(Foto AP/Rodrigo Abd)
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Washington, D.C.—El 5 de marzo, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia reafirmaron una agenda bilateral cuya meta es reducir por la mitad el cultivo y la producción de coca en Colombia para el 2023. El anuncio, el cual reconoce preocupaciones en ambos países sobre cifras récord de cultivación de coca y producción de cocaína, propone una respuesta altamente enfocada en el reinicio de fumigación aérea de zonas cocaleras, usando avionetas para dispersar el herbicida glifosato. Tal política corre el riesgo de causar daños graves: puede exacerbar la pobreza, generar violencia y disturbios, dañar el medio ambiente, e impactar los esfuerzos para implementar los acuerdos de paz de Colombia.
“Queda sumamente claro que el gobierno estadounidense está presionando por la fumigación aérea, y que encontraron a una pareja dispuesta en Iván Duque”, dijo Adam Isacson, Director para Veeduría de Defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). “En este plan, ambos países ignoran la falta de evidencia para justificar el uso de fumigación aérea como una estrategia de control de drogas de largo plazo. Dicho plan también ignora la posibilidad de generar consecuencias graves para comunidades en situaciones de vulnerabilidad por el reinicio de fumigación”.
Por razones ligadas a la salud pública, Colombia suspendió la fumigación aérea en el 2015, después de 21 años de operación y 1.8 millones de hectáreas fumigadas. Sin embargo, de 1994 a 2015, la estrategia antidrogas de Estados Unidos en Colombia enfatizó campañas masivas de fumigación aérea. Durante ese periodo de tiempo, era necesario fumigar entre 13 y 32 hectáreas para reducir el cultivo de coca por una hectárea—y la evidencia acumulada tras años del programa muestra que ese escaso progreso no fue permanente. En regiones del país sin presencia gubernamental, sin rutas de acceso al mercado, títulos propietarios, e incluso seguridad básica, se volvía a cultivar coca rápidamente después de la fumigación, incluso si se hubiera logrado una reducción inicial de hectáreas de coca. De hecho, un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos publicado en el 2018 encontró que personas que cultivan coca habían adoptado estrategias simples para contrarrestar campañas masivas de fumigación aérea.
“La fumigación aérea es una táctica de corto plazo que no tiene impacto a largo plazo”, dijo Isacson. “En las regiones donde familias cultivan coca se necesitan servicios básicos: carreteras pavimentadas, seguridad alimentaria, una fuerza policial efectiva. Mandar policías y contratistas anónimos a fumigar usando herbicidas anónimamente no constituye, ni de cerca, la provisión de servicios básicos gubernamentales”.
Las consecuencias potenciales de la fumigación aérea son significantes. Investigaciones realizadas por WOLA en la región han documentado algunas de ellas: el desplazamiento de comunidades étnicas y la destrucción de seguridad alimentaria. Otro posible impacto es la discordia social en zonas donde se cultiva coca: 120,000 hogares colombianos se mantienen cultivando coca, ganando un promedio de USD$130 al mes. También existen graves dudas sobre las consecuencias ambientales y de salud, ya que se han publicado varios informes ligando el uso de glifosato al cáncer. Una revisión de literatura publicada en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud encontró que el uso de glifosato, la herbicida dispersada en la fumigación aérea, era probablemente carcinogénica en humanos.
“Los acuerdos de paz en Colombia ya proveen por la sustitución de coca, oportunidades económicas en áreas rurales, y desarrollo social. En vez de reiniciar una fallida y peligrosa política de fumigación aérea, el gobierno de Duque tiene que cumplir con estos compromisos”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, Directora para los Andes en WOLA. “En vez de ejercer presión sobre Colombia para reiniciar la fumigación aérea, el gobierno estadounidense debería presionar al Presidente Duque a implementar los acuerdos de paz del 2016 en su totalidad”.
“Es increíblemente frustrante. Tenemos una oportunidad histórica gracias a los acuerdos de paz para implementar políticas de desarrollo económico y social, y tanto el presidente Duque como el gobierno estadounidense lo están ignorando”, dijo Sánchez-Garzoli. “En vez de aprovechar dicha oportunidad, quieren reiniciar la fumigación. Imaginense, para algunas personas viviendo en ciertas regiones del país, una avioneta policial dispersando glifosato sobre su comunidad podría ser la primera evidencia de ‘presencia’ estatal que ven desde que se firmaron los acuerdos en el 2016″.
