Washington, D.C.—Cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles si México no evitaba que los migrantes llegaran a la frontera entre México y los Estados Unidos, las subsecuentes medidas que el gobierno mexicano tomó para detener los flujos migratorios tuvo consecuencias dramáticas para los derechos humanos y la seguridad de los migrantes y solicitantes de asilo, según un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
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Tras las amenazas arancelarias, la detención de migrantes por parte del gobierno mexicano alcanzó niveles récord y se disparó el número de migrantes que buscaban asilo en México. El hecho de que el gobierno mexicano no haya otorgado recursos suficientes a su frágil sistema de asilo lo ha dejado al borde del colapso. Mientras tanto, el aumento del control migratorio ha obligado a los migrantes viajar en áreas más remotas y peligrosas, fomentó condiciones infernales en las estaciones migratorias, y empujó a la nueva Guardia Nacional de México a asumir un papel que no está preparado desempeñar.
El informe, El “muro» antes del muro: El aumento de medidas contra la migración en la frontera sur de México, examina el impacto del control migratorio de México en su frontera sur con Guatemala. Los hallazgos provienen del viaje del equipo de WOLA que trabaja sobre la frontera y la migración a lo largo de 400 millas de esta zona fronteriza, donde entrevistaron a funcionarios gubernamentales, trabajadores de albergues para migrantes y otros que trabajan de primera mano sobre la crisis de seguridad y migración provocada por los gobiernos en la «otra» frontera de México.
«El gobierno de México puede ganar el favor del gobierno de Trump deteniendo y deportando a un número récord de personas, pero pierde terreno ante los grupos criminales que explotan a los migrantes temerosos», dijo Adam Isacson, Director para Veeduría de Defensa de WOLA. “Para los traficantes de personas, estas políticas punitivas son solo un obstáculo: no van a la quiebra. Mientras tanto, los albergues y las estaciones migratorias están rebasados y los problemas que obligan a las familias a huir de sus países siguen vigentes. El gobierno mexicano debe abandonar estas desastrosas medidas antes de que los costos humanos aumenten aún más,” dijo Isacson.
Las autoridades mexicanas detuvieron a unos 169,932 migrantes entre enero y octubre de este año, un 50 por ciento más que en el mismo período en 2018. Más de 31,000 migrantes fueron detenidos en junio, justo después de las amenazas de aranceles del Presidente Trump—un récord en las detenciones mensuales que no se había registrado desde el inicio del registro público en 2001. Las detenciones y deportaciones de ciudadanos de países del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Cuba, Nicaragua y Haití se han disparado en comparación con 2018—incluso por tasas porcentuales en el rango de cientos o miles.
Pero a medida que el gobierno mexicano cumple con las demandas del gobierno de Trump de un control migratorio más punitivo, su sistema de asilo está siendo llevado al borde. México está en camino de finalizar 2019 con más de 70,000 solicitudes de asilo, un aumento de más del 125 por ciento en comparación con el año pasado. Se hace la gran mayoría de estas solicitudes en Chiapas, el estado más pobre de México, donde las 21 personas encargadas de resolver los casos de asilo manejan aproximadamente 1,300 solicitudes cada uno. Si bien el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) está brindando un importante apoyo financiero y técnico al sistema de asilo de México, el gobierno federal mexicano solo aprobó un tercio del presupuesto solicitado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para 2020.
“Aunque México ha recibido un número récord de solicitudes de asilo, su sistema de asilo no se ha mantenido al día con el aumento, y los agentes del INM a menudo no informan a los migrantes detenidos sobre sus derechos”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. «Como resultado, aquellos que probablemente califican para la protección se enfrentan a un alto riesgo de ser deportados a situaciones peligrosas o de tener que soportar meses de incertidumbre y dificultades mientras se procesan sus solicitudes de asilo».
El informe de WOLA subraya las varias formas en que el aumento de control migratorio por parte del gobierno mexicano está exponiendo a las personas migrantes y solicitantes de asilo a mayores riesgos y un mayor sufrimiento. Por un lado, el despliegue de la Guardia Nacional parece haber desplazado las rutas de migración a áreas donde los migrantes son más vulnerables a ataques por parte de grupos criminales y funcionarios corruptos: mientras que los corredores adyacentes a las costas del Pacífico y el Golfo de México están experimentando menos tráfico, los grupos criminales continúan operando en un corredor «central» que atraviesa el terreno rural y montañoso. Los migrantes continúan sufriendo asaltos, robos, violaciones y secuestros a manos de grupos criminales en toda la zona fronteriza del sur, y la mayoría de estos casos permanecen impunes.
Como parte de su nueva estrategia contra la migración, el gobierno mexicano ha desplegado casi 12,000 miembros de su recién creada Guardia Nacional a la región fronteriza sur. Pero la mayoría de los miembros de la nueva fuerza provienen de las fuerzas armadas mexicanas y tienen poca o ninguna capacitación para llevar a cabo operaciones migratorias, lo que deja a las personas migrantes y solicitantes de asilo vulnerables al abuso. Otra consecuencia del aumento del control migratorio se puede ver en las estaciones migratorias de México: en agosto, las estaciones migratorias albergaban en promedio a un 61 por ciento más migrantes de su capacidad y algunos de ellas tenían un excedente del 300 por ciento.
«En lugar de brindar protección a migrantes que están huyendo de la violencia y la persecución, el gobierno mexicano les está poniendo en más peligro con su enfoque principal de detener y deportar”, dijo Meyer. «Tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses deben cumplir con sus obligaciones humanitarias y fortalecer sus procedimientos de asilo, en vez de implementar medidas represivas que expongan a las personas solicitantes de asilo al peligro y que no atiendan las causas principales de la migración».