(AP Photo/Rodrigo Abd)
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Las recientes declaraciones de funcionarios públicos que atacan a los medios de comunicación independientes de Perú son el más reciente ejemplo del continuo y frecuente hostigamiento y criminalización que sufren los periodistas y defensores de los derechos humanos en ese país. Como lo documentó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el periodista de investigación Gustavo Gorriti y su sitio de noticias, IDL-Reporteros, reportaron haber recibido múltiples amenazas luego de que un miembro del Congreso y un ex ministro culparan a los medios de comunicación, y a Gorriti específicamente, por el suicidio del ex presidente Alan García el 17 de abril. Para las organizaciones firmantes, esta crítica al periodismo independiente es un síntoma del fracaso general del estado peruano en defender y proteger el trabajo vital de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
“Los funcionarios del gobierno deben permitir el trabajo crítico de los periodistas y defensores de derechos humanos en Perú, no atacarlos ni llamarlos asesinos”, dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
Los informes de Gorriti e IDL-Reporteros han desempeñado un papel fundamental al revelar algunos de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Perú, incluyendo los que involucran a García. Como resultado de estos informes, IDL-Reporteros ha sufrido ataques y hostigamiento judicial, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse el año pasado en contra de las restricciones a la libertad de prensa en Perú.
“Investigar y exponer la corrupción es un papel esencial de la prensa, que requiere de valentía. Nos preocupa el incremento del hostigamiento e intimidación a periodistas y defensores de derechos humanos por parte de funcionarios judiciales y estatales en el Perú”, dijo Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
De manera similar a IDL-Reporteros, varios medios de comunicación y defensores de los derechos humanos han experimentado recientemente campañas de hostigamiento judicial sistemático en Perú. Según la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos del Perú, varias reformas legales y constitucionales han facilitado que los activistas terminen en los tribunales por cargos falsos, como “perturbar la paz” en protestas. A partir de 2017, más de 800 defensores se enfrentan a procesos penales. De manera similar, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú ha señalado que el acoso judicial ha superado a la violencia física como la mayor amenaza para los reporteros. Por ejemplo, los periodistas Paula Ugaz y Pedro Salinas enfrentaron cargos de difamación por su trabajo periodístico en el escándalo de abuso sexual del Sodalicio de Vida Cristiana. Recientemente, los cargos contra ellos fueron retirados.
“Las autoridades peruanas deben dejar de usar la retórica inflamatoria y usar los tribunales para intimidar a aquellos que defienden la democracia del país”, dijo Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés). “Los periodistas y defensores de derechos humanos deben ser reconocidos y protegidos, no intimidados para guardar silencio”.
