WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

AP Photo/Ariana Cubillos

15 Apr 2020 | Comunicado de prensa

La inacción de la administración de Trump sobre TPS pone en riesgo a los venezolanos en los EEUU

Washington, D.C.–El 15 de abril de 2020 marca un año de inacción por parte de la administración de Trump, después de que WOLA, junto con 200 otras organizaciones, instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU a designar Venezuela como parte del Estatus de Protección Temporal (TPS). Este programa humanitario protegería a venezolanos que viven en los Estados Unidos de ser deportados, y también garantizaría una autorización de trabajo. En abril de 2019, el DHS declaró que estaba “monitoreando las condiciones” en Venezuela y respondería adecuadamente, entre acciones civiles relacionadas a los esfuerzos por la administración de terminar las protecciones de TPS para 450,000 personas de seis otros países, incluyendo a El Salvador, Haití, y Honduras. Mientras tanto, la situación en Venezuela ha deteriorado significativamente, y es probable que siga empeorando frente la pandemia global de COVID-19.

“Estas son personas que están huyendo no solo de una crisis política, sino también de una emergencia humanitaria compleja”, dijo Geoff Ramsey, el Director para Venezuela para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Hemos oído mucho sobre la solidaridad con los venezolanos de esta Casa Blanca, pero parece que esta solidaridad termina cuando los venezolanos huyen de su país. En EEUU y en todo el hemisferio, las personas que huyen de la violencia y inestabilidad merecen una respuesta humana que los proteja de ser devueltos a una situación peligrosa”.

Debido al fracaso por el Departamento de Seguridad Nacional a ofrecer protección temporal a venezolanos huyendo de su país, se introdujo un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes en junio de 2019 para extender el TPS a aproximadamente 200,000 personas venezolanas aptas en EEUU. Se discutió un proyecto de ley complementaria en el Senado con apoyo bipartidista, pero ha estado paralizada desde otoño del 2019, cuando la legislación no ganó un consenso unánime. En el contexto de la pandemia global de COVID-19, y el sistema de salud venezolano al cual le hace falta recursos adecuados, los venezolanos que son detenidos y deportados de EEUU podrían ser devueltos a enfrentar una crisis humanitaria que está aún más grave. Mientras la administración de Trump ha liberado a algunos migrantes venezolanos de centros de detención, todavía hay cientos de migrantes venezolanos detenidos en EEUU; Además, los venezolanos constituyen más de un tercio de todos los reclamos de asilo introducidos a los Servicios de Ciudadanía y Migración de EEUU, más que cualquier otro país.

Las protecciones humanitarias garantizadas bajo el TPS proporcionarán a venezolanos permisos de trabajo, los cuales les permitirían ganar el sustento y pagar necesidades básicas, como medicamentos y atención médica. Mientras que estados y ciudades imponen cuarentenas y medidas de protección, aquellos que no pueden trabajar y ganarse la vida en la economía formal están enfrentando graves riesgos económicos y de salud.

Mientras que la administración de Trump ha negado designar Venezuela para el TPS, la crisis humanitaria dentro del país solo ha escalado. Los que están viviendo en Venezuela enfrentan escaseces de la electricidad, medicamentos, y otras necesidades básicas. Además, un informe reciente por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que uno de cada tres personas no tiene acceso seguro a alimentación. Aproximadamente 5 millones de personas ha huido del país en los últimos años, poniendo Venezuela en marcha para superar Siria como la mayor crisis de desplazamiento en el mundo antes del fin de 2020.

La mayoría de países sudamericanas con los mayores flujos de migrantes venezolanos, y con menos recursos disponibles, han podido proporcionarlos con algún tipo de protección formal en reconocimiento de su situación como migrantes forzados”, dijo David Smilde, Asesor para WOLA. “EEUU debería ser un líder, no la excepción, en abordar este desafío regional”.