WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Foto AP/ Oliver de Ros)

16 Oct 2019 | Comunicado de prensa

Informe: Los datos revelan la amplitud de los desafíos para fortalecer el sistema de justicia de Guatemala

La creación de sistemas de justicia independientes, eficaces, transparentes y accesibles a todo ciudadano independientemente de su condición económica son requisitos indispensables para la consolidación de un efectivo Estado constitucional democrático de derecho. En el caso de Guatemala, los Acuerdos de Paz de 1996 plantearon la necesaria transformación del sistema de justicia.

El acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, firmado en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1996, promovía reformas en distintas áreas, entre las cuales se destaca el fortalecimiento de la carrera judicial, la separación de las funciones administrativas y judiciales, la aplicación de la cobertura a nivel nacional del Organismo Judicial y el Ministerio Público, y la creación de la defensoría pública, entre otros cambios.

No obstante, las reformas iniciadas sufrieron diversos obstáculos y se vieron limitadas por la infiltración de las instituciones de justicia por parte de actores vinculados a redes criminales. Así, durante las últimas décadas los esfuerzos por construir instituciones de justicia fuertes, eficaces e independientes han tenido que enfrentar esfuerzos contrarios de actores y sectores poderosos e influyentes.

Este informe examina los hallazgos de la primera área del Monitor Centroamericano que comprende el fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia. El informe se basa en un grupo de indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el nivel de avance o retroceso en el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. Cubre información sobre el Ministerio Público y Fiscalía General, Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), correspondiente al periodo 2014 a 2017.

Concretamente, el informe proporciona información y análisis sobre tres áreas principales:

  • La capacidad del sistema de justicia, incluyendo el recurso humano y distribución geográfica de las instituciones de justicia, la carga laboral, el número de denuncias presentadas y de casos resueltos, y el nivel de confianza pública.
  • El nivel de independencia judicial o la existencia de operadores de justicia independientes e imparciales que puedan actuar en estricto apego a las leyes y tratados internacionales. Esto abarca la existencia e implementación de procesos rigurosos, transparentes y basados en estándares internacionales de selección de personal, así como mecanismos de evaluación de desempeño y disciplinarios permanentes y efectivos.
  • La independencia externa entendida esta como la asignación, distribución y uso de los recursos económicos con los que cuentan las instituciones y los mecanismos empleados para garantizar la seguridad de los y las operadores de justicia.

Los hallazgos de este primer informe base se actualizarán anualmente con miras a poder examinar variaciones con el tiempo.