A través de la campaña #LiberarlasEsJusticia, organizaciones de derechos humanos piden al gobierno federal establecer un mecanismo legal que permita la liberación de mujeres que se encuentran en prisiones por estar ligadas a delitos contra la salud.
Lo anterior, ya que las organizaciones EQUIS Justicia para las Mujeres y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) consideran que miles de mujeres actualmente privadas de la libertad “han sido víctimas de una política de combate a las drogas que ha causado mucho daño a nuestro país”. En cambio, proponen “implementar estrategias integrales de reinserción social”.
La campaña está respaldada por la senadora de Morena Citlalli Hernández Mora, quien junto a las dos organizaciones anunció el lanzamiento de a campaña #LiberarlasEsJusticia.
Tanto EQUIS Justicia como WOLA consideran que el impacto que las políticas de drogas prohibicionistas y punitivas tienen sobre las mujeres y su entorno es “severo y desproporcionado”.
“Cuando una mujer es encarcelada por delitos relacionados con drogas, hay graves consecuencias para su familia, su comunidad, y su entorno general”, dice Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia, en un comunicado.
“Al encarcelar a una mujer por delitos contra la salud, el Estado no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que la han llevado a realizar tales actividades o las historias de violencia, sobre todo sexual, que muchas de ellas han sufrido. Ellas son presas políticas, presas de una política de seguridad que, hasta ahora, no ha funcionado”, asegura la directora de la organización.
Según datos de EQUIS Justicia, actualmente en México, existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, las cuales, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
“Madres, embarazadas, indígenas, y trabajadoras del campo con dependientes económicos son las más afectadas, pues el Estado no toma en cuenta su identidad, ni las condiciones que las llevan a involucrarse en estos delitos no violentos, desempeñando roles de bajo nivel”, dice el comunicado.
Y agrega: “Muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y la necesidad de apoyar a sus dependientes económicos; otras consideran una obligación obedecer a sus parejas o familiares que están involucrados en el tráfico de drogas”.
Las promoventes de la campaña aseguran que “estas mujeres no son una amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el tráfico de drogas o mejorar la seguridad pública”.
“La guerra contra las drogas es una estrategia fallida que ha resultado en la encarcelación injusta de miles de mujeres en México y las Américas. Otros países como Ecuador, Bolivia, e incluso, los Estados Unidos han adoptado mecanismos para reducir la población carcelaria por delitos de drogas”, dice Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA, en el documento.
MM