(AP Photo/Rebecca Blackwell)

26 Nov 2019 | Comunicado de prensa

Al iniciar el segundo año de su mandato, el gobierno del Presidente López Obrador debe hacer más para abordar la crisis de derechos humanos en México

Washington, DC—En un nuevo análisis, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) hace un balance del panorama de los derechos humanos en México durante el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El documento analiza el enfoque del gobierno para abordar las preocupaciones clave en materia de derechos humanos desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, así como los posibles impactos de sus políticas de seguridad y de aplicación de la ley migratoria.

“López Obrador llegó al poder prometiendo finalmente brindar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas en México, eliminar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y tratar a los migrantes con dignidad”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “Sin embargo, si bien las acciones iniciales para abordar las desapariciones son prometedoras, hasta el momento estos esfuerzos no se han combinado con acciones significativas para fortalecer el sistema de justicia penal de México para poder enfrentar la crisis de impunidad generalizada que perdura para la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en el país”.

El gobierno de López Obrador ha tomado medidas significativas para fortalecer la infraestructura de México para buscar a personas desaparecidas e identificar restos exhumados de fosas clandestinas. Sin embargo, con más de 40,000 casos registrados de desapariciones y un rezago de 37,000 cuerpos que se encuentran en instalaciones gubernamentales esperando ser identificados, aún queda un largo camino por recorrer, y el gobierno necesitará asignar recursos significativos para abordar esta emergencia.

Aunque López Obrador llegó al poder con la promesa de cambiar la estrategia militarizada de seguridad pública, ha creado una nueva fuerza que actualmente es liderada por militares, la Guardia Nacional, para asumir funciones policiales federales. También ha legalizado el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2024. Esto ha generado serias preocupaciones en materia de derechos humanos dado el hecho de que las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos con casi total impunidad en el pasado.

De hecho, la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los gobiernos anteriores siguen sin investigarse y sancionarse. Además, el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación sigue siendo una práctica generalizada, y personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen siendo asesinados a un nivel alarmante.

Los operativos del gobierno mexicano contra los migrantes en tránsito, junto con su aquiescencia para permitir que el gobierno de Trump regrese a más de 55,000 solicitantes de asilo a las ciudades fronterizas mexicanas mientras esperan sus audiencias de inmigración en los Estados Unidos a través del programa “Quédate en México”, ha expuesto a estas personas vulnerables a delitos y abusos adicionales.

“López Obrador no puede poner fin a las violaciones de los derechos humanos por decreto”, dijo Meyer. “Para verdaderamente transformar la situación de los derechos humanos en México, el gobierno debe comprometerse a construir instituciones sólidas capaces de proteger a las personas defensores de derechos humanos y periodistas, erradicar la tortura, tratar a los migrantes y solicitantes de asilo con dignidad y responsabilizar a las fuerzas de seguridad y a los agentes de migración por las violaciones a los derechos humanos que cometen”.