(Flickr Photo/Marco Verch)
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Un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), El estado de derecho en México: 11 años después de las reformas de justicia penal, detalla varias medidas que el gobierno mexicano podría tomar para fortalecer la capacidad de su sistema de justicia penal para abordar la corrupción, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
En los últimos meses, varios actos de violencia de alto perfil en México han atraído la atención de los medios nacionales e internacionales y han resaltado los importantes desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno mexicano. La creciente violencia, junto con la impunidad generalizada, ha resaltado la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia penal de México. Desde el comienzo del año, un promedio de 95 personas al día han sido asesinadas en México; sin embargo, solo el 5 por ciento de los casos de homicidio terminan en una condena.
Han pasado más de once años y dos mandatos presidenciales desde que México aprobó amplias reformas constitucionales que exigieron la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio a nivel nacional y estatal, una herramienta diseñada para fortalecer la capacidad de México para combatir la violencia y la impunidad.
Cuando el Congreso mexicano aprobó las reformas en 2008, estableció un plazo de ocho años para completar esta reforma integral. Sin embargo, más de tres años después de la fecha límite, en junio de 2016, la transición está lejos de completarse. Las instituciones judiciales y de aplicación de la ley continúan sobresaturadas y siguen careciendo de la capacitación y especialización necesarias para llevar a cabo sus funciones adecuadamente. Además, la tortura y otras violaciones de los derechos humanos siguen siendo frecuentes en los procesos penales. Finalmente, el Congreso federal y varios congresos estatales han propuesto, y en algunos casos aprobado, reformas constitucionales y legales que en su esencia son incompatibles con el nuevo sistema.
En el informe, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) analiza el progreso de México en la implementación del sistema penal acusatorio, así como el grado en que esta transición ha ayudado a que las instituciones de justicia mexicanas sean más transparentes, eficientes, justas y respetuosas de los derechos humanos.
Además, hacemos un balance de cómo el nuevo gobierno mexicano ha abordado las reformas de justicia penal durante el primer año del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto incluye un análisis de las implicaciones preocupantes de varias reformas recientemente aprobadas que son contrarias a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso, así como otras propuestas pendientes que evocan al antiguo sistema inquisitivo. El informe también incluye una revisión del apoyo que los Estados Unidos ha otorgado a México para fortalecer el estado de derecho en la última década.
