(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
En las primeras horas de la mañana del 29 de agosto, Iván Márquez, antiguo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y principal negociador de paz en la Habana, se unió con otros dos antiguos comandantes guerrilleros para anunciar su regreso a las armas, casi tres años después de la histórica firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Su decisión es un llamado de alerta para la mayoría de los colombianos y la comunidad internacional que está comprometida con la paz: el momento crítico para redoblar los esfuerzos y asegurar la implementación completa de los acuerdos de paz es ahora.
Este nuevo llamado a las armas es una reacción a la falta de voluntad política para implementar todos los aspectos del proceso de paz y al perturbador incremento de la violencia en los últimos años, tanto por acciones de grupos armados, como ataques a líderes sociales, que ha impedido la realización de las promesas más transformativas del acuerdo, como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, y los espacios políticos seguros para la oposición pacífica.
En particular, las carencias del gobierno colombiano en apoyar la reintegración de excombatientes, y los constantes ataques a las iniciativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han hecho poco para incrementar la fe que el alto mando y demás miembros de las FARC puedan depositar en el acuerdo. El asesinato y desaparición de 126 excombatientes han sustentado el argumento de que el desarme los ha dejado expuestos a una nueva campaña de violencia. El futuro de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) también ha causado incertidumbre en los desmovilizados, pero su transformación hacia 13 espacios permanentes y 11 reubicaciones debe ser un bastión para la permanencia de los desmovilizados en el marco de la paz. Como agravante, el gobierno estadounidense ha fallado en demostrar apoyo público hacia el acuerdo de paz, una desconcertante señal para Colombia de que el apoyo estadounidense está disminuyendo.
A pesar de todo, una paz duradera sigue al alcance de Colombia. Fundamentalmente, el partido político de las FARC ha reafirmado su compromiso con la paz y criticado la declaración de sus disidentes. Sigue sin estar claro cuántos de los más de 13,000 desmovilizados acudirán al llamado a las armas de los disidentes.
Mientras que alias Iván Márquez reúne fuerte apoyo dentro de las FARC, no está claro cuántos excombatientes pueda reanimar. Notablemente, cuando Márquez desapareció de la luz pública hace un año (incluso no atendiendo el llamado de la JEP cuando fue citado), no logró inspirar disidencias significativas. En una reciente investigación de la Fundación Ideas para la Paz, se evidencia que solo se desconoce el paradero de 8 por ciento de los desmovilizados de las FARC, y no todos, enfatiza la Fundación, han vuelto a las armas. La mayoría de los desmovilizados han emprendido nuevas vidas desde la declaración del cese al fuego final hace casi tres años. Si esta nueva guerrilla crece, lo más probable es que sea reclutando miembros sin ningún pasado en las FARC.
Márquez y los demás líderes de las FARC que declararon una nueva ofensiva armada están traicionando sus compromisos con el pueblo colombiano y la comunidad internacional. También están cayendo en la trampa de las facciones más críticas del proceso de paz: en particular, el movimiento político del expresidente Álvaro Uribe y sus aliados, el cual no objetaría un retorno a la guerra.
Este no es el fin del frágil acuerdo de paz en Colombia, es un llamado de alerta. El gobierno colombiano debe proteger y honrar a los desmovilizados que se mantienen comprometidos al acuerdo y su proceso político. Su protección representa la garantía de que los que siguen comprometidos con la construcción de paz bajo el marco de la legalidad no serán abandonados por el estado. Las autoridades también deben demostrar su determinación de implementar otros componentes claves del acuerdo, incluyendo la continuación de la JEP. Un retorno a la guerra trágicamente interrumpiría los esfuerzos para conocer la verdad de lo sucedido durante las muchas atrocidades de la guerra.
Es también urgente que el gobierno implemente mecanismos de protección más robustos para los defensores de derechos humanos, activistas de tierras, y líderes Afro-colombianos e indígenas que sufren una desproporcionada violencia desde la firma de los acuerdos de paz. Por demasiado tiempo los ataques y asesinatos por parte de grupos armados y actores ocultos han reprimido los esfuerzos de líderes comunitarios para denunciar y luchar contra la desigualdad en Colombia. Mientras que la violencia en contra de los derechos humanos y los líderes sociales siga impune, el acuerdo de paz seguirá desarraigado.
El anuncio de Márquez y los demás líderes de las FARC no debe en ningún sentido opacar los históricos logros de los acuerdos en los últimos tres años. Este periodo trajo consigo los índices de violencia más bajos en el país desde mediados de los años 70, incluso si estos indicadores hayan empeorado en el último año a causa de la falta de voluntad política hacia la implementación. Este no es el momento de retornar a las políticas de guerra del pasado o a soluciones militares a problemas complejos, es el momento de que Colombia y la comunidad internacional priorice e intensifique la implementación del acuerdo en su totalidad.