Kenya Cuevas estaba en un picadero cuando cayó un operativo de la Policía Federal. La persona que vendía drogas negoció con los agentes y la dejaron ir. Entonces miraron al resto, y al darse cuenta de que ella era una mujer trans, se fueron contra ella.
“Se voltearon hacia mí y me preguntaron ‘¿desde cuándo vendes droga?’, yo les contesté que lo único que hacía era consumirla, pero ellos me arrestaron y metieron a una camioneta blanca. Me llevaron al Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de México. Días después recibí una hoja que decía ‘Auto formal de prisión del delito daños contra la salud, posesión, distribución y venta’. Pasaron los meses y por fin llegó mi sentencia: veinticuatro años”, recuerda.
“Viví mi cárcel como cualquier otra mujer trans en un centro varonil, donde era agredida físicamente y abusada sexualmente, no solo por los internos, sino también por personal de seguridad y custodia”.
Kenya logró salir en menos de la mitad de esos años y se convirtió en activista por las trabajadoras sexuales que viven con VIH, además de fundar el primer refugio para mujeres trans en la Ciudad de México. Pero la historia de criminalización y falta de reconocimiento a su identidad es una constante entre la población trans, no solo en México, sino en toda América Latina.
El informe “Mujeres trans privadas de libertad: La invisibilidad tras los muros”, publicado esta semana por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), denuncia que esta población está sobrerrepresentada en las prisiones y suele ser por delitos vinculados a las drogas.
En México, solo hay datos disponibles de la Ciudad de México, que muestran que son mujeres trans más del 30% de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersexuales y otras diversidades sexuales (LGBTI+), es decir, 150 de las 450 que se reconocen así y están en prisión.
Además, regularmente se decide ingresarlas en penales varoniles o femeniles de acuerdo con sus genitales y no con su identidad sexual. Solo en la capital del país les consultan su preferencia, y pueden ingresar a un centro de mujeres solo si ya tienen una identificación oficial con su cambio de género.
En contra de recomendaciones internacionales, cuando una trans va a ser encarcelada, no la involucran en la decisión sobre a dónde debe ir ni respetan los criterios de identidad, seguridad, riesgos y preferencia. Al enviarlas a penales varoniles, suelen sufrir violencia sexual . Hay casos en los que son segregadas, lo cual debe evitarse, según las recomendaciones, a menos que haya problemas de seguridad, ya que se les deja en aislamiento, sin acceso a los mismos servicios de capacitación y recreación u otros, y puede provocar depresiones sin contención psicológica.
En México, cita el estudio de WOLA, ya se han registrado intentos de suicidio de mujeres trans en centros penitenciarios. En otros países, son recluidas junto con acusados de delitos contra la integridad sexual.
“La falta de reconocimiento de la identidad de género, así como la discriminación y el maltrato por motivo de la identidad de género u orientación sexual son prácticas frecuentes en las prisiones. La violencia física es sistemática y cotidiana en los establecimientos penitenciarios, mientras el uso excesivo de la fuerza y los abusos—lejos de presentarse como hechos aislados—presentan un carácter constante en los establecimientos de encierro”, señala el informe.
Una vida de exclusión
Que terminen en la cárcel es solo un paso más de una cadena de rechazo y exclusión. El estudio menciona que las trans suelen asumir su identidad entre los 8 y los 13 años de edad, por lo que muchas van a parar a la calle.
Eso, para empezar, interrumpe su vida estudiantil. El 45% en México reportó haber sufrido algún tipo de discriminación en las aulas, de acuerdo con el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI+ hecho en 2018 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En una encuesta hecha en Ciudad de México, solo el 3% de mujeres trans contestó que tenía estudios universitarios, y 22.7% de quienes estudiaban dijeron que se vieron obligadas a interrumpir definitivamente su educación, sobre todo en nivel superior y medio superior.
Para otros países de Latinoamérica no es mejor la situación: en Colombia las personas trans son el grupo poblacional con menor nivel educativo; en Argentina solo el 2% fue a la universidad, y en Guatemala, el 37% acabó únicamente la secundaria.
Cuando se trata de conseguir trabajo, la falta de estudios y condición de calle solo se suman a los prejuicios de los empleadores. Por ello, según las asociaciones civiles que trabajan con esta comunidad, es recurrente que se involucren en los mercados de drogas y de trabajo sexual.
El diagnóstico de la CEAV en México determinó que 25% de trans se dedica a la prostitución, pero la cifra es baja comparada con la reportada en el resto de la región: 35% en Guatemala, 42% en Honduras, 51% en Bolivia, 61% en Costa Rica, 58% en Argentina, 90% en Brasil y 95% en Paraguay.
En ese contexto, también es común que contraigan enfermedades como VIH, sífilis y hepatitis B que afectan su salud y aumentan dramáticamente sus posibilidades de morir.
La esperanza de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años, menos de la mitad de lo que tiene la población en general. Por ejemplo en México, el resto de las personas suele morir en promedio a los 77 años.
Pese a la incidencia de enfermedades, muchas no acuden a los servicios de salud porque sufren discriminación de parte del personal médico. En México fue polémico en octubre pasado que en Nuevo León el Congreso aprobó una ley, que después vetó el Ejecutivo, para permitir a médicos argumentar “objeción de conciencia” y no atender personas si por algo va contra sus principios éticos.
De acuerdo con el diagnóstico de personas LGBTI+ de la CEAV, 13% de mujeres trans mexicanas dejó de ir al médico por discriminación. En Argentina, ese porcentaje llega hasta el 48.7%.
Recomendaciones para descriminalizar y reinsertar
Al salir de la cárcel, las mujeres trans enfrentan un doble estigma, por su identificación como población LGBTI+ y por antecedentes, lo que hace aun más improbable que encuentren un trabajo formal y se reinserten en la sociedad.
WOLA enumera una serie de recomendaciones, empezando por promover reformas de políticas de drogas con perspectiva de género para descriminalizar la posesión personal y consumo, y buscar medidas alternativas a la privación de la libertad cuando no son delitos graves y el encarcelamiento implica riesgos para la persona.
Pide tomar en cuenta la opinión de la persona que va a ser encarcelada sobre el espacio en el que va a ser confinada, que le garantice seguridad, así como informarle sus derechos y garantizárselos, tanto a la no discriminación como a la salud y los servicios del Estado. Llama a los Estados a adoptar medidas para prevenir y sancionar la tortura, tratos crueles o degradantes, perpetrados por razones de orientación sexual e identidad de género.
Otro punto importante en el que la organización hace énfasis es la necesidad de contar con datos desagregados por sexo y pertenencia a las comunidades LGBTI+, ya que en la mayoría de los países no había manera de medir con certeza las problemáticas de estas personas porque ni siquiera se registran oficialmente, y la mayor parte de la información ha sido recopilada y generada por organizaciones sociales.
Finalmente, pide trabajar con estas organizaciones que son las únicas que en la región han generado opciones reales de vivienda y trabajo para personas trans que cumplieron una condena en prisión.
