(AP Photo/Alfredo Zuniga)

25 Nov 2019 | Pronunciamiento de WOLA

El gobierno nicaragüense debe respetar los derechos de los ciudadanos, liberar a manifestantes pacíficos y a presos políticos

Washington, DC—El 14 de noviembre, la policía nicaragüense detuvo a 13 personas que habían ofrecido agua a un grupo de personas en huelga de hambre que exigían la liberación de familiares que, según dicen ellos, fueron encarcelados injustamente por el gobierno. Según informes, las autoridades judiciales se están preparando para presentar acusaciones contra los 13 activistas, acusándolos de transportar armas y de tener la intención de cometer actos terroristas. Muchos de los activistas detenidos el 14 de noviembre son miembros de “Unidad Nacional Azul y Blanco”, grupo que representa una coalición de 92 grupos de oposición en Nicaragua.

El aparente incremento de la organización de coaliciones de oposición en Nicaragua está aumentando la presión sobre el gobierno de Ortega, que desde que iniciaron las protestas en abril de 2018, ha respondido con represalias persistentes a la sociedad civil y cometiendo abusos en contra de los derechos humanos—incluyendo asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Con las manifestaciones públicas consideradas ilegales y con un estimado de 138 presos políticos todavía en la cárcel (según grupos de oposición) y enfrentando cargos falsos (según los informes), la detención de catorce activistas que buscan ayudar a personas en huelga de hambre demuestran, aún más, los intentos del gobierno de Ortega de silenciar cualquier forma de disidencia pacífica.

Las últimas dos semanas han visto una ofensiva contra los miembros de la oposición que intentan organizarse pacíficamente en colaboración con la Iglesia Católica. El jueves 14 de noviembre, un grupo de diez madres de presos políticos comenzó una huelga de hambre dentro de una iglesia en el pueblo de Masaya, al sur de la capital, Managua. La policía nicaragüense rodeó la iglesia y cortó la electricidad y el flujo de suministros vitales, incluida la insulina para el sacerdote Edwin Román. El padre Román y los otros huelguistas fueron sacados de la iglesia en ambulancia el 22 de noviembre; él y otros tres participantes en la huelga de hambre permanecen hospitalizados, pero estables.

En un acto de solidaridad, otro grupo de madres inició una huelga de hambre dentro de la Catedral de Managua el 18 de noviembre. Las madres se vieron obligadas a huir al día siguiente, después de que militantes pro-Ortega ingresaron a la catedral, amenazaron la seguridad de los huelguistas y cometieron “actos de profanación”, dijo la Arquidiócesis de Managua.

En otro incidente, multitudes hostiles a favor de Ortega hicieron un intento fallido de ingresar a otra iglesia en una parroquia en Masaya. Fuera de esa iglesia, periodistas, incluido un miembro de la prensa internacional, fueron agredidos y, según los informes, la policía se llevó a un joven.

Es crítico que el gobierno nicaragüense condene en lugar de alentar estos ataques contra manifestantes pacíficos antigubernamentales. El gobierno debe liberar a los activistas detenidos por intentar apoyar a las personas en huelga de hambre y retirar los cargos infundados en su contra. Además, el gobierno debe dejar de detener arbitrariamente a ciudadanos que critican a su gobierno por medios pacíficos, y debe actuar para liberar a todos los detenidos sin el debido proceso en relación con las protestas. El gobierno nicaragüense debe respetar los derechos de todas y todos los nicaragüenses, incluidos derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, religión y protesta pacífica.

Durante varios años, el partido gobernante del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha consolidado su poder sobre el poder ejecutivo, el Congreso, la policía y el ejército nacional. Cuando comenzaron las protestas que exigían la renuncia del presidente Ortega en 2018, el gobierno respondió con opresión violenta y generalizada, como se documenta en un informe de un grupo independiente de investigadores comisionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, las milicias progubernamentales se han mantenido activas en el país, hostigando a manifestantes pacíficos, matando periodistas y obligando a miles a huir al extranjero. El presidente Ortega ha acumulado una enorme cantidad de poder sin control que le ha permitido seguir conteniendo a la oposición a través de la represión y la intimidación selectivas.

La administración de Ortega debe asumir compromisos concretos para defender el derecho a protestar y garantizar justicia por la violencia cometida contra los disidentes pacíficos. La comunidad internacional—incluidos los miembros del Congreso de los EE.UU., los organismos internacionales de derechos humanos y los gobiernos extranjeros—deben condenar enérgicamente la represión del gobierno nicaragüense de la disidencia pacífica y continuar presionando por la rendición de cuentas y el fin de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las protestas. Es fundamental que cualquier posible solución a las disputas entre el gobierno de Ortega y los grupos de oposición debe incluir elecciones que sean monitoreadas internacionalmente y cuyos términos sean acordados por los involucrados.