26 May 2020 | Comunicado de prensa

Congresista McGovern y líderes colombianos de derechos humanos piden una revisión de la ayuda militar EE. UU. a Colombia

Washington, D.C.—Los líderes principales de derechos humanos en Colombia pidieron un proceso significativo de reformas internas dentro del ejército colombiano y una nueva evaluación de la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia, después de que se reveló el reciente escándalo de espionaje militar en el que al menos 130 personas fueron monitoreadas ilegalmente. Reiterando estas declaraciones de los líderes de derechos humanos, el representante Jim McGovern (D-Massachusetts), copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en el Congreso estadounidense, declaró que el gobierno de los Estados Unidos debería suspender la asistencia militar a Colombia y completar una evaluación exhaustiva del programa de ayuda.

Como fue revelado en investigaciones realizadas por Semana, la inteligencia militar colombiana compiló dossieres y realizó una vigilancia ilícita del trabajo, las relaciones y la vida social de los defensores de  derechos humanos, periodistas veteranos colombianos, periodistas internacionales incluyendo  corresponsales para el New York Times, NPR, y Wall Street Journal, políticos, líderes laborales y miembros del ejército.

“Hay que propugnar por una ley de inteligencia y contrainteligencia que verdaderamente pueda poner punto final a estos ataques contra la democracia, contra la paz, contra los derechos humanos, y contra los líderes sociales que han sido asesinados”, dijo el Senador Iván Cepeda, durante un evento del 19 de mayo organizado por varios grupos de defensa de derechos humanos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 

En una entrevista hecha el 20 de mayo en Latin America Today (“Latinoamérica Hoy”), el podcast de WOLA, el congresista Jim McGovern (del Partido Demócrata, representando al segundo distrito del Congreso de Massachusetts) enfatizó que la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia debería suspenderse mientras se espera una nueva revisión. En el año fiscal del 2020, la ayuda militar y policial de los EE.UU. a Colombia ascendió a $330 millones.

“Ante esta última revelación, le he pedido a los Estados Unidos que suspenda la ayuda militar a Colombia y que haga una evaluación de arriba a abajo, centavo por centavo, de la ayuda militar y de inteligencia”, dijo el representante Jim McGovern, agregando, “Uno de los problemas en Colombia a lo largo de los años es que, ante un mal comportamiento, no han habido consecuencias. Si no hay una consecuencia, no hay incentivos para que el gobierno o la fuerza pública cambie su manera de operar”.

Escucha el Podcast en inglés

Lea la transcripción del podcast en español

Los defensores de derechos humanos colombianos reiteraron los llamamientos de McGovern para una revisión de la asistencia militar estadounidense.

“¿Cómo [logramos] un rol positivo por parte de la administración de los Estados Unidos, y si no, del Congreso de los Estados Unidos, para lograr que la ayuda militar que se presta a Colombia realmente permita la consolidación de la democracia y no el fortalecimiento de una formal democracia untada y llena de profunda criminalidad?” dijo Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ganador del premio WOLA de derechos humanos en el 2015, durante el evento de WOLA el 19 de mayo. 

Los líderes de derechos humanos colombianos también pidieron por la desclasificación y eliminación de todos los archivos de inteligencia militar obtenidos ilegalmente sobre los defensores de derechos humanos. Es un paso muy necesario para mostrar que el estado está tomando en serio las preocupaciones de transparencia. Siguen habiendo preocupaciones importantes sobre cómo se está utilizando la información recopilada por la inteligencia militar.

“Esta información no debe permanecer en los archivos del ejército”, dijo Jomary Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). . “Por eso hemos insistido en la desclasificación de esos archivos, pero también en su eliminación”.

 “Debemos insistir sobre lo que hemos venido proponiendo desde hace muchos años, desde el movimiento de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y es que se tiene que desclasificar estos informes de inteligencia… Se trata de que esos informes de inteligencia, de que los resultados de esos esfuerzos de vigilancia salgan a la luz pública. Necesitamos que eso sea una muestra evidente de que se puede lograr un cambio en este ámbito.

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