WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
27 Jan 2020 | Pronunciamiento conjunto

México: condenamos grave represión de Guardia Nacional contra personas migrantes y denunciamos política de violencia y militarización

San José, 27 de enero de 2020—Organizaciones internacionales de derechos humanos condenamos enérgicamente la represión, violencia, militarización y criminalización del Estado de México para intentar frenar la migración de miles de personas que conforman el más reciente éxodo centroamericano. 

El pasado 15 de enero, miles de personas centroamericanas, incluyendo niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, y mujeres embarazadas, salieron de Honduras con destino a Estados Unidos en la autodenominada “Caravana de la esperanza” a la que luego se incorporaron personas de Guatemala y El Salvador. 

Esta semana, al llegar a la frontera sur de México y buscar avanzar hacia el norte, las personas que conforman la caravana fueron amenazadas por agentes de la Guardia Nacional de ser detenidas y deportadas si seguían avanzando y, posteriormente, reprimidas por antimotines que cercaron a las personas migrantes y lanzaron piedras y gases lacrimógenos en su contra. 

Denunciamos que el Estado de México continúa violando de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de las personas migrantes.

De acuerdo con información documentada por las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación en frontera sur, la política de represión implementada por el Estado esta última semana ha resultado en casos de separación familiar, lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Además, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) , alrededor de 800 personas han sido detenidas. 

Por otra parte, el Estado mexicano continúa desacreditando y obstaculizando la labor de organizaciones de derechos humanos que brindan asistencia humanitaria, orientación jurídica, representación legal y acompañamiento psicosocial a las personas migrantes. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías denunció que las autoridades del INM denegaron su autorización de acceder a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula para monitorear la situación de derechos humanos de las personas migrantes. 

Denegar el acceso a esta organización deja en una situación de desprotección a las personas migrantes que se encuentran en la Estación Migratoria Siglo XXI, donde meses atrás el CDH Fray Matías documentó y denunció situaciones de hacinamiento extremo, graves problemas de salud e higiene, intentos de suicidio y hasta la muerte en aislamiento de una persona. 

Ante estos hechos, organizaciones internacionales de derechos humanos denunciamos que el Estado de México continúa violando de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de las personas migrantes y poniendo en grave riesgo su integridad y su vida. 

La política migratoria de militarización, represión y criminalización, que prioriza medidas de contención, detención y deportación en lugar de garantizar condiciones mínimas de seguridad, así como la verificación de las necesidades de protección internacional de estas personas queda expuesta en el accionar de las fuerzas militares de la Guardia Nacional. 

Asimismo, este tratamiento de las personas migrantes, que deviene de la política de segurización de la frontera sur asumida con Estados Unidos, está generando el desplazamiento de las rutas de migración tradicionales hacia nuevos y letales caminos, controlados por el crimen organizado. 

Frente a esto, las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente al Estado de México a cesar de manera inmediata la represión, amenazas y criminalización en contra de personas migrantes y solicitantes de refugio, así como de las organizaciones y personas defensoras que les acompañan. Asimismo, llamamos al Estado a abstenerse de emplear a fuerzas militares en labores migratorias o de seguridad pública, en concordancia con los estándares internacionales en la materia. 

El Estado mexicano debe cumplir con su obligación internacional de garantizar la vida, integridad y derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, además de garantizar su derecho a solicitar refugio, su acceso a la justicia y a derechos como educación, trabajo y salud. 

Hasta no avanzar hacia una política migratoria garante de derechos, México continuará constituyéndose como un muro que niega el reconocimiento de la propia condición humana a las personas que caminan por protección y la plena garantía de sus derechos humanos. 

Organizaciones firmantes: 

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)