31 Mar 2020 | Pronunciamiento de WOLA

El cese unilateral del ELN es una oportunidad importante para la paz en Colombia

El 29 de marzo, en respuesta a la pandemia del COVID-19, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese unilateral por un mes que comenzará el 1 de abril y finalizará el 30 de abril. En respuesta a este anuncio, el gobierno colombiano anunció que dos ex comandantes del ELN, Francisco Galán y Carlos Velandia, actuarían como “gestores de paz”, un primer paso pequeño pero crítico para reiniciar las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano que han estado estancadas desde enero de 2019. Si bien estas acciones humanitarias ayudarán a llevar una paz temporal a algunas comunidades en Colombia azotadas por el conflicto, asegurar una paz duradera requiere utilizar este cese como punto de partida para reiniciar el diálogo entre el ELN y el gobierno.

El gobierno de Duque ha intentado controlar la propagación del COVID-19 a través de una cuarentena nacional. Sin embargo, a pesar de las fuertes medidas de salud pública y seguridad implementadas en todo el país, los asesinatos, los desplazamientos y las acciones violentas de los grupos armados ilegales dirigidos a comunidades étnicas, indígenas y rurales han continuado a un ritmo alarmante. Desde la cuarentena, las hostilidades entre grupos armados han agravado las emergencias humanitarias y han llevado al confinamiento de civiles en Nariño, Chocó y Cauca. En Putumayo, la erradicación forzosa de coca ha provocado conflictos con los campesinos, y también provocó un asesinato extrajudicial en Catatumbo. Cuatro excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron asesinados recientemente: dos en San Vicente del Caguán, uno en La Macarena, y otro en Bogotá.

En todo el país, los líderes sociales han visto como durante la cuarentena se disminuye aún más su protección, siendo ya varios asesinados. Entre ellos se encuentran el líder feminista Carlota Salinas de Bolívar, Ángel Ovidio Quintero de Antioquia, líderes del grupo indígena Emberá Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma del Valle del Cauca, y varios otros líderes y miembros de la comunidad en territorio Awá y Comunidades afrocolombianas en Jiguamiando, Chocó. Jhon Restrepo, director de Casa Diversa y conocido activista LGBT, sufrió un intento de asesinato.

Todos los actores armados en Colombia deben implementar ceses de fuego, al menos durante la pandemia del COVID-19 … Todos deben usar esta pausa temporal para explorar caminos hacia una paz sostenida.

En respuesta a la violencia vista durante la pandemia, más de 100 comunidades étnicas, indígenas y rurales de Colombia escribieron cartas a todos los grupos armados en Colombia instándolos a detener las operaciones bélicas durante la pandemia a fin de minimizar la violencia y los riesgos de salud pública.

Aunque la cadena de mando del ELN es poco firme, el grupo a acatado generalmente ceses de fuego anteriores. En zonas bajo la influencia de este grupo, poblaciones entrevistadas por WOLA recuerdan el cese al fuego de 100 días de este grupo en 2017 con algo de nostalgia, como un periodo de tranquilidad sin precedentes. WOLA invita al ELN a continuar su cese al fuego después de abril 30 si, como parece probable, la emergencia de salud publica sigue continuando.

Todos los actores armados en Colombia deben implementar el cese al fuego, al menos durante la pandemia del COVID-19, absteniéndose de tácticas ofensivas u otras acciones que puedan dejar cualquier población a la merced de una posible infección. Todos deben usar la pausa temporal para explorar caminos hacia una paz sostenida. En el caso del cese unilateral temporal del ELN, el gobierno colombiano debería tomar medidas en favor de un cese bilateral y la reinstauración de los diálogos con la guerrilla. Debería incrementar la protección a los líderes sociales, además de tomar medidas para proteger a las comunidades vulnerables del virus COVID-19. Todos los grupos en armas deben respetar el Acuerdo Humanitario Ya! en el Chocó —un acuerdo humanitario propuesto en 2017 por decenas de grupos afrocolombianos e indígenas en Chocó— y también el derecho internacional humanitario.