo a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, se escandalizarían si la Asamblea Legislativa de El Salvador intentara restablecer la amnistía para quienes cometieron graves abusos contra los derechos humanos durante el conflicto armado”, dijo Thale.

El presidente electo, Nayib Bukele, ha criticado los esfuerzos reportados por los legisladores para acelerar el debate y la aprobación de la nueva ley de “reconciliación nacional”. Anteriormente, afirmó que vetaría cualquier propuesta de amnistía a los acusados ​​o condenados por crímenes de guerra.

“El presidente Sánchez Cerén mancharía su legado si uno de sus últimos actos fuera aprobar cualquier propuesta que, bajo el disfraz de ‘reconciliación’, protege a los culpables de abusos y deje a las víctimas sin esperanza ni justicia”, dijo Thale.