(AP Photo/Luis Romero)
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Washington, D.C.—Hoy, el Departamento de Estado sancionó de manera oficial a trece ex-integrantes del ejército salvadoreño—que ocupaban puestos desde soldado a general—como violadores de derechos humanos por su participación en el asesinato extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de dicha empleada el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). Estas muertes conmocionaron al mundo entero y resultaron en un punto decisivo para acabar con el apoyo militar estadounidense hacia el ejército salvadoreño. Sin embargo, a pesar de investigaciones extensas sobre la matanza que resultaron en la condena de algunos elementos militares que participaron directamente, Estados Unidos nunca había señalado la responsabilidad de líderes militares salvadoreños en el caso.
“Que Estados Unidos designe a líderes militares como responsables directos de la masacre es un hecho histórico para la justicia en El Salvador”, dijo Geoff Thale, Presidente Interino de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). “Esta designación puede fortalecer esfuerzos para promover la verdad y reconciliación en un país que aún sufre las repercusiones del pasado”.
La lista divulgada por el Departamento de Estado no es comprensiva, pero sí incluye a todos los líderes militares señalados como responsables por la Comisión de la Verdad para El Salvador. En particular, incluye al General Juan Rafael Bustillo, que esta semana testificó en un caso judicial sobre una segunda masacre conocida como El Mozote. En dicho juicio, el General Bustillo admitió por primera vez que el ejército salvadoreño también fue el responsable de aquella matanza.
La masacre brutal de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas en el campus de la UCA desató una investigación especial del congreso estadounidense que resultó en la reducción de millones de dólares de apoyo militar estadounidense para el ejército salvadoreño. Dicha reducción de fondos libró el camino para el proceso de paz. Desde el fin de la guerra en 1992, El Salvador no ha podido enfrentar graves problemas de rendición de cuentas y justicia por las miles de muertes, desapariciones, y abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas militares que recibieron apoyo y capacitación de los Estados Unidos. Hoy, el pueblo salvadoreño sigue enfrentando graves retos relacionados a la corrupción, violencia, estado de derecho, y otros temas directamente ligados a la rendición de cuentas, justicia, y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales.
“La totalidad de la participación del liderazgo militar salvadoreño en graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, incluyendo su participación en la masacre de los jesuitas, tiene que ser investigado a fondo”, concluyó Thale. “La capacidad del sistema judicial salvadoreño para investigar estos casos es un reto verdadero que mostrará lo tanto que se ha avanzado en temas de estado de derecho en el país”.
