(Foto AP/ Moises Castillo)

5 Aug 2019 | Pronunciamiento conjunto

Corte Suprema de Guatemala debe respetar la independencia de la Corte de Constitucionalidad

Ciudad de Guatemala, Washington DC y San José, 2 de agosto de 2019—Las organizaciones internacionales expresamos nuestra preocupación por los constantes ataques en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala.

Consideramos que la reciente querella que presentó la Comisión Permanente del Congreso de la República en contra de los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco De Matta Vela es improcedente y viola el artículo 167 de la Ley de Amparo, el cual establece que los magistrados de esta Corte “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

Los magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones; ésta es una garantía esencial para el ejercicio independiente de sus funciones.

La Corte Suprema de Justicia debe rechazar in limine esta querella porque atenta contra la independencia judicial y claramente se trata de una represalia de algunos diputados del Congreso en contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por la resolución que suspendió el trámite legislativo de la iniciativa 5377 sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad es coherente con la Constitución y con los estándares internacionales que prohíben la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos.

En pleno cumplimiento de sus obligaciones, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional a las víctimas del conflicto armado interno ante el inminente riesgo de que la iniciativa de ley 5377 fuera aprobada y cobrara vigencia, con lo cual hubieran quedado en libertad inmediata acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El 12 de marzo de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Guatemala interrumpir el trámite legislativo y archivar la iniciativa de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional. Todos los organismos del Estado están obligados a acatar la resolución de este alto tribunal internacional y a garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, generarán nuevas responsabilidades internacionales al Estado guatemalteco.

Finalmente le recordamos a las autoridades guatemaltecas que, en el marco del Estado de Derecho, todos los órganos del Estado deben respetar la independencia judicial de las cortes y cumplir las resoluciones que estas emitan.

Este pronunciamiento conjunto fue apoyado por los siguientes organizaciones:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights