Washington, DC—Durante la semana del 20 de mayo, representantes de organizaciones líderes de derechos humanos de todo el hemisferio se reunieron en Washington, DC para reunirse con funcionarias y funcionarios estadounidenses y abogar por una respuesta humana, colectiva y regional a la crisis de desplazamiento que ha obligado a 3.7 millones de ciudadanas y ciudadanos venezolanos a huir de su país. En reuniones de incidencia con oficinas claves en el Congreso y el Departamento del Estado de EE.UU., la delegación presentó propuestas que exigen no solo que el gobierno de EE.UU. proporcione más recursos para la respuesta regional, sino que los países de América Latina adopten soluciones estructurales que amplíen el acceso a un estado regular y a servicios esenciales.
La delegación incluyó representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela, Missão Paz en Brasil, Dejusticia en Colombia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Dirigieron reuniones informativas en el Senado y la Cámara de Representantes el 22 de mayo antes de asistir a un evento en la Facultad de Derecho de American University, en la que expertos discutieron los estándares legales internacionales para proteger a los migrantes y refugiados. El 23 de mayo, la delegación participó en un simposio en Georgetown University, donde guiaron una discusión sobre la crisis de desplazamiento regional. Luego algunos miembros de la delegación participaron en una entrevista televisada para NTN24, un canal de noticias internacional con espectadores por las Américas. Para concluir la visita, la delegación se reunió con funcionarios en el Departamento del Estado para discutir el papel de EE.UU. en una respuesta regional.
Las organizaciones participantes están unidas en el mismo objetivo de desarrollar una respuesta duradera coordinada por los países de la región para defender los derechos de las venezolanas y venezolanos que huyen. Creemos que si bien cada país tiene sus desafíos políticos, toda la región debe comprometerse con un conjunto de estándares mínimos para satisfacer las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, incluido el acceso a un estado regular, el empleo formal, educación y atención médica. Estamos trabajando conjuntamente para desarrollar una respuesta humanitaria cohesiva, resistir las políticas y acciones xenofóbicas y establecer normativas claras para que los gobiernos identifiquen y respondan a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas cuando lleguen a los países de destino.
