(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
En una investigación publicada el 1 de mayo, la revista colombiana Semana denunció que entre febrero y diciembre de 2019, unidades de inteligencia del ejército colombiano llevaron a cabo operaciones de espionaje ilegal en contra de más de 130 personas, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales y otros miembros del ejército.
Entre quienes fueron monitoreados ilegalmente se encuentran periodistas estadounidenses veteranos, así como aliados de WOLA que incluyen el defensor de tierras César Jerez y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), una organización no gubernamental que ha representado a familias de víctimas asesinadas ilegalmente por miembros del ejército, y el líder indígena senador Feliciano Valencia.
Este reportaje añade más detalles a una previa investigación de Semana que reveló que una unidad de inteligencia militar estaba interceptando ilegalmente las comunicaciones de periodistas, políticos y otros, incluidos miembros de la Corte Suprema. Desde la publicación del informe de seguimiento el pasado viernes, 11 funcionarios militares han sido despedidos o retirados del servicio. La Fiscalía General dijo que está investigando al general Nicacio Martínez, quien estaba a la cabeza del ejército en ese entonces; la Oficina del Inspector General también abrió una investigación.
Colombia debería dedicar sus recursos de inteligencia a investigar las redes de crimen organizado y establecer una presencia estatal en territorios todavía esencialmente controlados por grupos armados. La inteligencia también debe utilizarse cuando sea apropiada para apoyar las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En cambio, lo que los informes de Semana revelan es que la inteligencia militar tiene como objetivo a los reformistas y a la prensa libre. La perversidad de esto no puede ser subestimada.
Colombia vivió anteriormente un gran escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales en el 2009, que involucró a el ahora disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En 2014, Semana también descubrió que una unidad de inteligencia del ejército habría estado hackeando las comunicaciones de los negociadores de paz del gobierno que participaban en conversaciones con las FARC.
Con el fin de enviar el mensaje de que este tipo de actividades antidemocráticas son inaceptables y no serán toleradas, es esencial que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Oficina del Procurador General lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes, que resulten en sanciones apropiadas y procedimientos disciplinarios contra quienes ordenaron el monitoreo ilegal. Una nueva purga de las unidades de inteligencia del estado es necesaria para garantizar que la historia no se repita. Además, para enviar un mensaje de que el Estado se está tomando en serio las preocupaciones de transparencia, las autoridades deben desclasificar y divulgar toda la información obtenida ilegalmente sobre los defensores y defensoras de derechos humanos.
Si bien se lograron importantes avances en seguridad por medio del acuerdo de paz del 2016, el ejército colombiano se enfrenta actualmente a importantes desafíos. Esto es debido en parte a la resistencia de la administración Duque a implementar plenamente el acuerdo, la falta de un proceso de negociación con el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una lucha en curso para enfrentar a los grupos armados sucesores del paramilitarismo. Se calcula que hasta 15.000 personas forman parte de más de 20 grupos armados de rápido crecimiento en todo el país. La crisis presupuestaria de Colombia ha dejado a las fuerzas armadas con sólo 15 de los 42 helicópteros Black Hawk en buenas condiciones de operación. El ejército no debería gastar escasos recursos en compilar expedientes de inteligencia sobre números de teléfono, vehículos e incluso sitios de votación utilizados por periodistas.
Es inquietante que la investigación de Semana mencione que batallones de inteligencia cibernética del ejercito colombiano han recibido alrededor de 400,000 dólares de “una agencia de inteligencia extranjera”. Una fuente militar dijo a la revista: “A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado de los fines legítimos para la que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país”.
Que la asistencia estadounidense puede estar incluso tangencialmente relacionada con esta actividad militar es extremadamente alarmante. Estas revelaciones, que concluyen un año de escándalos de derechos humanos y corrupción en el ejército, exigen una reevaluación exhaustiva de la asistencia militar estadounidense a Colombia, con plena participación del personal de supervisión del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso debería congelar la ayuda militar estadounidense a Colombia al primer indicio de que el ejército colombiano esté presionando para que dichos comportamientos sean juzgados en el sistema judicial militar, no este cooperando con investigadores civiles, esté utilizando tácticas dilatorias, o esté de alguna otra manera bloqueando esfuerzos para que aquellos responsables rindan cuentas.
Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los militares informantes no deben ser tratados como “enemigos internos”. Estos defensores están haciendo un trabajo importante y válido para promover la paz y defender las prácticas democráticas, en un momento crucial para la seguridad de Colombia. Los militares deben reconocer esta labor como legal y legítima, y como esencial para ayudar a las fuerzas armadas a hacer mejor su trabajo, en un momento en que dicha institución corre el riesgo de ser golpeada por la corrupción y el pobre liderazgo.